El primer escalón
Va a pasar algún tiempo, quizás unos años, para que aquí podamos entender en todas sus dimensiones lo que está a punto de ocurrir en Puerto Rico con la probable aprobación de parte del Congreso de Estados Unidos de un llamado “plan de rescate” que altera dramáticamente la manera en que se ha gobernado aquí por seis décadas, cómo se piensa en nuestra relación con Washington y qué idea tenemos los puertorriqueños de nosotros mismos como entes capaces de decidir y de responder.
Los hechos en sí son lo suficientemente dramáticos: el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre los territorios, considera a los políticos locales incapaces de resolver la crisis fiscal que ha puesto en jaque la viabilidad misma de un estado puertorriqueño y ha propuesto la creación de una junta de supervisión de la que esperan pueda identificar e implantar las soluciones que nosotros no hemos podido, o querido, encontrar.
Lo que está detrás de los hechos es más dramático todavía.
Es el curso natural de los pueblos, como el de las personas, crecer, madurar y alcanzar su autodeterminación. En el caso de Puerto Rico, había fundamentalmente dos vías de autodeterminación: la estadidad federada o la independencia en cualquiera de sus formas. Se propone aquí interrumpir ese proceso. Lo que se avanzó en materia de gobierno propio con la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, poco era, pero algo era, desaparecería.
Estaríamos de regreso al primer escalón. El país, para todos los efectos, como verán al leer la propuesta, sería gobernado por la junta.
Veamos algunas de las disposiciones de la propuesta congresional y entendamos cuán profunda es la sacudida que se le quiere dar al Puerto Rico que conocemos.
El gobernador que elijamos dentro de poco menos de ocho meses tendría un asiento en la junta, pero sin voto. La Legislatura perdería su facultad de ser el árbitro final en la confección de presupuestos. El gobernador electo por los puertorriqueños tendría que someter el presupuesto a la junta, cuyos miembros son designados por un presidente por el cual no votamos, y solo si la junta lo aprueba pasaría a la consideración de la Legislatura, que, por supuesto, no podría volver a modificarlo. De lo contrario, la junta misma diseña el presupuesto.
Al gobernador y a la Legislatura se les prohíbe aprobar o promover cualquier ley, política o reglamento que aplique a la junta, que, en cambio, puede ordenar ajustes en las políticas de personal y administrativas a todos los niveles en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, cambiar sus estructuras y promover y administrar iniciativas dirigidas a fomentar la eficiencia, la productividad y el ahorro.
Los jefes de agencia, incluyendo los miembros del Gabinete constitucio- nal, dejarán de rendir cuentas al gobernador; las rendirán a la junta, que puede multarlos si no cumplen con las directrices.
Ya las leyes no serán aprobadas como se aprueban ahora, sino de esta manera: después de aprobada y firmada por el gobernador, pasa a examen de la junta, que si dice que, por razones presupuestarias, la ley no va, pues la ley no va. La Constitución de Puerto Rico, que se supone sea la máxima ley aquí, es clara en que las leyes son leyes cuando las aprueba la Legislatura y las firma el gobernador. Pero la Constitución dejaría de valer lo que pueda valer cuando la junta esté en funciones.
La junta, además, aprobará todas las contrataciones en el Gobierno de Puerto Rico. Los préstamos, por supuesto, quedan prohibidos a menos que la junta los apruebe y, si los aprobara, el monto de ese préstamo pasa a una cuenta en control de la junta, que liberará los fondos de acuerdo con su criterio. También viene entre las prerrogativas de la junta un golpe, duro e inmerecido, a la juventud: la disposición de que a los menores de 25 años no hay que pagarles el salario mínimo federal de $7.25 la hora.
En el candente tema de la deuda, la junta permitiría negociaciones voluntarias con los acreedores, que es, de hecho, lo mismo que hay ahora y que, salvo en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no ha dado resultado.
Pero si después de que se hagan auditorías prácticamente de cuanta cuenta hay en el Gobierno de Puerto Rico la junta entiende que, en efecto, hace falta reestructurar deuda, puede forzar a los acreedores a negociar.
Lo que circuló el viernes es un borrador. Puede, y seguramente será modificado. Pero no deja de ser espeluznante al nivel de la intervención que algunos miembros del Congreso sienten que necesita Puerto Rico. No hay que ser ingenuo. Mucho de lo que se propone implantar son medidas de sentido común que hace tiempo debimos implantar nosotros: presupuestos balanceados, planes fiscales a largo plazo, eficiencia en las operaciones del Gobierno, etc. Pero no lo hicimos.
No fuimos capaces de prever, mucho menos evitar, el colapso de las finanzas públicas. Aunque decir “no fuimos” no es, en realidad, del todo preciso. Los que de verdad fueron, los que llevaron al país a esta coyuntura tan desgraciada, son los dos partidos que nos han gobernado siempre y los que votaron por ellos.
Causa una tremenda tristeza el que hayamos llegado a esto. En el futuro, los libros de historia señalarán esta época como la inmensa tragedia que sin dudas es: el desplome de las finanzas públicas hizo desplomarse consigo al estado de derecho democrático y al orden constitucional.
El Congreso de Estados Unidos nunca renunció a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. En el ejercicio de dichos poderes plenarios, autorizó en 1952 la aprobación de una Constitución y gobierno locales. En el ejercicio, otra vez, de dichos poderes plenarios, propone ahora invalidar dicha constitución y reducir tremendamente el radio de acción del gobierno local.
El que da y quita, nos decían cuando niños, con el diablo se desquita, pero eso está por verse. Lo que ya se ve es esto: un enorme cambio de paradigma en el siempre complicado devenir de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, cuyas consecuencias más profundas todavía no podemos ni imaginar.
“Lo que se avanzó en materia de gobierno propio con la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952, poco era, pero algo era, desaparece”