La Universidad tiene que rendir cuentas al pueblo
El ambiente de suspicacia que atraviesa la Universidad de Puerto Rico, una de las más preciadas instituciones públicas de nuestro pueblo, debido a la cuestionada concesión de becas presidenciales, obliga a sus dirigentes a descargar su responsabilidad con
El otorgamiento de tres generosas becas a estudiantes con cercanos vínculos a los círculos de poder político y de la jefatura de la Universidad, mediante procesos altamente cuestionados inclusive por la propia dirección universitaria y varios decanos, demanda una acción revestida con la seriedad y celeridad que el asunto demanda.
La gravedad de las denuncias pone en entredicho lo que debería ser una sana gestión universitaria que reparta sus recursos, mediante procesos intachables, a los estudiantes que realmente los necesitan y ameritan, y en atención a las prioridades que mejor fortalezcan la misión del centro de enseñanza de proveer al País recursos humanos de calidad superior.
Las autoridades universitarias anunciaron ayer los nombres de los oficiales que investigarán, por encomienda de la Junta de Gobierno de la UPR, el programa de becas presidenciales. Así se interrumpe el paso lento en la atención a las denuncias.
El presidente de la Junta, Jorge Sánchez, había anunciado hace más de una semana que se nombraría a auditores independientes para realizar una pesquisa profunda sobre los procesos que culminaron con la concesión de las ayudas. Mientras, han surgido nuevos señalamientos, desde diferentes recintos, de otros posibles procesos irregulares.
Las denuncias siembran dudas sobre la integridad de la institución que, llamada a dar cátedra sobre manejos financieros saludables, busca soluciones a su crisis fiscal.
Entre los agravantes de la situación se encuentra la revelación, por parte de la Rectoría del Recinto de Río Piedras, de que las becas se han estado otorgando sin que exista un protocolo que defina claramente los términos de la convocatoria y la protección de los intereses institucionales.
Este vacío debió haber obligado a la Rectoría a levantar a tiempo una bandera de alerta para subsanarlo y evitar el cuestionamiento de que el campus dio paso a las tres becas a estudiantes con cercanos vínculos con el gobernador Alejandro García Padilla; el expresidente de la UPR, Antonio García Padilla, hermano del gobernador; y el presidente de la Junta de Gobierno de la institución.
Este debate becario, que levanta cuestionamientos sobre los procesos administrativos de la importantísima institución del País, tiene que dar paso a la profunda revisión de las metas del programa de becas presidenciales y al establecimiento de claras reglas de otorgamiento con estricto cumplimiento, en los que reine la competencia justa.
La UPR, que por más de un siglo ha sido formadora de profesionales e investigadores de todas las disciplinas, tiene que continuar siendo el faro en el camino hacia el desarrollo académico y social de Puerto Rico. Por eso le corresponde responder con transparencia a sus miles de estudiantes y padres, y a sus empleados docentes y no docentes.
Una vez impartida la acción correctiva, esta experiencia debe utilizarse como asidero para la formulación de procesos inexpugnables en la operación de todos los programas de la universidad del Estado. Incidentes serios como estos muestran por qué es tan necesaria una reestructuración abarcadora del principal centro de enseñanza puertorriqueño.
Es hora de trabajar por el prestigio, la credibilidad y la salud fiscal de la universidad responsable de encaminar al País hacia su prosperidad, con absoluto desapego a intromisiones externas. Así se defiende la autonomía universitaria.