Ojos del ente federal sobre agencias
Además de nombrar a su presidente, el ente fiscal anunciará las dependencias que podrían estar bajo su jurisdicción
NUEVA YORK.- La reunión de organización de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pone hoy en marcha la operación de la nueva capa de autoridad que el gobierno federal ha colocado por encima de los funcionarios electos de Puerto Rico.
La histórica reunión abrirá con la elección del presidente de la JSF, puesto para el cual sería elegido, según fuentes de El Nuevo Día, el experto en seguros José Carrión III, uno de los dos republicanos boricuas recomendados por el speaker Paul Ryan.
La candidatura de Carrión –activo en el Partido Republicano de EE.UU. en la Isla y cuñado del comisionado Pedro Pierluisi– había cobrado fuerza desde hace dos semanas, aunque sectores demócratas en Washington preferían como candidato de consenso al profesor de Derecho Corporativo David Skeel. La mayoría de los miembros con derecho al voto –4 de 7– son republicanos.
El debut de los miembros de la junta sería transmitido por internet (www.oversightboard.pr.gov) desde las 8:30 a.m., contaría con público en el auditorio del edificio Alexander Hamilton del Departamento de Seguridad Interna en el bajo Manhattan y generaría manifestaciones de protestas.
Allí –a pasos de Wall Street–, se encontrarán con el representante del gobernador, el exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch, quien no tiene derecho al voto.
Ravitch dijo anoche que ya revisaba el reglamento que se adoptará hoy.
La agenda de la reunión, que se debe extender por hora y media, está por escrito: elección del presidente; adopción del reglamento; determinación inicial de entidades sujetas a la ley PROMESA; calendario para reclamar al gobernador el plan fiscal a largo plazo y cualquier “otra información”; proceso para la búsqueda del director ejecutivo y otros puestos claves; y “otros asuntos administrativos”.
En un mensaje por televisión, el gobernador Alejandro García Padilla anunció que propuso a la junta –que tiene el poder último sobre los asuntos fiscales– entregar en dos semanas un borrador de una revisión del plan fiscal a largo plazo, actualizarlo en noviembre y suministrar un documento final en diciembre, cuando ya estaría a punto de dejar La Fortaleza.
García Padilla indicó que envió a los miembros de la junta el informe que preparó la exsubdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Anne Krueger, el plan fiscal que su gobierno publicó en septiembre de 2015 y la revisión de enero pasado.
El gobernador sostuvo que la protección de los jubilados del gobierno, de los empleos gubernamentales y de la estabilidad de la Universidad de Puerto Rico deben estar entre las prio- ridades de cualquier plan fiscal.
Junto a la selección del presidente y el calendario que le ordenarán al gobierno de Puerto Rico sobre el plan fiscal, los miembros con derecho al voto en la junta –los republicanos Carrión, Skeel, Carlos García y Andrew Biggs, y los demócratas José Ramón González, Arthur González y Ana Matosantos– tienen previsto anunciar hoy dependencias que pueden inicialmente colocar bajo su jurisdicción, lo que implicaría exigirles planes de cumplimiento fiscal.
Tomando en cuenta el cuadro financiero que experimentan, entre las dependencias que podrían quedar sujetas a la JSF desde esta primera reunión figuran el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), y las autoridades de Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT) y Acueductos y Alcantarillados (AAA)
La decisión más impactante sería si asumen jurisdicción sobre los bonos de obligaciones generales, lo que implicaría “quitarle la chequera” al Departamento de Hacienda, indicó el economista Gustavo Vélez.
Las expectativas son que la Junta establezca un procedimiento por el cual traten de tener un director ejecutivo para su reunión de octubre o mediados de noviembre, encuentro que se llevaría a cabo en San Juan.
Si se confirma la elección de Carrión como presidente de la JSF, sectores del gobierno del presidente Barack Obama quisieran que la Junta entonces busque un director ejecutivo que sea aceptable para el gobierno del PPD. En el pasado se ha mencionado a José Coleman Tió, exfuncionario del BGF, como uno de los favoritos
Aunque el redactor principal de la ley PROMESA, Bill Cooper, ha sido mencionado antes en tándem con Carrión, fuentes federales y el comisionado Pierluisi han indicado que el director ejecutivo debe dominar tanto el inglés como el español. Pero, es al presidente de la junta –en este caso sería Carrión– al que le corresponderá recomendar el director ejecutivo, con el consentimiento de sus colegas. Joanisabel González colaboró con este reportaje desde San Juan
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