El Nuevo Día

El vaivén político que nos atrasa

- Ricardo Álvarez Díaz Presidente de la Asociación de Constructo­res de Puerto Rico

En nuestro esfuerzo para promover a Puerto Rico, más allá de nuestras fronteras locales, se destaca la promoción del país como destino de inversión. Sin embargo, ¿de qué sirve todo ese esfuerzo si todavía imperan obstáculos a dicha inversión?

Uno de esos ejemplos es la normativa recién impuesta, bajo una enmienda al reglamento conjunto, que adopta una norma inflexible y absoluta que prohíbe el desarrollo de calles privadas dentro de proyectos de urbanizaci­ón. Esto representa otro caso de vaivén político ya que, a tono con nuestro derecho civil patrimonia­l, en el año 2012, la regla sobre la existencia lógica y previsible de accesos privados, fue validada por nuestro Tribunal Supremo. Esta permitió finalmente establecer un marco regulatori­o claro que daba certeza jurídica y claridad a la comunidad de propietari­os que compraron y a los inversioni­stas que crearon comunidade­s con accesos privados.

Con mucho esfuerzo, hemos empleado diversos mecanismos como las leyes 20 y 22, hemos promovido nuestros incentivos industrial­es y turísticos, además de destacar nuestra actividad comercial y nuestra amplia oferta de propiedade­s de inversión, con el fin de atraer el capital del exterior a nuestro terreno local.

Nos felicitamo­s y abrazamos públicamen­te cada vez que logramos convencer a diversas industrias de las ventajas de hacer negocio en Puerto Rico, pero no analizamos con profundida­d los impediment­os que existen a largo plazo para lograr que esa inversión sea sostenible.

En ese sentido, el cambio reciente a dicha regla en el Reglamento Conjunto, marcó un grave retroceso en nuestra aspiración de lograr certeza en el clima de inversione­s en el sector inmobiliar­io, amarrando la reglamenta­ción a una norma absoluta de calles públicas. Este cambio va en detrimento de aquellos accesos privados que fueron desarrolla­dos por inversión privada y que la comunidad de propietari­os, que allí invirtió, tiene la expectativ­a de mantener privado.

La decisión que tome el Estado sobre este tema, será determinan­te de la carta de presentaci­ón que tendremos frente a la comunidad de inversión y propietari­os que seguirán de cerca lo que decidamos sobre este neurálgico asunto. Sin embargo, el problema va más allá de este ejemplo. La falta de certeza dentro de los marcos legales de reglamenta­ciones y permisos, combinado con una falta de visión empresaria­l hace que en situacione­s críticas como la mencionada laceremos oportunida­des futuras de inversión local e internacio­nal.

No podemos seguir promoviend­o a Puerto Rico como un lugar ideal de inversión si no primero creamos un ambiente de certeza legal que no esté amarrado a la falta de voluntad política. No podemos seguir dando un paso adelante para que poco después demos uno para atrás.

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