Fuera de la quiebra Ramallo
Por meses invierte en remozamiento de un edificio de Pridco, lo que nunca fue notificado al tribunal ni a acreedores
El Tribunal federal de Quiebras acogió la petición de Ramallo Bros. Printing, Inc. y ordenó ayer la desestimación del caso de bancarrota que había presentado esa empresa.
Con esta determinación, el juez Edward Godoy denegó a su vez la solicitud del Municipio de San Juan (MSJ), uno de los principales acreedores en el caso, de convertirlo al capítulo 7 del Código de Quiebras para liquidar los activos de Ramallo.
“El tribunal encuentra que desestimar el caso de quiebra atiende mejor los intereses de los acreedores y del conjunto de bienes de la quiebra”, reza la orden del juez Godoy.
Al desestimar el caso, en el que Ramallo reconoció tener deudas por $14 millones, todo revierte al estado en que se encontraba antes del 14 de marzo de 2014, cuando la empresa radicó su petición de quiebra.
En este año y medio, los acreedores han presentado reclamaciones que suman más de $60 millones.
Entre estos, se encuentran entidades públicas locales y federales, como los departamentos de Hacienda y del Trabajo de Puerto Rico, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, aparte del MSJ, al que Ramallo Bros. adeuda dos años de pagos de renta y electricidad.
Según datos del Municipio, la deuda acumulada por Ramallo asciende a $7.6 millones, de los que $4.1 millones corresponden al consumo de energía de la imprenta que se convirtió en inquilina del ayuntamiento en diciembre de 2010, cuando vendió a la capital por $55 millones el Ramallo International Center y quedó como arrendador. De inmediato, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, aseguró que hoy mismo solicitará a la empresa que abandone el predio ubicado en la carretera PR-1, en el barrio Quebrada Arenas.
“Nosotros vamos a proceder a notificarle, como requiere el contrato (de arrendamiento) con Ramallo, que tienen que desalojar el predio en 90 días”, indicó Cruz en entrevista con este diario.
“Esa carta sale mañana mismo, para nosotros, que hemos siempre cumplido con el contrato, notificarle que tienen 90 días para mudarse”, dijo.
El 5 de junio, durante una vista judicial del proceso de quiebra, el presidente de Ramallo, Alberto Ramallo Yllanes, aseguró que una mudanza de esa empresa toma tiempo y requiere una planificación especial.
“Yo no puedo apagar la imprenta mañana y traer a 300 personas para que desmantelen y luego vayan y la ensamblen en otra instalación”, indicó Ramallo Yllanes bajo juramento ante el juez Godoy.
“Necesito ocho semanas para desmantelar una prensa y alrededor de seis semanas para montarla de nuevo, y eso es por cada línea (de producción), y nosotros tenemos seis líneas en ese nivel”, agregó durante la vista el ejecutivo, quien indicó que esto se haría así para que la empresa pueda seguir operando mientras se muda.
Cruz no descartó acudir a los tribunales locales para cobrar los $7.6 millones que reclama el Municipio.
“Ellos no le pagaban al FirstBank, no le pagaron al Municipio de San Juan y ahora yo voy a ver quién, sabiendo que ha sido un mal negocio para la gente del Municipio de San Juan, sale a socorrerlos”, manifestó.
BUSCAN AUXILIO. Mientras Ramallo Bros. Printing, Inc. se encontraba protegida por el Capítulo de Quiebras, se realizaron gestiones con la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) para reservar un edificio de esa corporación pública en un parque industrial de Toa Baja a donde mudar la operación de la imprenta.
El Nuevo Día solicitó a Pridco la información sobre el inquilino de un edificio en el parque industrial de Sabana Seca, pero el oficial de prensa de la corporación, Ricardo Soto, dijo que ese inmueble no estaba alquilado sino reservado y que no podía divulgar la identidad de la persona o la empresa que estaba interesada en arrendarlo.
Una fuente de este diario aseguró que el año pasado se supo que Ramallo mudaría sus operaciones a ese edificio y personas que trabajan en la zona y que conocen del tema dijeron en una visita reciente que allí se ins-
talaría una imprenta. Desde finales del año pasado, se realizaron trabajos de construcción y remodelación del edificio, asegura la misma fuente.
De hecho, solo de verlo desde afuera queda evidenciado que en el edificio, que, según datos de Pridco, ha estado desocupado desde diciembre de 2000 y que fuentes aseguran que estuvo abandonado durante ese tiempo, se han realizado mejoras sustanciales.
Esto contrasta con la información provista por Pridco, que aseguró que la entidad que tiene reservado este y los otros dos edificios desocupados en esa misma calle -que siguen abandonados- solo cuenta con un permiso especial que autoriza la entrada y limpieza del predio para evaluarlo, como parte del proceso de negociación del arrendamiento, pero no para construir ni realizar mejoras al inmueble.
El modelo de permiso especial de entrada que utiliza Pridco, que deben firmar los solicitantes y del que este periódico obtuvo copia, establece que “no se permitirá la construcción de facilidades permanentes en la propiedad” y añade que la “empresa no afectará la infraestructura ni utilidades que dan servicio a las facilidades”.
“La administración de Ramallo utilizó la quiebra como un subterfugio para burlar su responsabilidad”
CARMEN YULÍN CRUZ
alcaldesa de San Juan