La prioridad debe ser que se haga justicia
La reciente exoneración de los convictos por el asesinato de Glorimar Pérez, cuyo caso fue revisado al amparo de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, pone de relieve la importancia de seguir atendiendo casos similares de personas que reclaman ser víc
La reciente exoneración de los convictos en el caso de asesinato de Glorimar Pérez, que fue revisado al amparo de la Ley de Análisis de ADN Post Sentencia, pone de relieve la importancia de seguir atendiendo casos similares de personas que reclaman ser víctimas de procesos no del todo claros, y que ahora tienen una oportunidad de probar su inocencia mediante prueba científica.
Las pruebas de ADN practicadas en el material genético que en su momento se recopiló en la escena —y que se conserva a través de los años—, están siendo de gran utilidad para aclarar crímenes que nunca se resolvieron o a ayudar a exonerar a los inocentes que están pagando por crímenes que no cometieron.
Es lo que ha ocurrido con los imputados por el asesinato en el año 1994 de Glorimar Pérez Ortiz —José A. Caro Pérez, Nelson Ruiz Colón y Nelson Ortiz Alvarez— quienes cumplieron 22 años de prisión antes de que el Ministerio Fiscal aceptara que el Estado no contaba con prueba suficiente para prevalecer en un juicio contra estos, más allá de la duda razonable. Ante tal conclusión el Departamento de Justicia solicitó esta semana el archivo de todos los cargos contra el trío obedeciendo a “un deber ético, moral y legal”.
Con ello, ha quedado impune el vil asesinato de Glorimar Pérez y su caso nuevamente abierto y sin esclarer. Glorimar Pérez y su familia también merecen que se haga justicia.
Mientras tanto, el Proyecto Inocencia, que trabaja por devolver la libertad a personas que alegan haber sido encarceladas por error, se dispone a radicar una solicitud de nuevo juicio para otros dos convictos. Estos son Antonio Ramos Cruz y Juan Carlos Meléndez Serrano, sentenciados a cumplir cárcel por los asesinatos de la joven madre Haydée Maymí y sus dos hijos, perpetrados en Trujillo Alto, en 1989.
El País bajo ningún concepto debe percibir que el Departamento de Justicia, a través de sus fiscales, se propone minimizar o reducir los hallazgos en las pruebas de ADN u oponerse sistemáticamente a un planteamiento de revisión de un caso.
Sobre el Estado recae la obligación de defender las priebas recopiladas, sostener los argumentos que en su momento dieron paso a la convicción; respaldar un veredicto que entiende que se emitió correctamente y, en definitiva, asegurarse más allá de toda duda de que los convictos no vuelven a la calle, si en verdad son culpables. Y es comprensible la resistencia del sistema de justicia de admitir errores o que se recurrió a un testimonio endeble para enjuiciar a un individuo.
Este es un debate que debe darse en armonía, con apego a la evidencia científica, nueva o la admitida anteriormente y revisada al presente, pero sobre todo con el más alto sentido de justicia para todos los implicados cuando de lo que estamos hablando es de vidas humana: la de las víctimas y las de personas que pueden estar presas por error.
Hay otro elemento oneroso en estos casos y es la posibilidad de que los autores de crímenes sigan en la calle, incluso cometiendo nuevas fechorías.
El papel que está jugando el Proyecto Inocencia debe ser visto por el Estado como un complemento al sistema. Sabemos que para algunos llegan demasiado tarde pruebas tan concluyentes como la del ADN. No ha sido culpa de los estamentos judiciales ni de nadie que esa herramienta no haya estado disponible con anterioridad. Mañana habrá otra mejor, y pasado seguramente otra.
En la medida en que se puedan subsanar errores, y sacar gente inocente de la cárcel, estaremos todos más tranquilos.