ECONOMÍA: MIDA demanda a la Autoridad de Puertos por cobro de peaje
La agencia reinició el cargo por la inspección de furgones
QA pesar de que el Tribunal Apelativo detuvo el cobro por las inspecciones de furgones en los puertos en octubre pasado debido a que la Autoridad de Puertos (AP) dejó vencer el reglamento en el año 2014, la agencia reinició ayer el cobro a todos los importadores mediante un nuevo reglamento de emergencia.
Así lo denunció ayer Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), quien indicó que la entidad impugnó en los tribunales el nuevo de reglamento de emergencia.
MIDA cuestionó el que la AP comenzara a cobrar nuevamente por las inspecciones de furgones sin haber realizado un análisis de costo-beneficio ni dar espacio para discutir el asunto en vistas públicas. De hecho, la AP había convocado vistas públicas ayer sobre otro reglamento relacionado, lo cual los importadores entienden que se trata de un ejercicio de futilidad porque ya comenzaron el cobro nuevamente sin dar oportunidad al proceso.
La agencia basa su actuación inmediata en una declaración de necesidad apremiante. El sistema de inspección de furgones ha podido recaudar solo $322 mil en evasión, y no se ha mencionado hallazgos de drogas y armas, uno de los principales objetivos del programa.
“Este programa ha sido un fracaso desde su inicio y nos cuesta demasiado darle $20 millones anuales a una empresa del extranjero que evidentemente no ha cumplido con los objetivos. Se ha convertido en un mero peaje o impuesto a la importación de mercancías sin que exista mejoría en seguridad ni en recaudos que justifique la inversión”, afirmó el ejecutivo de MIDA.
“Hacemos un llamado urgente a la actual administración y a la administración entrante para que detengan este despilfarro innecesario y no permitan su reinicio atropellado. Nuestra economía necesita desesperadamente que se reduzcan los costos de hacer negocios y ésta es una oportunidad de oro por tratarse de algo innecesario que ahorraría al menos $20 millones anuales a los consumidores. Mientras el Gobierno y la Junta (de Supervisión) Fiscal se están rompiendo la cabeza buscando maneras para reactivar la economía y consideran reducir empleos públicos, beneficios y servicios esenciales, aquí tenemos un mangó bajito, por lo que no entendemos la insistencia”, añadió Reyes.
Según el ejecutivo de MIDA, Aduanas federal siempre ha estado a cargo de supervisar la entrada de mercancías a la Isla y ha sido mucho más efectiva por lo que éste es un gasto redundante que se le puede ahorrar al consumidor y a los empresarios.
“Como poco, la administración saliente debe detener este proceso atropellado en pleno período navideño y de transición, permitiendo a la nueva administración, que está obligada a efectuar recortes importantes a partir de enero, realizar las evaluaciones pertinentes”, manifestó. CRÍTICA A LA RENOVACIÓN. MIDA llamó la atención a que el contrato con la empresa proveedora de este servicio es por 10 años, pero dispone que en el séptimo año se puede optar por una extensión de cinco años adicionales. “Según nuestros cálculos, ese término ocurre precisamente en estos días por lo que el País, el nuevo Gobierno y la Junta de Control Fiscal deben tomar nota para evitar esa renovación sin que al menos ocurra una evaluación a la luz del contexto fiscal actual y los resultados del proyecto. La otorgación de un contrato tan extenso con el potencial de llegar a los 20 años sin tratarse de una APP (alianza público privada) ha sido uno de los cuestionamientos de este controversial proyecto”, sostuvo Reyes.
Al momento, hay al menos otros dos procesos paralelos por concepto de cobro indebido en contra de la AP en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal Federal, añadió el vicepresidente ejecutivo.