Urge la reestructuración ordenada de la deuda
Con la inclusión del tema de Puerto Rico en su proyecto de presupuesto para 2017, el presidente Barack Obama da un espaldarazo indispensable al proceso de reestructuración de las obligaciones, lo que debe estar acompañado por estímulos gubernamentales que
El cuadro preciso para poder sortear la crisis de las finanzas públicas locales lo componen precisamente el cumplimiento organizado con el pago de la deuda y el fomento de la inversión de capital, junto con una junta de control fiscal con presencia federal y la transformación hacia la eficiencia del aparato gubernamental local.
Llega en momento oportuno la propuesta formal del presidente Obama que respalda la creación de una junta de control fiscal fuerte que intervenga sin reparos en aspectos concretos del gasto gubernamental y en el reenfoque de las políticas fiscales. Este organismo debe, al mismo tiempo, viabilizar la reestructuración ordenada de la deuda, marcando una pauta general que le permita a la Isla honrar a tiempo sus obligaciones constitucionales, sin perjudicar los servicios básicos a la población.
Un punto decisivo en esto sería el aumento en la asignación del Medicaid, a fin de lograr la paridad de fondos que mantendría a flote el cuidado de salud para un sector desventajado de la población.
La inquietud mayor frente al estado de insuficiencia crasa en que se hallan las arcas públicas es la incertidumbre con respecto al futuro de los servicios de salud, en la certeza de que los fondos asignados bajo la reforma del Obamacare se agotarán antes de lo esperado. El documento presupuestario del presidente Obama incluye un alivio de $29,600 millones adicionales para Puerto Rico y los territorios, a desembolsarse entre 2017 y 2026. De esa suma, la Isla recibiría alrededor de $27,000 millones, un respiro formidable que garantizaría cuidados de salud a cientos de miles de puertorriqueños.
Esta propuesta del Primer Ejecutivo estadounidense coincide con la advertencia que acaba de lanzar aquí el Centro para la Nueva Economía (CNE) y que destaca que para enderezar las finanzas hay que cumplir con unas reglas fiscales contundentes y una transformación del proceso presupuestario, entre otros aspectos.
Los miembros del CNE –que lamentan que Puerto Rico no le haya tomado la delantera a una junta foránea, aplicando desde hace tiempo sus propias medidas de control fiscal– han advertido que el ente encargado de procurar la recuperación y estabilidad financiera de la Isla debe disponer también de sólidos mecanismos para reestructurar la deuda, y para modificar por completo los criterios presupuestarios errados que han arrastrado al país a la insolvencia.
Todavía existe incertidumbre sobre la naturaleza final del estatuto que el Congreso legislará, pero coincidimos en que una junta de control federal debe proveer puntos de apoyo económico inmediatos para evitar el disloque de servicios y el sufrimiento de la población. Asimismo, tendrá que disponer de amplios poderes para mediar a nombre del gobierno federal, y del de Puerto Rico, con los acreedores, levantando de este modo los cimientos de un plan que, aunque complejo y sacrificado al principio, logre finalmente articular un proyecto de país confiable.
Ese proyecto no existe porque la política partidista ha dinamitado las posibilidades de balancear presupuestos y de hacer cumplir las leyes de integridad fiscal por las que el país debería regirse, pero que llevan décadas sepultadas por la burocracia y el oportunismo de sucesivos gobiernos.
Aunque los planteamientos presupuestarios del presidente Obama se enfrentan a una dura oposición republicana en el Congreso, el análisis y las recomendaciones formuladas para Puerto Rico tienen un peso insoslayable en el debate y el escenario en el que se están dando las propuestas. Al plan presidencial deben añadirse los estímulos a la inversión y la determinación de nuestro pueblo de echar adelante el país, también aspectos vitales para el progreso de Puerto Rico.