Culminan las vistas de transición que revelaron el cuadro crítico fiscal del Gobierno
En el cierre de las audiencias públicas le otorgaron un turno a la Universidad
No estaba anunciada en el calendario oficial, pero en el último día de las vistas de transición se coló casi por la puerta de atrás. Pese a que el uso y costumbre ha eximido a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de rendir informe en el proceso de intercambio de poder, esta vez compareció ante el escrutinio del comité de la administración entrante, dado contexto de ajustes que se avecinan por la profunda crisis fiscal.
“Estamos bastante fortalecidos en el mundo académico, y en términos de finanza y de presupuesto, pero en este punto necesitamos más información de cómo exactamente se ve la universidad para este próximo cuatrienio, porque nosotros dependemos de las fórmulas y las asignaciones, así que lo que necesitamos en algún momento es saber cuál va a ser el rol de la universidad en este pueblo”, señaló su presidenta, la doctora Celeste Freytes González.
Con una reserva de $50 millones, los pagos al día a los suplidores y al Sistema de Retiro, y $48.5 millones separados para pagar su deuda pública y sus líneas de crédito -que aún no ha pagado debido a la Ley de Moratoria-, Freytes González recalcó la actual salud fiscal de la institución.
Sin embargo, de su presupuesto consolidado de $1472.9 millones, el 59.23% provienen del Fondo General. Con un recorte sustancial en esos fondos, las finanzas del principal centro docente del país podrían derrumbarse estrepitosamente.
A preguntas de la licenciada Itza García, miembro del comité entrante y designada secretaria asociada de la Gobernación, sobre cómo la UPR podrá cumplir con las disposiciones de la Ley PROMESA, Freytes González indicó que se han sostenido reuniones con cada una de las once unidades a través de la vicepresidencia académica de la institución, para que cada rector, en conversación con su respectivo decano académico, emita recomendaciones.
“Nosotros hemos estado a la voz de la situación presupuestaria de la Isla, en respuesta estamos mirándonos nuevamente. Lo único es que nuestro comienzo es más interno en términos del mundo académico y los programas”, agregó.
Sin embargo, no pudo precisar si este esfuerzo tomaría seis meses o un año. Ante el asunto de la urgencia, la presidenta insistió en que necesita conocer las premisas -posibles recortes de parte del gobierno- para entonces tomar decisiones.
“Hay que ver la oferta académica. No es cortar, la pregunta nunca es cortar, la pregunta no es eliminar recintos, qué significa eliminar recintos, la pregunta es ver cómo podemos continuar con nuestra excelencia dentro de un contexto de ajuste y necesitamos entonces saber ese ajuste para entonces tomar unas decisiones responsables”, sostuvo Freytes.
En la sala de las vistas de transición, las sillas reservadas en el público por el comité de transición entrante pertenecían a Norman Maldonado, expresidente de la UPR y exmiembro de la Junta de Síndicos, José Garrigá Picó, profesor de la UPR y exlegisador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Berríos, expresidente de la Junta de Síndicos bajo el exgobernador Luis Fortuño, Arturo Avilés, exrector del Recinto de Bayamón, Manuel Gómez, exvicepresidente de tecnología e investigación y exdirector del Centro de Recursos para Ciencia e Ingeniería, que está bajo investigación por el Inspector General de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés). Afuera también estaba Juan Varona Echeandía, exrector del Recinto de Cayey, vinculado al escándalo del programa Crece-21. FRENO EN REESTRUCTURACIÓN. Cuando se aprobó la Ley PROMESA en junio pasado, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) desistió de sus esfuerzos de reestructurar la deuda multimillonaria del país.
De acuerdo a su director, el también secretario de Estado, Víctor Suárez, se decidió posponer los esfuerzos hasta que la Junta de Supervisión Fiscal acogiera oficialmente un plan fiscal, dado que podría incluir ciertos cam--
bios en las reglas del juego.
“Se llegaron a propuestas y se acercó a acuerdos en el proceso de negociación voluntaria (pero) PROMESA estableció criterios adicionales, y una gran cantidad de acreedores y nosotros entendimos que era propio actualizar el plan fiscal y una vez se adoptara, iniciar el proceso de reestructuración”, explicó Suárez.
Por ese motivo, en las vistas de transición, el presidente del comité de la administración entrante, Elías Sánchez, objetó la labor durante los pasados seis meses de la Autoridad cuando $34 millones de su presupuesto de $40 millones está comprometido en contratos con asesores externos peritos en reestructuración de deuda.
"Desde verano hasta ahora no ha habido ningún tipo de acercamiento ni comunicación con acreedores para negociar, el plan fiscal no fue en cumplimiento con PROMESA, pasó una sesión extraordinaria y no hubo un proyecto tan vital como la extensión de las 154, los estados financieros auditados necesarios para el proceso de cualquier renegociación de deuda no va a estar disponible... y el gobierno está gastando una cantidad extraordinaria en asesores", cuestionó.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reconoció que los estados financieros auditados del 2015 no estarán listos hasta el tercer trimestre del 2017, lo cual también "complica la renegociación" de la deuda, siendo este uno de sus requisitos.
Aun así, tanto Suárez como el subdirector de AAFAF, Fernando Orenoz, mantuvieron su postura de que renegociar en estos momento sería un esfuerzo fútil, y defendieron la labor de los asesores externos, quienes han levantado "información que nunca antes se había tenido disponible" y que aseguró será utilizada por la administración entrante para enfrentar la crisis, como el informe de situación del Estado Libre Asociado. CASOS DE FAMILIA.Cuando el exgobernador Fortuño abandonó su cargo, quedaban pendientes por investigar 42,142 casos de maltrato familiar, lo cual abonó al total de 159,383 casos de este cuatrienio.
Según los datos provistos en las vistas de transición por el Departamento de la Familia por la secretaria Idalia Colón Rondón, al 8 de diciembre pasado se ha investigado 95% de todos los referidos, y de los pendientes, ninguno se basa en alegaciones que constituyan un peligro inminente de acuerdo al Modelo de Seguridad. Pero esto levantó dudas de la licencia García del comité entrante, quien cuestionó que los casos en efecto se hayan investigado en su totalidad.
Por otro lado, el 30 de noviembre de 2015, la Oficina de Head Start de Washington notificó que la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) “deberá competir con otras entidades para renovar la asignación de fondos para el próximo ciclo de cinco años que comenzará en el 2017”. Esto debido a que incumplió con el 100% de los criterios requeridos en el área de salud y seguridad. PRODUCCIÓN LOCAL.Con una defensa de la producción local de arroz integral para suministrar a los comedores escolares, eliminando así las importanciones, el Departamento de Agricultura inició su turno ante la mesa de transición.
La secretaria de Agricultura, Myrna Comas Pagán, aseguró que al momento de evaluarlo, el proyecto se determinó “económicamente viable”, dado que la libra de arroz importado cuesta 73 centavos, mientras que los costos de producción en la primera etapa apuntaban a 68 centavos por libra con miras a reducirlo.
Sin embargo, a preguntas del ingeniero Manuel Laboy, miembro del comité de transición entrante y designado secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Comas Pagán reconoció que ese margen varía, pues en períodos en que el gobierno federal incentiva su agricultura reduciendo el precio de sus productos, el costo local se coloca por encima del costo importado.
Pese a la incertidumbre de la industria y el hecho de que solo un agricultor se ocupa de las 36 cuerdas sembradas de arroz, la Secretaria mantuvo su postura de privilegiar la pro- ducción local sobre la importación.
“Ha demostrado que es rentable económicamente viable y que hay un mercado, por lo que yo entiendo que tiene todo el potencial de ampliarse en el País”, sostuvo.
Aparte de los proyectos de arroz y de caña, resaltó las 35 mil cuerdas de terreno trabajadas bajo el plan de seguridad alimentaria, destinadas a la producción de ganado de carne, al café, a los cítricos, al aguacate, junto al establecimiento de nueve proyectos de ambiente protegido y 84 hidropónicos, “todo ello encaminado a fortalecer la canasta de alimentos básica del puertorriqueño”.
“Entendemos que vienen ajustes. Es momento de trabajar de forma distinta minimizando la estructura política y la influencia política en la Universidad” CELESTE FREYTES Presidenta interina UPR “El gobierno de Puerto Rico está gastando una cantidad extraordinaria en asesores para sencillamente poner en pausa la renegociación de la deuda” ELÍAS SÁNCHEZ Presidente comité entrante “Bajo nuestra administración se trabajaron 35 mil cuerdas de terreno bajo el plan de seguridad alimentaria (para) fortalecer la canasta de alimentos” MYRNA COMAS PAGÁN Secretaria de Agricultura