Crece rechazo a Junta de Control
Los candidatos a la gobernación Manuel Cidre y Rafael Bernabe dicen que no funciona el plan republicano
Dos candidatos a la gobernación se sumaron ayer al rechazo, prácticamente unánime, a la propuesta de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para establecer aquí una Junta de Control Fiscal Federal, cuyos poderes estarían, incluso, por encima de la Constitución.
El candidato independiente, Manuel Cidre, opinó que “la imposición de la Junta es una vergüenza para Puerto Rico”, mientras que el candidato del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, sostuvo que la propuesta del liderato republicano “no atiende adecuadamente el problema de la deuda pública”, que ronda los $70,000 millones.
Cidre y Bernabe coincidieron en que la Junta, que es parte de una legislación que está en etapa de borrador, es producto de “falta de administración efectiva” e “inacción” del actual gobierno y sus predecesores.
Según el borrador, la Junta estaría integrada por cinco miembros nombrados por el presidente estadounidense. El gobernador y el secretario del Tesoro serían miembros de la Junta con voz, pero sin voto; y los miembros tendrían poder para tomar las decisiones últimas sobre el presupuesto y los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico.
La Junta tendría, entre otras cosas, poder para reestructurar la deuda pública, y requerirle a cada emisor de deuda tener estados financieros auditados, un plan fiscal y un presupuesto equilibrado.
PROPUESTA ALTERNA. En opinión de Cidre, para que la imposición de la Junta se justifique, el Congreso debe conceder apoyo económico “sustancial” para la Isla.
En cuanto a deberes y responsabilidades, propuso que la Junta tenga una función de control sobre el uso de cualquier fondo de origen federal y sea dedicado al pago de la deuda. Además, deberá ejercer su poder para asegurar que los presupuestos aprobados por el Gobierno sean balanceados, “como lo requiere nuestra Constitución”, y no afecten los servicios.
“La Junta no podrá determinar asignaciones específicas, y de surgir cualquier conflicto entre el Gobierno y la Junta en cuanto a estas, será la posición del Gobierno la que prevalecerá siempre que el presupuesto sea uno balanceado”, dijo Cidre, quien propuso una Junta de cinco miembros.
Pero, a diferencia de la propuesta republicana, Cidre recomendó que dos de los miembros sean nombrados por el Congreso, uno por el presidente estadounidense y dos por el Gobierno de Puerto Rico, que serían seleccionados de una lista sometida por grupos del sector privado.
“La Junta tendría una vida de tres a cinco años a partir del momento en que comience a operar, y una condición para su disolución será el logro y mantenimiento de presupuestos balanceados por el suficiente tiempo, que nos permita lograr nuevamente acceso al mercado municipal para poder flotar nuestra deuda a tasas de mercado”, indicó, al exponer que el costo de mantener la Junta que propone sería sufragado por el Congreso.
Como parte de su plan, Cidre presentó la creación del “Consejo Permanente para el Desarrollo Económico”, cuya función, según explicó, sería la preparación de un programa de desarrollo económico para el País y velar que las decisiones de la Junta no afecten negativamente la economía y bienestar ciudadano.
“Para que este proceso se dé de manera ordenada y tenga las menos implicaciones negativas, es necesario que todos los sectores se inserten objetivamente en el desarrollo del plan que permita que Puerto Rico pueda salir de la crisis”, puntualizó.
MOVILIZACIÓN. Bernabe, por su parte, destacó que la Junta está siendo propuesta por la misma mayoría republicana que “por años” ha estado impulsando medidas contra el pueblo trabajador, las comunidades pobres, los afroamericanos, inmigrantes, las mujeres, la comunidad gay y el medio ambiente en Estados Unidos.
“Se han opuesto a la creación de un seguro de salud universal y ahora también van a atacar nuestros derechos limitados, pero reales”, dijo, tras denunciar que la propuesta republicana no atiende el problema de la falta de desarrollo económico en la Isla e “impondría más sacrificios”.
Según el borrador, añadió Bernabe, antes de renegociar la deuda habría que revisar las pensiones de retiro, reducir aún más el gasto público, encarecer los servicios y eximir del pago del salario mínimo a los jóvenes (por los primeros 25 días de empleo; $4.25 por hora en vez de $7.25).
“Todas esas son medidas que em- pobrecerían más al País y perpetuarían la crisis. Desde enero de 2014, el PPT ha planteado que la deuda es insostenible, que hay que auditarla, estar dispuestos a suspender los pagos y que hay que movilizar al País para exigirle al Congreso las medidas que necesitamos. Pero la actual administración no ha estado dispuesta a hacer ninguna de esas cosas, y el resultado es que los bonistas no han querido negociar y el Congreso no ha actuado todavía”, manifestó.
Para enfrentar la crisis, apuntó Bernabe, “tenemos que recordar que lo hicimos para sacar a la Marina (de Guerra de Estados Unidos) de Vieques. No la sacamos con resignación y obediencia, sino con movilización y desobediencia. Eso es lo que nos hace falta en estos momentos”.
A tales efectos, dijo que acepta la invitación del gobernador Alejandro García Padilla, quien anteayer prometió convocar a los líderes de todos los partidos para hacer un “frente común” contra la Junta.
Al cierre de esta edición, fue imposible obtener una reacción de la candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro.
“La medida no atiende adecuadamente el problema de la deuda pública, no atiende el problema de la falta de desarrollo económico e impondría más sacrificios a la clase trabajadora y a todos los puertorriqueños”
RAFAEL BERNABE Candidato a la gobernación por el PPT “Si no comenzamos a presentar opciones de transformación real, la Junta de Control Fiscal federal solo vendrá a atender el asunto de la deuda, sin resolver los verdaderos problemas del País”
MANUEL CIDRE Candidato independiente a la gobernación