La definición suprema de la educación pública
Luego de 13 años de la ley federal No child left behind (NCLB), el Congreso y el presidente de Estados Unidos tuvieron que reconocer el fracaso de la misma, aprobando una nueva ley de educación. Durante todos estos años de NCLB, las organizaciones magisteriales hemos combatido el desplazamiento de nuestro proyecto educativo para centrarse en las pruebas estandarizadas y el desvío de fondos federales (más de $1,000 millones) a compañías privadas que nunca lograron las expectativas educativas.
Las organizaciones magisteriales siempre advertimos que plantear, desde esa ley federal, que el 100% de los estudiantes aprobaría las Pruebas Puertorriqueñas para 2014, era irreal y engañoso. Pero a todos los secretarios de Educación les convenía mantener las falsas expectativas para justificar el acceso a más fondos federales, conservando la visión mercantilista de la educación.
En diciembre de 2015 el Congreso, de forma abrumadora, y el presidente de Estados Unidos le dan paso a la nueva ley Every Students Suceeds Act (ESSA). Como han expresado educadores estadounidenses, esto representa la muerte de la Ley NCLB.
Sin embargo, en Puerto Rico se ha generado un proceso de negación de parte del secretario de Educación, del presidente del Senado y otros sectores. Es decir, se resisten a no estar sometidos a una ley federal. Desde Washington les dicen que a cada estado o territorio le corresponde tomar sus decisiones, y se resisten volver a la Ley 149 de 1999 para implantarla. Incluso se resisten a dar paso a un proyecto de amplia participación ciudadana para elaborar un Plan Decenal de Educación.
La nueva ley federal conserva elementos de la anterior que pueden limitar que definamos nuestro proyecto educativo. No obstante, nuestra prioridad tiene que ser establecer un proyecto educativo que responda a nuestra realidad social, cultural y económica. La ley federal no puede definir qué enseñar, cómo enseñar o cómo medir. Tenemos que retomar los principios y medidas vigentes de la Ley 149 de 1999 dirigidas a que cada comunidad escolar participe democráticamente en las decisiones administrativas, fiscales y docentes.
Llegó el momento de la definición suprema para las escuelas públicas. Establezcamos nuestros propios estándares educativos e indicadores de aprovechamiento académico. Implantemos la autonomía fiscal, administrativa y docente de cada escuela, sin entregarlas a entidades privadas o alcaldes. Fortalezcamos, desde la autonomía escolar, las alianzas con otros sectores que buscan apoyar y colaborar con la escuela pública, sin necesidad de administrarla o comprarla.
Esta es la gran oportunidad para liberarnos de los parámetros federales y dar paso a nuestro proyecto educativo puertorriqueño: Nuestros Estudiantes Transformando a Puerto Rico (NETAPR).