Hay que acelerar el diseño del plan fiscal

La proximidad del vencimiento del acuerdo de indulgencia vigente en la Autoridad de Energía Eléctrica, mediante el cual los bonistas le otorgaron tiempo adicional para evitar el impago de su deuda, no solo plantea interrogantes sobre la posible cercanía d

El acuerdo de indulgencia con la AEE vence el 1 de septiembre, apenas dos días después de la fecha que el gobernador Alejandro García Padilla fijó para que un grupo de alto nivel le entregue un plan de ajuste fiscal a cinco años que, aun presentado a tiempo, requerirá de la consideración y aprobación posterior de la Asamblea Legislativa.

La más reciente propuesta de los bonistas, una onerosa oferta que pospondría durante varios años el pago de $2,800 millones del servicio de la deuda y atrasaría el repago de las obligaciones entre tres y 19 años, fue rechazada de plano por la AEE, que persigue un recorte sustancial en el valor principal de la deuda, cercana a los $10,000 millones.

De las declaraciones del asesor del grupo ad hoc de bonistas, Steven Spencer, y de la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, se desprende que a tres semanas de que expire el acuerdo, que según los acreedores no es prorrogable, las partes están en polos opuestos.

Spencer ya comenzó a hablar de llevar el asunto a los tribunales si no hay acuerdo para el 1 de septiembre, mientras que Donahue sostiene que la oferta de los bonistas equivale a “patear la lata” hacia el futuro, sin resolver el problema de fondo.

Pero, de igual modo, ambas partes reconocen que litigar el diferendo en los tribunales será un proceso largo y costoso, sin resultados predecibles. El panorama es incierto porque la política pública que guiará las decisiones sobre la recuperación fiscal del País está aún en la mesa de trabajo.

Con las fechas de vencimiento de plazos tan próximas, el escenario ideal demanda coherencia entre las decisiones que se tomen respecto a la AEE y al resto de organismos gubernamentales. Los mensajes cruzados solo complicarían la situación.

Puerto Rico incurrió a principios de este mes en el primer impago cuando la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) incumplió un plazo de $58 millones que supuestamente estaba presupuestado como parte de una asignación global de $236 millones, pero que requería autorización legislativa expresa para desembolsarse. El impago hizo tambalear la liquidez de varias cooperativas puertorriqueñas que invierten en estas obligaciones y asestó un duro golpe a la credibilidad del País.

Próxima a iniciarse la segunda sesión ordinaria del año de la Legislatura, algunos representantes a la Cámara comienzan a hablar de viabilizar el pago, principalmente para defender a las cooperativas; pero ni el liderato senatorial ni el cameral parecen inclinados a contrariar al director de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, quien tiene la potestad para decidir las prioridades de desembolso de fondos. Y si en algo ha sido clara la cúpula del Ejecutivo con respecto a esta obligación que afecta a bonistas puertorriqueños es en mantener una consistente falta de claridad, en unos casos, o en reiterarse en un estado de negación, como la insistencia todavía ayer del primer ejecutivo en que el incumplimiento de la PFC el pasado 1ro de agosto no fue un impago.

El gobernador ha hecho un reclamo de unidad política como herramienta para solucionar los problemas fiscales del País, pero más allá del consenso partidista, es indispensable adoptar y poner en marcha, con el necesario aval legislativo, el esperado plan de ajuste fiscal y de recuperación económica, de manera que se aplique coherentemente en todas las entidades gubernamentales y que obligue a todos los funcionarios a su cumplimiento.

Ciertamente, el desafortunado episodio de PFC no puede repetirse, mucho menos convertirse en costumbre.