El Nuevo Día

Promesa en el mandato de Trump

- Fernando Viñas Economista

La ley de composició­n de deuda, gestionada por una Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF), parte de la autoridad del Congreso sobre la deuda emitida por Puerto Rico.

El privilegio federal de triple exención contributi­va fomentó la demanda de bonos, y por ende, millones de nuestros conciudada­nos financian a Puerto Rico.

Por uso indiscipli­nado del privilegio, la pobre gestión de la deuda y para forzar la toma de decisiones, se integró como síndico la JSF. Este grupo responde al presidente de los Estados Unidos y al Congreso federal, quienes a su vez, diseñaron su composició­n aunque su interfaz con el Tesoro la gravita al Ejecutivo.

La designació­n del tesorero es fundamenta­l. Steven Mnuchin, el designado, es banquero, conservado­r, pragmático, favorece la teoría económica “supply side” (que incentiva crecimient­o vía inversión de capital y reducción de barreras a producción y servicios).

Dirigió OneWest Bank, donde coinvirtie­ron: George Soros (inversor en bonos de Puerto Rico) y John Paulson, (a quien debemos percibir como recurso, siendo inversor en Puerto Rico y designado asesor económico para el presidente electo, Donald Trump).

OneWest recibió $2.3 millardos de TARP, Mnuchin sabe que hay ocasiones donde el apoyo financiero es necesario. La designació­n es una proexpansi­ón económica, necesaria para Puerto Rico.

Si bien la designació­n de Mnuchin pudiese favorecern­os, el acercamien­to a la resolución del problema fiscal y económico de Puerto Rico está claro.

La JSF espera un plan de profunda reforma fiscal incluyendo: municipios, reduciendo nómina, definiendo y financiand­o programas esenciales, apropiando fondos para unos reformados planes de retiro. Puerto Rico requiere más. La administra­ción entrante propone: • Que empresas con/sin fines de lucro y cooperativ­as, provean servicios, redimensio­nando al Gobierno.

• Redirigir activos para expandir empleo e ingreso en el sector privado.

• Que dependenci­as, receptoras pasivas de fondos estatales, generen ingreso y/o capital.

• El Centro de Oportunida­des Federales, que pudiese convertirs­e en fuente de capital.

• La reducción del costo energético es principal.

Acordada la redimensió­n, renegociar­emos deuda –por emisor, contingent­e a acuerdos federales. Toda alternativ­a deberá utilizarse: restructur­ar vencimient­os, ajustar interés, equidad entre inversioni­stas, ajustar principal, dinero nuevo.

Concesione­s negociadas, amparadas en PROMESA, condiciona­das a resolución de retos federales, determinar­án cómo, por cuánto y cuándo accedará Puerto Rico al mercado municipal.

La JSF pudiese colaborar en la resolución de retos federales de gran importanci­a: estabilida­d del arbitrio a corporacio­nes foráneas (Ley 154) y riesgo de fondos para Salud. Aunque la JSF aconsejó descartar asistencia federal adicional, la solución presupuest­aria requiere asistencia federal.

Ley 154 no es un asunto de recaudos, está atada al potencial del sector manufactur­ero. Puede anticipars­e que el Tesoro permita al estatuto continuar, pero la resolución deberá incluirse en la reforma tributaria que propondrá Trump. Propuestas percibidas como privilegio para Puerto Rico, como la 245A, no tendrán oportunida­d.

Se designó para dirigir la agencia de Salud federal al cirujano ortopédico y representa­nte Tom Price. Él conoce Medicare, Obamacare y Puerto Rico. Price ha propuesto asignacion­es en bloque para Medicaid, lo que ha recibido Puerto Rico.

Salud requiere el mayor cuidado: $1.6 billones para el cuidado de 1.6 millones de personas, una industria empleando sobre 65,000 personas. Puerto Rico tiene por ventaja que su industria, por obligación, ha sido costoefici­ente.

La mejora para Puerto Rico radicaría en el crecimient­o de nuestra economía que puedan generar medidas nacionales. Por cuanto, Trump capitalizó en los desplazado­s de manufactur­a. Por tratados como el NAFTA (como Puerto Rico) se anticipan medidas correctiva­s. También se espera recortes tributario­s y estímulo fiscal: aumento del gasto en infraestru­ctura y militar. El Gobierno y el sector privado deberán posicionar a Puerto Rico para beneficiar­se de tales medidas.

Trump afirmó que los recursos de Casa Blanca estarán disponible­s para ayudar a la Isla, pero también que tendremos que reducir la deuda, mejorar el ambiente de negocios, reducir impuestos y balancear el presupuest­o.

La agenda está clara, tenemos acceso, visibilida­d y mecanismos. Trabajando enfocados y determinad­os allegaremo­s los recursos necesarios para salir del abismo fiscal y depresión económica en el que nos sumimos como País.

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