ECONOMÍA El caso Detroit
En las últimas semanas, la posibilidad de que el Congreso apruebe el HR 870, que permitiría a Puerto Rico acogerse la quiebra bajo el Código Federal parece alejarse.
La declaración del Gobernador de que la deuda es impagable creó más dudas en los círculos de poder político y financiero allá en el norte. Diversos grupos de interés, como los acreedores del gobierno, también han estado muy activos persuadiendo a congresistas de que la quiebra federal no es el curso a seguir. En Puerto Rico, el consenso partidista también se ha ido debilitando. Diversos líderes de la oposición política han dejado saber que no apoyan el HR 870, de autoría del Comisionado Residente en Washington Pedro Pierluisi. Si en efecto se aprobara la legislación federal, Puerto Rico haría historia al convertirse en la mayor quiebra de un emisor público en los Estados Unidos. Desde el 1937 al presente, en los Estados Unidos se han radicado 600 solicitudes de quiebra bajo el capítulo 9.
Estoy convencido de que la quiebra federal, sin otras reformas estructurales, no resolvería en nada la situación fiscal y económica de Puerto Rico. Evidentemente, es importante reorientar la mayor cantidad de recursos hacia la inversión en infraestructura, pero conociendo la dinámica partidista, los ahorros bajo una quiebra federal pudieran terminar utilizándose para otros propósitos no productivos. Así las cosas, sigue ausente de la estrategia un plan económico creíble con metas de mediano y largo plazo, y la voluntad de hacer las reformas que requiere el País.
EL CASO DE DETROIT. La crisis fiscal de la ciudad de Detroit tiene muchas similitudes con la situación de Puerto Rico. La cuna de la industria automotriz de Estados Unidos y símbolo del poderío industrial, comenzó su proceso de caída durante la década del 1960, tras los intensos disturbios raciales ocurridos en el 1967. Más adelante, el auge y ascenso de Japón y Alemania como nuevas potencias en la industria automotriz comenzaron a opacar a Detroit. La ciudad que, durante la década del 1950, llegó a tener 1.8 millones de habitantes, con el ingreso per cápita más alto de todos los Estados Unidos, entró gradualmente en una crisis económica y fiscal de grandes proporciones. En el 2013, al momento de declarar la emergencia fiscal, la población era de 700,000 personas. La génesis de la crisis de Detroit fue la caída de su industria automotriz y en Puerto Rico el colapso industrial provocado por el fin de la Sección 936.
El declive económico e industrial de Detroit, tras las tensiones raciales durante la década del 1960, causó una emigración de profesionales de la ciudad provocando la contracción de su base contributiva. Los ingresos por concepto sobre la propiedad inmueble se redujeron al punto de que solo el 53% de la población pagaba impuesto por sus residencias. La tasa de desempleo llegó a 18%, más del doble de la nación con más de 80,000 edificios vacíos, y una tercera parte de su población viviendo bajo el nivel de pobreza. La ciudad se convirtió en unas de las más peligrosas de todo Estados Unidos.
En julio del 2013, la situación de la ciudad llegó a niveles insostenibles y el gobernador del estado de Michigan, Rick Snyder, decidió declarar la insolvencia de la mayor ciudad del estado. El gobernador designó a Kevyn Orr como una especie de síndico de Detroit, con amplios poderes para gobernar la ciudad. Con una deuda de $18,500 millones, la ciudad comenzó a reorganizar sus finanzas bajo el Capítulo 9 del Código Federal, convirtiéndose en la mayor quiebra de la historia del mercado municipal de bonos.
En diciembre de 2013, el juez federal de la Corte de Quiebras Steven Rhodes autorizó formalmente la solicitud de quiebra de la ciudad. En noviembre 7 del 2014, el mismo juez aceptó el plan de reorganización presentado por el síndico, declarando el fin del estado de emergencia fiscal.
Al momento de declarar su emer- gencia fiscal, Detroit experimentaba un déficit de $330 millones, y cerca del 40% de sus ingresos se destinaban a pagar intereses de su deuda. El plan de reorganización de las finanzas de la ciudad creó un marco legal para negociar con cerca de 100,000 acreedores y permitió reducir la deuda en $7,000 millones, en un plan de largo plazo.
El plan implementado en Detroit incluyó reducción en el nivel de gasto público, recortes en los beneficios de las pensiones, el restablecimiento del pago de intereses a los acreedores y algunas inversiones para mejorar la infraestructura de la ciudad. Previo a la crisis, una tercera parte de los ingresos de la ciudad iban dirigidos al pago de las pensiones de los empleados públicos.
En la actualidad, Detroit gradualmente sale de su crisis con muchos retos por delante. La quiebra federal forzó la toma de decisiones duras que los políticos de la ciudad no quisieron tomar. Acá en Puerto Rico aún seguimos en la espera de un rescate o de un milagro que permita resolver lo que no hemos querido atender nosotros mismos.