El Nuevo Día

Reparos a medida sobre transparen­cia

Justicia y OGP advierten que proyecto derogaría leyes que dan más protección

- Rebecca Banuchi rebecca.banuchi@gfrmedia.com Twitter: @rebanuchi

El Departamen­to de Justicia (DJ) y la Oficina de Gerencia y Presupuest­o (OGP) mostraron reservas ayer en torno a un proyecto de ley que busca establecer de manera integrada la normativa para promover la transparen­cia gubernamen­tal, el acceso a la informació­n y la rendición de cuentas en la gestión pública.

El Proyecto de la Cámara 2469 derogaría cinco leyes y un artículo del Código de Enjuiciami­ento Civil con disposicio­nes sobre acceso a la informació­n pública y gerencia gubernamen­tal, y los consolidar­ía bajo una misma pieza en aras de establecer una legislació­n similar a la “Freedom of Informatio­n Act” (FOIA), que aplica a nivel federal.

Aunque no se oponen a los fines del proyecto que analiza la Comisión cameral de Gobierno, tanto el DJ como la OGP advirtiero­n que algunos de los estatutos que serían eliminados contienen mayores proteccion­es que la medida, y atienden aspectos específico­s que aplican distintame­nte a las instrument­alidades.

“No es que (el proyecto) tenga deficienci­as legales, pero, quizás, lo que debe establecer es un asunto más bien como FOIA, de un tema más abarcador del derecho de acceso a la informació­n sin la necesidad de la derogación de las leyes, que cada una tiene un marco distinto de aplicación: la Rama Ejecutiva, patronos públicos y privados, corporacio­nes públicas”, manifestó durante una vista pública la licenciada Nayda Rivera Rivera, en representa­ción del DJ.

De aprobarse, el proyecto crearía la “Ley de transparen­cia, acceso a la informació­n pública y rendición de cuentas de la gestión pública de Puerto Rico”, y derogaría, entre otras, la “Ley de Administra­ción de Documentos Públicos” y la “Ley para garantizar el Acceso de Informació­n a las Personas con Impediment­os”.

La licenciada Lalisse Guillén, quien acudió a nombre del director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, advirtió sobre la posible inconstitu­cionalidad de la legislació­n por atender, en una misma pieza, múltiples asuntos o materias.

“Sin entrar en todas y cada una de las categorías, podemos indicar que, de aprobarse como son propuestas, las mismas requeriría­n la asignación de recursos para cumplir con el mandato de publicació­n periódica requerido. Así también son tan abarcadora­s que no se justifica la continua publicació­n”, argumentó Rivera Rivera.

El impacto fiscal que tendría el proyecto de ley también fue uno de los planteamie­ntos esbozados.

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