A REINVENTAR EL GOBIERNO
Aunque las reformas son necesarias, expertos advierten de las trabas que impone no tener un plan de crecimiento económico ni saber hacia dónde va el status
WASHINGTON.- Como los responsables del nuevo súper gobierno de la Isla, los miembros de la junta federal de control fiscal tendrán que repensar la forma en que opera el sistema gubernamental de Puerto Rico.
Solo el gobierno central tiene sobre 130 departamentos, entidades y oficinas, con más de 150,000 empleados.
La lista de tareas urgentes que la junta federal de control fiscal encontrará sobre el escritorio estará encabezada, a corto plazo, por atajar la crisis de una deuda pública de $68,000 millones que es impagable.
En espera de ese proceso, con la firma de la ley por parte del presidente Barack Obama, entró en vigor un freno en la litigación judicial en reclamo de deudas del gobierno de Puerto Rico.
"Lo importante es estabilizar al paciente", indicó el economista Gustavo
Vélez, quien defendió la aprobación de la junta federal.
Si la junta entra en funciones en septiembre, tendrá que pisar el acelerador para aprovechar el freno en el cobro de deudas del gobierno de Puerto Rico, que expira a mediados de febrero de 2017, con una posible extensión hasta el 1 de junio.
"Dependiendo de la distribución del sacrificio que implique esa reestructuración será el impacto en Puerto Rico", sostuvo el economista Francisco Catalá, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El reordenamiento del gobierno, sin embargo, es ineludible.
"Este es el momento más determinante para Puerto Rico en una generación. Puede ser para aprovechar cambios políticos y económicos. No creo que nadie pueda insinuar que la cosas van a seguir como de corriente", comentó Miguel Soto Class, presidente del grupo de estudio Centro para la Nueva Economía (CNE), con base en San Juan, pero que ahora se expande a Washington D.C..
Como otros estudiosos de la realidad económica y social de la Isla, Soto Class sostuvo que el nuevo orden partirá del mismo perfil de los miembros de la junta federal, todos designados por el presidente de EE.UU., pero cuatro de ellos recomendados por los líderes republicanos del Congreso.
La ley llamada PROMESA, que establece
Promesa rota: una mirada institucionalista a partir de Tugwell.
Los miembros de la junta deberán examinar los estados financieros auditados. Los más recientes, del año fiscal 2013-2014, acaban de publicarse, y alertan que ya hay un desastre.
"Tener toda la radiografía del gobierno, incluyendo las corporaciones, va a tomar mucho tiempo, pues son la junta federal, tiene dos grandes huecos: la falta de voluntad para descolonizar el país y la ausencia de un plan de desarrollo económico.
"En esa junta imperial, va a prevalecer como objetivo único lograr un balance presupuestario. Eso implicaría políticas públicas de austeridad, aunque puedan tocar la base tributaria", agregó Catalá, autor del libro 131 agencias, cada una con su complejidad", sostuvo el economista Vélez, quien fue asesor del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
El enfoque tendrá que centrarse irremediablemente en las cinco dependencias que más se tragan el presupuesto: los departamentos de Educación, Salud, Policía, Corrección y Rehabilitación, y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Al sumar el plan de la tarjeta de servicios médicos del gobierno de Puerto Rico, Mi Salud, esas dependencias representan cerca del 60% del Fondo General, sobre $5,000 millones del presupuesto, que ahora es de $8,987 millones, sin haberse incluido el servicio de la deuda, dijo Vélez.
Catalá sostuvo que es indispensable el examen "agencia por agencia" que contempla la misma ley.
"Deben haber programas que se iniciaron hace muchos años que pueden haber perdido utilidad. En la UPR, hay programas que son obsoletos, que pueden estar sacrificando programas innovadores", afirmó Catalá, quien ha advertido que la Junta de Planificación debe retornar a sus raíces y guiar la visión hacia el futuro.
Para Catalá, cualquier plan dirigido a jamaquear las estructuras gubernamentales tiene que enfrentarse y acabar con el partidismo en el servicio público. "No puedes tener una corporación pública con dos organizaciones, una para recaudar fondos para el PPD y otra para recaudar fondos para el PNP. En Puerto Rico, han convertido el taller público en un campo de batalla, por el cual corre sangre roja y azul. Suelen saber -antes de una elección- quién va a ser el próximo jefe de agencia. Eso se traduce en pobres servicios públicos, y cuando las cosas se deterioran, entonces vienen los reclamos de privatización, aunque verdaderamente son consecuencias de la politización", expresó Catalá.
Vélez coincide en que es urgente "revisar todo el andamiaje que tenemos, una estructura gubernamental que fue ideada en los 1950 y 1960, según fue despegando Manos a la Obra. Hay que determinar si toda esa estructurara es aún sostenible".
En busca de un gobierno que opere con efectividad, Vélez prevé que la junta se enfrentará a la posibilidad de reducir oficinas, reubicar empleados,
“La única vía para que Puerto Rico salga de este marasmo es que el gobierno esté en posición de hacer inversiones” FRANCISCO CATALÁ Economista
ofrecer nuevas ventanas de retiro o hasta despidos. Desde el mismo Congreso, han surgido reclamos a favor de la privatización.
"Hay que tener una discusión sobre cuál es la dirección filosófica y programática del gobierno de Puerto Rico. Si debe seguir siendo un gobierno interventor, como lo diseñó el gobernador (Rexford) Tugwell (1941-1946), el capitalismo de estado, en el que el gobierno invertía y creaba los empleos", añadió Vélez.
Pero Catalá sostuvo que el alivio en el pago de la deuda debe tener como fin último "colocar al gobierno de Puerto Rico con capacidad de inversión con fondos propios o tener acceso a financiamiento de los mercados de valores".
"A mi juicio, la única vía para que Puerto Rico salga de este marasmo es que el gobierno esté en posición de hacer inversiones. La inversión del Estado es el incentivo más poderoso que tiene el capital privado", acentuó Catalá, quien en su libro Promesa rota advierte que “el desarrollo no puede
importarse ni tomarse prestado”.
CRECIMIENTO ECONÓMICO. En medio de toda la incertidumbre que genera esta nueva etapa en las relaciones con EE.UU., Soto Class destacó que la ausencia de un plan federal para incentivar el crecimiento económico es peligrosa. La ley PROMESA establece una comisión bipartidista y bicameral para estudiar iniciativas económicas. Ese grupo deberá rendir un informe preliminar en septiembre, y hacer propuestas antes de que termine el año. Pero el comité terminaría sus funciones este año, cuando las sesiones del Congreso son limitadas. El Congreso recesará a mediados de julio, y estarán sin sesionar siete semanas. El CNE creó una comisión de crecimiento económico, una idea que So- to Class considera también indispensable dentro del gobierno federal.
Con respecto a la política pública en la Isla, Soto Class coincide en que la junta federal de control fiscal probablemente aguardará un tiempo antes de implantar grandes cambios.
En noviembre se elegirán nuevos gobiernos en Puerto Rico y EEUU.
"Deben tener cautela con respecto a crear medidas muy drásticas que creen inestabilidad política y social. Todo el proceso lo tienen que hacer con mucho cuidado", señaló Vélez.
El CNE había propuesto adoptar en la Isla leyes de responsabilidad fiscal. Soto Class, no obstante, afirmó que eran ideas que buscaban sustituir la imposición de la junta federal.
"Existiendo esa junta, veo difícil que se puedan poner en marcha leyes fiscales. Pero tenemos que imponernos disciplina fiscal. Lamentablemente, esta junta ha ocupado todos esos poderes", añadió.
Con PROMESA -al tacharse el limitado poder de los funcionarios electos de la Isla para tomar las decisiones más fundamentales- hasta los defensores del llamado Estado Libre Asociado reconocen la crisis política.
Pero la misma ley, por crear una bancarrota dependiente de la continuidad de Puerto Rico como un territorio de EE.UU., subordinado ante el Congreso, complica la posibilidad de un cambio a corto plazo.
Cómo pensar en una agenda económica a largo plazo sin conocer el futuro de las relaciones político-jurídicas con EE.UU. tiene poco sentido.
"Si no se atienden los temas de desarrollo económico y descolonización, la junta -mantuvo Vélez-, no va a ser totalmente efectiva".
“Hay que tener una discusión sobre la dirección filosófica y programática del gobierno de Puerto Rico” GUSTAVO VÉLEZ ECONOMISTA “No creo que nadie pueda insinuar que las cosas van a seguir como de corriente” MIGUEL SOTO CLASS Fundador del Centro para la Nueva Economía