Cuestionan el incumplimiento con los intereses
El gobierno no pagó el viernes ni el principal ni los intereses de los bonos de obligación general
Q La determinación de la administración de Alejandro García Padilla de ni siquiera pagar los intereses de los bonos de obligación general en vencimiento tiene el potencial de complicar aún más una negociación para reestructurar la deuda constitucional de Puerto Rico.
El gobierno, usando como escudo la recién aprobada ley federal de Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), echó a un lado el pago del principal y los intereses de esta deuda, que vencía el pasado viernes.
La nueva legislación limita la acción legal de los acreedores en contra del gobierno.
“Se escudaron en PROMESA. Como se aprobó, pues el gobierno se echó un poco para atrás porque ahora tienen un mecanismo de protección similar a una quiebra", dijo el economista José Alameda.
“Se aprovechó la coyuntura de PROMESA, que evita o limita las demandas... Siempre sostuve que lo más importante para los bonistas eran esos intereses. Es preocupante que eso no se haya pagado”, indicó, por su parte, el economista José Joaquín Villamil.
De hecho, el impago del viernes, en el que el gobierno dejó de devolverles a los acreedores unos $911 millones -la mayoría en bonos de obligación general-, supone también algún deterioro económico para el país, pues algunos de esos acreedores residen en Puerto Rico.
No se tenía claro, sin embargo, cuántos bonistas locales resultaron afectados ni la cantidad de dinero invertido por estos en los instrumentos de inversión en controversia.
Villamil indicó que el discurso político en Puerto Rico inicialmente parecía inclinarse a asegurar, al menos, el pago de los intereses, que en muchos casos sirve como fuente de ingresos para individuos y familias.
De hecho, ayer el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló Nevares, echaba mano a ese discurso, y en unas declaraciones escritas condenó la determinación del gobierno de no pagar los intereses de la deuda, precisamente porque esto iba en detrimento de la economía de muchos jubilados en Puerto Rico.
“Esas familias dependen del pago de esos intereses que reciben por la inversión de sus ahorros para su diario vivir”, sostuvo Rosselló Nevares.
“Yo no entiendo el tema de no pagar los intereses y que el gobierno está sin dinero. Hubo un presupuesto, y se ajustaron los gastos, y los recaudos aumentaron. A uno, sin uno hacer la aritmética en detalle, se le hace difícil explicar esta crisis. Hubo una economía en los gastos, y los recaudos aumentaron, y se dejó de pagar muchas cosas. Si todo esto fue así, dónde está el efectivo”, cuestionó Villamil.
El gobernador, durante una conferencia de prensa el viernes en La Fortaleza, afirmó que la insuficiencia de fondos en el gobierno llegó al punto que, aún cerrando el gobierno en la parte final del año fiscal que recién concluyó, no se lograba reunir el dinero suficiente para pagar la deuda.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, resaltó en este encuentro con la prensa que los estados financieros del 2014, publicados el viernes, demuestran una deficiencia acumulada en el gobierno de $50,000 millones y un déficit actuarial en los sistemas de pensiones del gobierno que sobrepasaba los $33,700 millones.
“El problema radica en cómo vamos a reestructurar el gobierno sin préstamos” JOSÉ ALAMEDA Economista “Siempre sostuve que lo más importante para los bonistas eran esos intereses. Es preocupante que eso no se haya pagado” JOSÉ JOAQUÍN VILLAMIL Economista
CONFUSO ESCENARIO. Ante el panorama de insolvencia que se percibe de los estados financieros del gobierno, Alameda cuestionó cómo se reformará el gobierno sin incurrir en nuevos préstamos.
Anticipó que la creación de un nuevo plan fiscal a la luz de la nueva legislación federal que impone una junta de control fiscal para la Isla será un asunto complicado porque se necesitan cambios estructurales que, para implantarlos, requieren inversiones, y no hay acceso a los mercados de capital. Advirtió también que aumentar las contribuciones implicará un golpe grande a la economía, que no se recupera desde el 2006, año en que inició la depresión económica.
Ese año, además de decretarse un cierre gubernamental por insuficiencia en los ingresos, marcó la caída del sector manufacturero de Puerto Rico con la expiración de los incentivos industriales de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. La economía también sufrió con los aumentos en el precio del petróleo y la crisis inmobiliaria a nivel mundial.