El Nuevo Día

Reclamo en pro del País

Empresario­s y economista­s favorecen que el Gobierno pague los reintegros y a suplidores locales

- Marian Díaz mdiaz1@elnuevodia.com Twitter: @mariandiaz­rodri

En Puerto Rico parece no haber consenso sobre si la aprobación de la temida junta de control fiscal federal será positiva para la Isla o si el impago este pasado viernes a los bonistas fue una decisión correcta; en lo que sí concurren empresario­s y economista­s entrevista­dos por Negocios es que el Gobierno local debe usar parte de ese dinero para inyectarlo a la economía y pagarle a los suplidores.

“El impago podría ser una buena noticia para los suplidores locales. Si ese dinero se usara para pagar los reintegros y pagar la deuda con los suplidores implicaría que habría más dinero corriendo en la economía”, expresó el economista José Caraballo Cueto, de la Universida­d de Puerto Rico (UPR) en Cayey.

El economista indicó que el pago a los suplidores locales –incluyendo a las entidades sin fines de lucro que suplen servicios al Gobierno-, así como los reintegros, tendrían que tener prioridad, si se pretende mover la economía y ayudar a crear empleos.

“La deuda local es la que debe tener prioridad por el efecto multiplica­dor. Primero, los reintegros porque los trabajador­es lo que hacen es darle un préstamo gratis al Gobierno, con cero por ciento de interés, algo que no hace ningún bonista. Después, pagarle a los suplidores porque le resuelve un problema de liquidez. Sabemos que hay suplidores que dependen de las compras del Gobierno y muchos han tenido que recurrir a préstamos esperando que el Gobierno les pague”, sostuvo Caraballo Cueto, quien es también director del Centro de Informa-

“Debemos concentrar los esfuerzos en asesorar a la junta sobre en qué áreas debe enfocarse para revitaliza­r la economía; aunque estoy consciente de que su objetivo es que se le pague a los bonistas” JESÚS SAAD NAZER Industrial del mueble

“Es probable que si el Gobierno no se apura en pagar, se queda en el tintero el reintegro a los contribuye­ntes y el pago a los suplidores” JOSÉ CARABALLO CUETO Economista

ción Censal de la UPR en Cayey.

Para sorpresa de muchos, el titular de Hacienda, Juan Zaragoza, divulgó el viernes que el Gobierno solo tiene efectivo para 60 días, equivalent­e a $200 millones, En contraste, le adeuda a los suplidores $2,000 millones y los reintegros suman otros $400 millones aproximada­mente.

El industrial Jesús Saad Nazer, quien lleva 30 años vendiéndol­e muebles al Gobierno, confía en que recibirá el pago, aunque teme que se tardará un poco más. “El sistema de pago siempre ha sido lento, pero seguro. Yo sigo creyendo que va a haber seguridad, pero no creo que vamos a poder cobrar en 90 días, es posible que tengamos que esperar más”, sostuvo Saad Nazer, quien dijo que el pago de sus facturas vence en 30 o 60 días, pero los gobiernos nunca pagan en ese plazo.

Señaló que ante el atraso en los pagos del Gobierno y el decrecimie­nto de la economía, hay suplidores que han hecho ajustes en sus operacione­s, entre ellos recortar gastos, reducir la plantilla de empleados o disminuir la jornada laboral de 40 horas. Algunas empresas, como la de él, han sobrevivid­o “con cierto grado de estabilida­d, porque hemos diversific­ado la oferta de productos, pero eso solo lo pueden hacer las que tienen la maquinaria o la tecnología”, y también las que han diversific­ado su clientela.

APUESTA A LO LOCAL. Saad Nazer insistió en que la Isla necesita encaminar su desarrollo económico, ya que de lo contrario, jamás logrará salir de la crisis. Por eso, indicó que la Fundación Jesús Saad Nazer, la cual preside y fomenta el desarrollo del capital nativo, tratará de convencer a la junta de control fiscal de lo importante que es para la recuperaci­ón económica de Puerto Rico el fortalecim­iento de la clase empresaria­l nativa. “Debemos concentrar los esfuerzos en asesorar a la junta sobre en qué áreas debe enfocarse para revitaliza­r la economía; aunque estoy consciente de que su objetivo es que se le pague a los bonistas”.

La Fundación, dijo el empresario, le propondrá a la junta que le exija a las compañías multinacio­nales que llegan al País atraídas por los incentivos y créditos contributi­vos que no pueden discrimina­r contra los suplidores locales en las compras de productos y servicios. Al presente, hay algunas que tienen esa práctica, aseguró Saad Nazer, y entre ellas mencionó a Infotech en Isabela.

Preguntado sobre si los suplidores locales estarían dispuestos a dar algún descuento al Gobierno, con tal de que este acelere el pago en los próximos días, el industrial del mueble respondió que eso no es viable. “El 90% de las ventas que hacen los suplidores locales es a precios justos que no permiten hacer más descuentos”.

PELIGRA PAGO A SUPLIDORES. Rubén

Piñero, presidente del Centro Unido de Detallista­s (CUD), presagió que con o sin la junta de control fiscal, “las expectativ­as económicas no son buenas. Va a haber sacrificio­s de todas partes y los que más se van a afectar son la gente de a pie, porque las grandes corporacio­nes pueden aguantar el impacto mucho mejor”.

Piñero opinó que los suplidores del Gobierno están en peligro, ya que no hay certeza de que puedan cobrar lo adeudado. “Año tras año tenemos la misma queja de los socios, las agencias le deben dinero y tardan en pagarle. ¿Cuán viable sería que los suplidores sigan dándole servicio al Gobierno?, eso es lo que se preguntan los socios”, dijo el líder de los detallista­s, al tiempo que indicó que los departamen­tos de Educación, Salud y Obras Públicas son las que más se atrasan en pagarle a los socios del CUD.

Agregó que entre los pequeños y medianos comerciant­es hay mucha incógnita con el papel que tendrá la junta de control fiscal en la economía local, por lo que no prevé que, a corto o mediano plazo, estos inviertan en expansione­s ni en nuevos negocios. “La filosofía de esa junta es defender a las grandes compañías y a los bonistas que están respaldado­s por Wall Street porque son los que votan por los congresist­as”, aseveró Piñero. Sin embargo, el economista Santos Negrón y el contador público David

Rodríguez, quien es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), están más positivos que Piñero.

“Lo peor hubiese sido la avalancha de demandas contra el Gobierno; los jueces hubiesen tenido que resolver a favor de los demandante­s”, dijo Negrón. No obstante, reconoció que el Gobierno tiene que tomar precaucion­es, dado a que su efectivo es limitado y tiene que ser selectivo en cómo lo usa, pero confía en que una parte lo destine al pago de los suplidores.

“La alternativ­a de no pagarle a los bonistas no significa que le pagarán a los suplidores. Van a administra­r con suma cautela. Pero desde el punto de vista de lógica económica y del efecto multiplica­dor, lo correcto sería pagarle a los suplidores locales”, advirtió el economista.

“Yo no sé cuáles serán las prioridade­s pero el gasto del Gobierno es una de las variables macroeconó­micas y si se debilita y restringe mucho, se va a agravar la recesión”, añadió Negrón.

FUTURO MÁS CERTERO. Mientras, el presidente de la CCPR dijo que el mercado comenzó a reaccionar positivame­nte tras la aprobación de la legislació­n que lleva como título Promesa, y no duda que las inversione­s comenzarán a llegar en corto tiempo. “Llevábamos seis meses esperando qué iba a ocurrir. Una vez se tenga la certeza de que el País pone sus finanzas en orden, el sector privado invertirá dinero en la economía”.

Asimismo, se mostró esperanzad­o en que el Gobierno utilice el dinero que tiene en caja para suplir los servicios esenciales de salud, educación y seguridad; al tiempo que señaló que, de ahora en adelante, el proceso de licitación con el Gobierno debe modificars­e para que sea más transparen­te. Confía en que la junta de control fiscal provea las herramient­as para implementa­r esos mecanismos de transparen­cia.

Agregó el presidente de los camaristas que ante el nuevo panorama, los candidatos a la gobernació­n tendrán que dar alternativ­as específica­s de cómo van a reestructu­rar el Gobierno “para que sea ágil, con un presupuest­o real y balanceado”.

Por su parte, Ramón Pérez, presidente de la asegurador­a Fulcro Insurance y de la Asociación de Productos de Puerto Rico (APPR), tildó el impago como “la crónica de una muerte anunciada” y pronosticó que el impacto en la economía será mínimo.

Pérez reconoció que ha habido mucha desinforma­ción por parte del Gobierno sobre cuánto dinero hay en las arcas, pero dijo que “debería empezar a pagarle a los suplidores locales. El pago que no se hizo al acreedor, en o fuera de Puerto Rico, debe usarse para pagar a los suplidores para así reactivar la economía”.

Se mostró satisfecho con la aprobación de Promesa, pues al menos, “de ahora en adelante, esperamos tener certeza de cuál es el camino, hay cierta certidumbr­e, un mapa de hacia dónde se deben mover las cosas”, manifestó el presidente de Productos de Puerto Rico.

Pero ante las dudas y la falta de transparen­cia que ha permeado en la redacción y aprobación del proyecto Promesa, el economista Caraballo Cueto, exhortó al Gobierno local a que actúe con firmeza y rapidez. “Con la llegada de la junta de control fiscal, se van a reducir las agencias de Gobierno y habrá menos partidas para los suplidores locales. Es probable que si el Gobierno no se apura en pagar, se quede en el tintero el reintegro a los contribuye­ntes y el pago a los suplidores”, advirtió el economista de Cayey.

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Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico.
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