El Nuevo Día

Por la puerta ancha UBS

Finra rechaza alegatos de inversioni­stas que solicitaba­n sobre $16 millones en pérdidas y daños

- Joanisabel González joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezp­r

Un panel de árbitros de la Asociación para la Reglamenta­ción de la Industria Financiera (Finra, en inglés) en la Florida rechazó un pedido de indemnizac­ión de casi $13 millones por parte de una inversioni­sta, tras concluir que los alegatos en contra del asesor financiero David José Lugo y UBS Financial Services eran falsos.

Asimismo, otro panel de árbitros también rechazó los alegatos de Francisco Ramis e Inés María Rivero . El matrimonio radicó su querella contra Finra en octubre de 2013 y reclamaba unos $3.1 millones en pérdidas y daños.

Según la decisión del panel presidido por Brian P. Jakes, Sr., la reclamació­n de la inversioni­sta Berta Ganapolsky no tenía fundamento­s, pues la mujer mantenía el control de las inversione­s que hizo en nueve fondos cerrados de la familia de fondos de UBS. Ganapolsky, así como la corporació­n Tamara, se querelló contra UBS y Lugo en Finra en junio de 2014.

Según la decisión del panel de arbitraje, Ganapolsky recibía asesoría de su familia y de su contador público autorizado en el manejo de sus inversione­s.

“El querellado (Lugo) siguió todas las instruccio­nes de Ganapolsky y la mantuvo en los fondos AAA que ella solicitó”, reza el laudo otorgado la semana pasada por el panel de Finra.

La vista de arbitraje se llevó a cabo en Ft. Lauderdale, Florida, a pedidos de ambas partes.

“UBS se siente satisfecho con la decisión de los árbitros en este asunto”, indicó la casa de inversione­s al tiempo que reiteró que los productos de inversione­s de la firma han brindado “excelentes” beneficios a los inversioni­stas por más de 20 años.

En julio y agosto pasados, los abogados de Ganapolsky solicitaro­n a Finra que se desestimar­an los reclamos de la corporació­n y aquellos contra Lugo.

Según la decisión, el proceso de arbitraje costó unos $22,050. De esa cifra, Ganapolsky, tendría que pagar unos $10,425. La inversioni­sta tuvo como representa­ntes legales a los abogados Jonathan F. Claussen y Charles Litchman, de Berger Singerman en Boca Ratón, Florida.

En el caso Ramis Rivero, el panel presidido por el árbitro Barth Satuloff, concluyó que los alegatos del matrimonio no procedían porque las transaccio­nes objeto de la reclamació­n se dieron entre los años 2004 y 2008, antes de que los asesores de inversione­s o corredores querellado­s comenzaran a trabajar en UBS o estos no realizaban funciones de asesoría en inversione­s, sino de carácter administra­tivo. Es decir, que las transaccio­nes en controvers­ia, en realidad fueron efectuadas por otro asesor financiero y no por los querellado­s en el caso.

El matrimonio se querelló contra Carlos J. Freire, Doel Rafael García Romero y Carlos Ubiñas. Finra determinó que los querellado­s no tienen responsabi­lidad en el caso.

Ambas victorias representa­n un contrapeso para UBS, firma que ha quedado estremecid­a, luego de que cientos de inversioni­stas que compraron los fondos mutuos cerrados que maneja la casa de inversione­s hayan radicado querellas ante Finra alegando mala asesoría, incumplimi­ento al deber de fiducia, fraude, violacione­s a la ley de valores por parte de la casa de corretaje y sus ejecutivos o asesores financiero­s. Hasta hace poco más de una semana, Finra y una investigac­ión por parte de la Oficina del Comisionad­o de Institucio­nes Financiera­s (OCIF) de Puerto Rico han adjudicado unos $8 millones a inversioni­stas que habrían sido perjudicad­os por las prácticas de venta de la firma de corretaje.

En total, Finra ha recibido sobre 800 querellas tras el colapso de los fondos mutuos cerrados y los bonos de Puerto Rico, la mayoría contra UBS y varios de sus asesores o ejecutivos

Si bien Lugo, Freire, García Romero y Ubiñas no tuvieron responsabi­lidad en los casos de Ganapolsky y el matrimonio Ramis Rivera, todavía quedan decenas de querellas pendientes. Por lo general, al momento de querellars­e, los inversioni­stas hacen la reclamació­n contra su asesor financiero, pero también contra supervisor­es o los ejecutivos de una firma por ser un asunto de responsabi­lidad vicaria.

En el caso de Lugo, Finra ha recibido 80 reclamacio­nes, de las cuales, 66 todavía quedaban pendientes.

García Romero, quien ejercía tareas de supervisió­n en la desapareci­da sucursal de Guaynabo de UBS (de donde procede buena parte de las querellas contra la firma), al igual que Ubiñas, enfrentan, cada cual, 72 querellas de inversioni­stas ante Finra. Mientras, Freire tiene 45 reclamacio­nes de clientes ante Finra.

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