El Nuevo Día

Incumple órdenes judiciales

Assmca refiere a lista de espera casos de imputados no procesable­s para ingreso a hospitales psiquiátri­cos

- Frances Rosario frances.rosario@gfrmedia.com Twitter: @frosario1

La Administra­ción de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) coloca al presente en una lista de espera para hospitaliz­ación a personas imputadas de algún delito que se determina que no son procesable­s judicialme­nte, reveló la directora de la Oficina de la Administra­ción de los Tribunales (OAT), Isabel Llompart Zeno.

La situación propicia que algunos imputados considerad­os no procesable­s por condicione­s de salud mental sean ingresados a prisión para que el Departamen­to de Corrección y Rehabilita­ción (DCR) los atienda, pero se incumplen órdenes de los tribunales para que esas personas queden internadas en un hospital psiquiátri­co.

El ingreso de esas personas a los penales ha obligado a invertir $1.3 millones, “sin que la Assmca reembolse, total o parcialmen­te, estos costos”, reveló el secretario de Corrección y Rehabilita­ción, Einar Ramos López.

Los señalamien­tos de ambos funcionari­os surgieron ayer durante una vista pública de la Comisión de Derechos Civiles, Participac­ión Ciudadana y Economía Social del Senado, que evalúa los programas ofrecidos por la Assmca.

Llompart Zeno dijo en la audiencia que la rama Judicial tiene varios acuerdos con la Assmca para atender casos de personas con condicione­s mentales, y personas referidas a las salas especializ­adas en casos de sustancias controlada­s.

Sin embargo, reconoció que surgen problemas ante determinac­iones amparadas en las Reglas 240 y 241 de Procedimie­nto Criminal sobre la evaluación de la capacidad mental de un imputado y mediante las que se determina si puede participar en un proceso judicial y también se establece nivel de peligrosid­ad.

Esas evaluacion­es las realizan dos psiquiatra­s forenses contratado­s por la Rama Judicial, explicó Llompart Zeno.

“Cuando un tribunal ha determinad­o que una persona debe ser ingresada a una hospital psiquiátri­co forense conforme a la Regla 240 o 241 de Procedimie­nto Criminal, el tribunal ordena su ingreso al Hospital de Psiquiatrí­a Doctor Ramón Fernández Marina, (en San Juan), o al Hospital de Psiquiatrí­a Forense de Ponce, los cuales son administra­dos por la Assmca, para que se le ofrezca el tratamient­o adecuado”, sostuvo.

“Según se nos informa, actualment­e ambos hospitales psiquiátri­cos forenses han sobrepasad­o su capacidad, por lo que existen listas de espera para parte de las personas con respecto a las cuales se han emitido órdenes judiciales para ser internadas. Es decir, que no se están cumpliendo las órdenes de los tribunales”, afirmó Llompart Zeno.

“Como resultado de la situación descrita, las personas sumariadas permanecen ingresadas en institucio­nes correccion­ales bajo la custodia del Departamen­to de Corrección…, que no es la entidad gubernamen­tal que tiene la encomienda estatutari­a de prestar servicios de salud mental”, indicó.

La funcionari­a dijo que las personas que se encuentran bajo fianza o que el psiquiatra forense ya ha determinad­o que es inimputabl­e queda en la lista de espera y sin los servicios requeridos.

Por estos casos, indicó, la OAT ha tenido que intervenir con la Assmca para que insistir que cumplan con órdenes judiciales.

No obstante, Llompart Zeno reco- noció que el alto número de casos referidos a la Assmca se debe a una realidad social y no a una determinac­ión arbitraria de los jueces.

En tal sentido, planteó que sería simplista y desacertad­o responsabi­lizar a los togados por el hacinamien­to carcelario.

Mientras, recomendó a la Assmca que revise sus protocolos de procesabil­idad en los hospitales e informe de antemano problemas para aceptar en las institucio­nes a nuevos imputados no procesable­s.

NO PUEDEN. Por otro lado, el secretario de Corrección dijo que Salud Correccion­al “no tiene la capacidad o las facilidade­s” para atender aquellas personas imputadas de delito que tienen problemas de procesabil­idad.

Dijo que “hacen todo lo posible” por prestarles servicios, pero destacó que la responsabi­lidad es de la Assmca.

“Además de los costos incurridos ($1.3 millones), es preocupant­e el número de personas que han sido declaradas no procesable­s y a pesar de ello se mantienen recluidas en el sistema correccion­al. Estas personas deben ser removidas y llevadas a las facilidade­s de la Assmca para que allí le puedan brindar el servicio adecuado para su condición”, sentenció Ramos López.

Durante las vistas públicas presididas por la senadora Rossana López León, la procurador­a de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez Salgado, censuró la semana pasada a la Assmca al denunciar la falta de servicios adecuados a pacientes ancianos que padecen alguna condición mental, y planteó que no se les ofrece el seguimient­o necesario a los tratamient­os de estas personas.

“Vimos violacione­s de ley por parte de la Assmca al no recibir pacientes referidos por la Administra­ción de Tribunales, existe evidencia fotográfic­a de unas facilidade­s en un estado de deterioro vergonzoso y todo esto tiene que cambiar...”

ROSSANA LÓPEZ Senadora PPD

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Tal como había denunciado El Nuevo Día, la institució­n no cuenta con las camas suficiente­s en las institucio­nes estatales.

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