Abogan por una Auditoría de la deuda

Grupo ciudadano reclama a Rosselló Nevares que se comprometa a darle permanencia

Por entender que auditar la deuda del Gobierno resulta indispensable para la reactivación de la economía y la estabilización fiscal, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda reclamó al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares que se comprometa a darle continuidad a ese esfuerzo el próximo cuatrienio.

Eva Prados, portavoz del frente ciudadano, señaló que la administración entrante ha guardado silencio en torno a la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público, a pesar de que un análisis preliminar realizado por los miembros de ese organismo alertó sobre posibles ilegalidades en algunas emisiones de esa deuda.

“La comisión es un mecanismo adecuado para hacer esta auditoría por muchas razones. La Ley 97 (del 2015, que creó la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público) especifica el alcance de esa auditoría, que no es de deuda reciente, es una auditoría forense de 40 años de emisiones”, argumentó la abogada en entrevista con El Nuevo Día.

“Aunque nosotros en el frente pediríamos mayor participación ciudadana, la composición tal cual es más representativa de los intereses de los puertorriqueños que la Junta de Control Fiscal, que tiene miembros que han sido señalados como personas involucradas en estas transacciones que, por lo tanto, se tendrían que inhibir de esta auditoría. No podemos apoyar que la Junta haga algún tipo de investigación, tiene que ser la comisión”, subrayó.

Para enfatizar su reclamo para darle permanencia a la comisión y auditar la deuda, Prados dijo que existe un esfuerzo de recogido de firmas que, hasta ahora, ha sumado 7,000 rúbricas. La campaña la realizan a través de la página http://www.peticion.auditoriaya.org/.

La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda indicó que esperan conseguir, al menos, el doble de firmantes, antes de que sometan la petición formal a Rosselló Nevares cuando llegue a La Fortaleza.

Los miembros de la comisión han denunciado reiteradamente que el Gobierno no les ha asignado fondos suficientes para que puedan efectuar su trabajo.

Al mismo tiempo, el grupo civil criticó las recomendaciones que hicieron la semana pasada los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mediante una carta dirigida a Rosselló Nevares y al gobernador saliente Alejandro García Padilla.

Entre las propuestas, mencionaron considerar las Alianzas Público-Privadas, ceder a operadores externos la infraestructura del País, y hacer recortes significativos en las áreas de salud, educación y en el sistema correccional.

“Muchas de las recomendaciones presentadas por la Junta implicarán un alto precio para la ciudadanía, mayor pobreza para las familias trabajadoras y un gran retroceso en el disfrute de los derechos humanos de las próximas generaciones”, añadió Justo Méndez Arámburu, también integrante del frente ciudadano.

“Es una irresponsabilidad y negligencia crasa imponer todas estas medidas de austeridad sin que el pueblo tenga la información completa sobre la legalidad de lo que debemos. Además, qué garantía tiene el pueblo de que esto no vuelva a ocurrir”, aseveró el educador.

“La comisión es un mecanismo adecuado para hacer esta auditoría por muchas razones” EVA PRADOS Portavoz Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda