ALHAJA CODICIADA
La Legislatura aprobó la controversial medida que deja en manos privadas porciones de esta joya del litoral de Lajas a pesar de la oposición de gran parte de las agencias de gobierno
Que la Asamblea Legislativa le entregó mediante legislación a personas privadas porciones del litoral costero de La Parguera, en Lajas, es un hecho objetivo.
Si fue una buena medida o una arbitrariedad, así como la discusión de las consecuencias que puede tener esta legislación, entran ya en el campo de las subjetividades.
También es un hecho objetivo que para la Legislatura fue preeminente legalizar la ocupación del área, que es parte de una reserva natural, sobre la aprobación de una ley de costas.
Esto porque el proyecto 1621, que le concede el uso de la superficie a las llamadas casas flotantes, fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes a pesar de la oposición de agencias del Ejecutivo.
Mientras tanto, se encuentra paralizado el proyecto 674, de la senadora María de Lourdes Santiago, que propone la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico.
En entrevista con El Nuevo Día, el senador Antonio Fas Alzamora, dijo que presentó el proyecto 1621 con “la mejor buena fe” para intentar resolver un problema que se arrastra durante décadas.
Se trata de la ocupación ilegal de espacios en la zona marítimo terrestre por parte de personas que enclavaron residencias entre la superficie terrestre y el mar en Lajas.
Además, según explicó el senador, la solución que presenta su pieza legislativa tendría un beneficio económico porque el pago de impuestos a los que el proyecto les obliga a los dueños de estas casas se usará para preservar la reserva natural de La Parguera y para que el municipio de Lajas establezca programas de mejoras y desarrollo de este barrio.
“Dichas residencias y estructuras deberán estar sujetas a cánones por el uso de la superficie. Estos serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos y cobrados por el DRNA a las marinas y muelles en Puerto Rico”, dispone la pieza legislativa.
Aunque el proyecto fue aprobado con ese lenguaje con respecto al uso de los fondos que el impuesto produzca, en la práctica habría que ver cómo se implementa porque la política pública vigente no favorece la creación y extensión de fondos especiales sino que los recaudos ingresen al fondo general, según advirtió tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda en las ponencias presentadas a la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalización. SE LEGITIMÓ LO ILEGAL. “Estas casas ya tienen un reconocimiento del gobierno desde hace más 20 años", dijo el veterano senador al referirse a que, a pesar de la ilegalidad de estas construcciones, el Estado permitió la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y al de energía eléctrica.
Fas Alzamora afirmó que los dueños de estas casas pagan impuestos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Sin embargo, este dato no pudo ser corroborado con el CRIM, a pesar de la petición de información que se hizo a la agencia.
La mayoría de los dueños de estas estructuras, que están ancladas en el mar mediante pilotes, las usan como segundas residencias o casas de veraneo. De manera, que deberían estar sujetas al pago de contribuciones.
El director ejecutivo del CRIM, Víctor Falcón Dávila, informó a través de su directora de prensa, Iraida Cintrón, que el Centro trabaja en un inventario de propiedades en La Parguera pero que aún no se ha completado ese proyecto.
Además, algunos dueños de estas estructuras obtienen ingresos por el alquiler de esas residencias. Una mirada a través de la Internet y en los sitios especializados en alquiler por periodos cortos, muestran la promoción de algunas de estas viviendas con arrendamientos mínimos de $300 la noche, los que, posiblemente, deberían estar sujetos al pago de impuestos hoteleros. CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA. El proyecto de ley fue enmendado en comité de conferencia poco antes de su aprobación, es decir bajo acuerdo entre el Senado y la Cámara. De un arrendamiento que proponía el proyecto original, terminó por concederle por 40 años el uso de la superficie de las porciones de terrenos públicos y de agua que ocupen las estructuras privadas ubicadas en la zona marítimo terrestre.
“Es, realmente, un retroceso aun mayor porque el derecho de superficie es más amplio y más sólido que el de arrendamiento. Puede incluso transferirse o venderse”, reaccionó de
inmediato la senadora Santiago en un vídeo que circuló a través de las redes sociales. “La única limitación es que no podría, por ejemplo, gravarse con una hipoteca", explicó.
GABINETE EN CONTRA. Este proyecto no tuvo el respaldo de ninguna de las agencias de gobierno que comparecieron durante el proceso de discusión en el Senado, bajo argumentos de efectos ambientales, de planificación, de derecho al uso y disfrute de los bienes públicos y también por objeciones de naturaleza fiscal que plantearon tanto el Departamento de Hacienda como la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Se desconoce si el gobernador Alejandro García Padilla se alineará con los legisladores y firmará el proyecto o respaldará la posición de las agencias de la rama ejecutiva. Ileana
Baez, de la oficina de comunicaciones de La Fortaleza, dijo el viernes en la noche que el proyecto no había llegado todavía y que una vez lo tengan, entonces, será evaluado.
La más tenaz opositora a la medida fue Carmen Guerrero, secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), agencia con el deber ministerial de proteger los recursos naturales del país.
Tras la aprobación del proyecto en la Asamblea Legislativa, la funcionaría señaló que fue un acto irresponsable e incongruente.
“El DRNA recomendó una solución integral y uniforme para atender esta situación, tanto en Parguera como en otros sectores de menos recursos económicos, y presentó alternativas como la Ley de Costas, pero en tres años y medio los legisladores no quisieron atenderla ni aprobarla”, declaró Guerrero.
Según la Secretaria, el proyecto aprobado contradice los principios e iniciativas de la plataforma ambiental que presentó el Gobernador.
El efecto de este proyecto, según la funcionaria, es la privatización de está área para el disfrute único de un grupo de personas económicamente privilegiadas.
Aunque el proyecto no concede la titularidad del área su aplicación limita su disfrute al público.
Guerrero estimó que en Puerto Rico existen cerca de 2,647 estructuras en los bienes de dominio público. INSTAURACIÓN DE UN PRECEDENTE. Precisamente, una de las preocupaciones que planteó la Secretaria y también el profesor de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Saadé Lloréns, es que está legislación cree las bases para que otras personas con propiedades en áreas de bienes comunes y bienes de dominio público, reclamen los mismo privilegios que se concedieron en La Parguera.
“Este desafortunado proyecto mandata que bienes comunes y bienes de dominio público pasen de ser públicos en su disfrute para trasladarse a control privado sin límite", expresó el abogado Saadé Lloréns en su ponencia a la comisión senatorial.
A preguntas de El Nuevo Día, el senador Fas Alzamora, cuya familia ha tenido propiedades en el área costera de Buyé, en Cabo Rojo, rechazó tajantemente, que tenga alguna propiedad enclavada en la zona marítimo terrestre, y que luego pueda beneficiarse si vecinos de esta área hicieran reclamos bajo la igual protección de las leyes.
EN DEFENSA DE LAS CASAS. El portavoz de la Asociación Comunitaria de La Parguera, José A. Molina Dapena, argumentó ante el Senado que la permanencia de estas casas en el lugar contribuiría a “la conservación y sustentabilidad de un habitat marino, la flora y fauna, así como el mantenimiento de sus manglares”.
La defensa de ese argumento se basó en que “la remoción de pilotes y estructuras enclavadas en el litoral marítimo terrestre efectuadas en el pasado, generó daños incalculables al lecho marino, provocando la sedimentación, pérdida de mangles y cambios significativos al medioambiente marino creado aledaño a estas estructuras".
Las estructuras beneficiadas con esta legislación forman parte de la Reserva Natural de La Parguera.
De hecho, parte de estas estructuras están enclavadas en un área de mangles, que son un importante habitat para una gran variedad de especies de fauna y, además, contribuyen a estabilizar los terrenos costeros contra la erosión.
El Club Naútico La Parguera sostiene que la permanencia de esas estructuras en la zona marítimo terrestre contribuyen a la actividad económica que se genera en el área de La Parguera y a la del propio club, que tiene de socios a muchos de los propietarios de las llamadas casas flotantes, aunque en realidad están levantadas sobre pilotes. El alcalde de Lajas, Marcos “Turín”
Irizarry ha sido otro defensor de este proyecto, que estimó generaría ingresos estimados de $150,000 al año por concepto del canon de uso.