Servicio expreso en los tribunales
Crean plan piloto para agilizar los casos judiciales por maltrato contra adultos mayores
Las querellas por maltrato contra adultos mayores se han duplicado en los pasados cinco años y la proyección es que el alza continúe, por lo que un plan piloto que recién empieza busca aumentar el acceso a la justicia para esta población y disminuir el tiempo en que se atienden los casos.
Al 30 de septiembre de este año había 12,228 querellas por maltrato, lo cual compara desfavorablemente con las 6,255 radicadas en el 2011. Pero, para atender ese volumen, la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) solo tiene 22 personas que investigan y presentan los casos en los tribunales.
“Realizamos las investigaciones, radicamos en los tribunales y fiscalizamos las agencias que dan servicios a las personas de edad avanzada. Si tengo un coordinador que atiende seis tribunales y un tribunal nada más lo cita cinco días a la semana, ¿qué espacio va a tener para hacer las investigaciones y darles asistencia a las personas de edad avanzada de los otros pueblos? Eso ha provocado que radiquemos más mociones diciendo que no tenemos recursos o se asume el caso y se pide una vista posterior para poder hacer la investigación”, explica Wilma Cruz Calo, directora de la Procuraduría Auxiliar de Protección y Defensa de la OPPEA. Para resolver el problema, la OPPEA propuso el Proyecto Piloto de Asistencia Especializada en los Tribunales, que inició hace unas semanas en San Juan y Bayamón y que podría extenderse a Mayagüez. “Ellos nos propusieron tener este proyecto por un año con miras a que esta sea la antesala a las salas especializadas” para asuntos de adultos mayores, indica Cruz al referirse a la Oficina de la Administración de Tribunales.
El acuerdo, en vías de firmarse, establece que todos los casos de adultos mayores se agrupan para atenderse unos días en particular, lo cual garantiza la presencia de la OPPEA y evita la cancelación de vistas. En el Tribunal de San Juan, los martes se están atendiendo los casos que son más fáciles de resolver, como son controversias familiares, mientras que, los jueves, se ven casos más complejos, como los de explotación financiera y condiciones de vida infrahumana. En Bayamón, los casos se atienden los jueves.
El plan piloto incluye, además, destacar un oficial de enlace de la OPPEA en el tribunal para canalizar o solucionar, cuando sea posible, las denuncias que lleven directamente adultos mayores. Cruz indica que muchas controversias se pueden atender y resolver con un proceso expedito de mediación sin tener que iniciar necesariamente un proceso judicial que toma más tiempo.
Hasta ahora, “el logro más grande es que hemos podido cerrar el 56% de los
10,363 para 2014-2015 12,228 para el 2015-2016
casos en la primera vista en el Tribunal de San Juan”, destaca Cruz.
“Este es un proyecto de justicia para las personas adultas mayores porque el peritaje lo tenemos nosotros pero el trabajo se hace en los tribunales y muchas veces por desconocimiento y por no lidiar adecuadamente con las situaciones, los casos se siguen citando y se siguen citando y a veces citan a las agencias equivocadas”, afirma la procuradora, Carmen Delia Sánchez.
Como parte del acuerdo, la OPPEA capacitará a los jueces sobre las leyes que protegen los derechos de los adultos mayores, así como las funciones de la OPPEA, “que no es un departamento para ofrecer primera respuesta”, y las obligaciones de otras agencias, como el Departamento de Familia, indica Cruz. EXPLOTACIÓN FINANCIERA.
De todos los tipos de maltrato, “la explotación financiera se ha disparado” a partir de la Ley 66, con la cual hubo despidos masivos en el gobierno, alerta Cruz. Las querellas por esa modalidad de maltrato sumaron 682 en el año fiscal 2010-2011, pero, al 30 de septiembre de este año, se habían multiplicado a 2,200.
“Ya tenemos cuatro casos referidos a Justicia para la parte criminal porque estamos hablando de millones de dólares, son de mucho dinero”, sostiene Cruz, luego de advertir que la solución de estos casos puede tomar mucho tiempo por la complejidad de recopilar la evidencia.
En la mayoría de las instancias, se trata de hijos o nietos del adulto mayor que, sin el consentimiento del adulto mayor, le sacan dinero de una tarjeta de débito, transfieren dinero electrónicamente, compran por internet con la tarjeta de crédito y cobran cheques de intereses correspondientes a inversiones financieras. A veces, el anciano firma cheques en blanco y no sabe cuánto se gasta o hay hijos que son tutores “y que hacen barbaridades con el dinero”, lamenta Sánchez.
Además de los familiares, han encontrado casos de personas que ofrecen servicios a domicilio que se adueñan de propiedades y bienes de adultos mayores.