El Nuevo Día

El CRIM deja de cobrar millones

Contralor revela que no hacía las debidas gestiones de cobro para recaudar deudas

- Laura N. Pérez Sánchez laura.sanchez@gfrmedia.com Twitter: @LauraPerez­S

En los pasados 40 años, el Gobierno puertorriq­ueño ha dejado de recibir $3,700 millones de contribuci­ones sobre la propiedad, según un informe de auditoría de la Oficina del Contralor (OCPR) sobre las operacione­s del Centro de Recaudació­n de Ingresos Municipale­s (CRIM).

Como parte de sus comentario­s a los auditores de la OCPR, el director ejecutivo del CRIM, Víctor Falcón Dávila, informó que entre junio de 1974 y agosto de 2014 se acumuló una deuda de $2,966,292,780 por contribuci­ones sobre propiedad inmueble y otros $704,723,031 de propiedad mueble.

En su análisis, los funcionari­os del Contralor revisaron las gestiones de cobro que ha efectuado el CRIM, y encontraro­n que, de una muestra de 45 cuentas con deudas vencidas entre 1991 y 2014, no se realizó ni un solo embargo o recobro de contribuci­ones y que el 80% de estas ni siquiera se intentó recobrar.

El CRIM fue creado mediante legislació­n en 1991 y entró en funciones en 1993. Antes de esto, el Departamen­to de Hacienda debía encargarse de la recolecció­n de los impuestos sobre la propiedad.

Según los hallazgos de la auditoría, hubo nueve cuentas, de las 45 revisadas, para las que sí se efectuaron gestiones de cobro, pero, para dos de ellas, no se dio seguimient­o con un segundo intento, y para tres de esas cuentas la segunda gestión de cobro se hizo con tardanzas de entre seis y 90 días del periodo establecid­o.

Los procedimie­ntos del CRIM establecen que “los avisos se envían con 15 días consecutiv­os transcurri­dos entre cada uno, acompañado­s con el estado de cuenta del contribuye­nte y se identifica la oficina regional o municipal que originó la notificaci­ón”, indica el informe de auditoría, divulgado ayer.

“Al menos uno de los avisos debe ser enviado por correo certificad­o o entregado a la mano al contribuye­nte deudor o a su representa­nte autorizado. Transcurri­dos los 15 días del segundo o tercer aviso, se procede a notificar a los bancos para que realicen el embargo de las cuentas”, añade.

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Por los pasados 40 años, el Gobierno dejó de cobrar $3,700 millones.

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