Vuelven a la carga las organizaciones
Firman contrato que les permite regresar a ofrecer servicios desde los residenciales
Las organizaciones sin fines de lucro a las que la Administración de Vivienda Pública (AVP) les ordenó cancelar sus servicios, podrán regresar a los residenciales públicos, escenario desde donde impactan la vida de miles de niños, jóvenes y personas de edad avanzada en necesidad.
Aunque el reclamo -luego que la AVP cancelara de forma unilateral la firma del contrato que garantizaba la prestación de los servicios- rindió frutos, directivos de algunas de las entidades impactadas siguen a la espera de una respuesta del titular de la AVP, Gabriel López Arrieta, sobre las razones de por qué el contrato original nunca se concretó.
El proceso que sostuvieron los representantes de las organizaciones ayer y del cual López Arrieta no participó, fue el mismo que habían llevado a cabo hace menos de un mes. No hubo cambios en las condiciones del contrato, en el monto de los fondos ni en el tipo de servicios que proveen.
“No cambió nada y la explicación nunca la dieron... nos hubiese gustado una explicación de lo que sucedió porque habíamos respondido a todas las peticiones e informes, sometimos en ley e hicimos el mismo proceso que hoy (ayer)”, expresó Brenda Liz Santos, directora ejecutiva de Crearte.
Tampoco se les notificó si se les reembolsará los gastos incurridos por los servicios prestados posterior a la fecha de vigencia del contrato inicial.
OFRECE VERSIÓN. López Arrieta explicó ayer a El Nuevo Día que la cancelación de la firma del contrato fue como resultado de una auditoría externa que se realizó en el área de servicios al residente.
El análisis, dijo, resultó en varias sugerencias. “La interrupción de los servicios era porque queríamos atender las recomendaciones de los controles internos”, planteó.
Sin embargo, ninguna de estos controles fueron incluidos en los contratos firmados ayer por los proponentes. “No necesariamente hay que incluir las recomendaciones, sino que (los contratos) sean cónsonos con lo que el área de servicios al residente va a solicitar al proponente de servicio”, alegó López Arrieta.
En total, la AVP maneja $60 millones en fondos federales para el área de servicios al residente, los cuales se distribuyen entre miembros del tercer sector, entidades privadas, municipios y agencias públicas.
De los $60 millones, $18 millones son divididos entre 16 organizaciones sin fines de lucro.
Respecto a la posibilidad de un reembolso sobre los servicios que ofrecieron las entidades posterior a la fecha en que habían firmado el contrato inicial, López Arrieta sostuvo, que sólo están cubiertos aquellos que fueron prestados hasta el 30 de noviembre.
Recalcó que las organizaciones no debieron haber incurrido en gastos en fechas posteriores, ya que el contrato terminaba ese día. Sin embargo, algunas de estas confirmaron a El Nuevo Día que continuaron con la prestación de servicios ante la garantía de que el titular de Vivienda estamparía la firma en el documento.
“Aún no sabemos las razones, porque nunca se dijeron. Uno no puede especular, pero lo que sí se sabe es que son las mismas condiciones y que, en efecto, perdimos esas tres semanas de de servicio”, expresó José Luis Díaz
Cotto, oficial ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré (CSIF).
En el caso de los CSIF, la cancelación del contrato implicó el despido de 83 empleados y dejar desprovistos de servicios a 2,179 participantes que impactan a través de 21 residenciales en los pueblos de Ponce, Santa Isabel, Juana Díaz, Guayama, Salinas y Cayey.
NO ES CARIDAD. La directora ejecutiva de Crearte enfatizó en la necesidad de que el Gobierno entienda y reconozca el alcance del trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro.
El dinero que se les asigna a través de propuestas, sostuvo, no es limosna ni mucho menos se trata de un favor. “Tienen que acabar de entenderlo, que nosotros no somos monjitas de la caridad. Somos mujeres y hombres profesionales, nuestra clientela es la comunidad y nuestro escenario de servicio es una organización sin fines de lucro”, añadió
“Esto es una crisis mucho mayor a la firma de un contrato. Estamos trabajando con seres humanos que se sintieron desprovistos de repente. Estamos dando servicios que hoy día el gobierno no puede responder porque no tiene la capacidad”, insistió.
Crearte impacta a 433 participantes y emplea a 97 recursos, incluyendo servicios profesionales. Al igual que otras entidades es escenario de investigación y formación de nuevos profesionales.
“No sabemos las razones, porque nunca se dijeron. Uno no puede especular, pero lo que sí se sabe es que son las mismas condiciones y que, en efecto, perdimos esas tres semanas de servicio” JOSÉ LUIS DÍAZ COTTO Centros Sor Isolina Ferré “Son 16 organizaciones con un presupuesto de $18 millones en fondos federales. Con cada una de ellas se van a retomar los servicios como estaban originalmente” GABRIEL LÓPEZ ARRIETA Titular de la Administración de Vivienda Pública “Si la política o el gobierno escoge a las organizaciones para cuadrar sus presupuestos lo que están haciendo es enterrando posibles esperanzas de desarrollo” BRENDA LIZ SANTOS Directora ejecutiva de Crearte