Luchar desde todo flanco contra las armas ilegales
La más reciente intervención oficial contra el tráfico de armas ilegales da cuenta de este problema reiterado que es componente principal del estado de inseguridad en Puerto Rico y que hay que atacar desde diversos frentes.
Sabemos que la violencia con la que equivocada y trágicamente nuestra sociedad busca resolver los conflictos tiene raíces sociales, culturales y psicológicas, pero la disponibilidad de las armas de fuego en ese lucrativo mercado ilegal facilita los actos de violencia. Romper con este negocio insalubre que se nutre de la miseria social y económica de nuestra juventud es tarea de todas las instituciones puertorriqueñas.
Aunque las autoridades se esfuerzan por perseguir el tráfico de armas ilegales, ocupando cada año gran cantidad de estas, la facilidad con que los artefactos entran a Puerto Rico y el modus operandi de los traficantes abonan a la sensación de que las armas se multiplican a una velocidad que supera la acción de ley y orden.
El operativo llevado a cabo el jueves pasado, al que se destinaron fondos por $280,000, es buena muestra de ello.
La realidad es que las armas ilegales son fuente de desestabilización y dolor en el País. Con ellas se perpetran, no solo los ajustes de cuenta callejeros que provocan tanto dolor y víctimas inocentes, sino que se utilizan igualmente para cometer asaltos, dirimir discusiones familiares y ejercer la violencia de género.
La venta de armas ilegales en Puerto Rico se ha convertido en un efecto colateral del trasiego de drogas, con un perfil de exposición menos llamativo que el del acarreo de las sustancias controladas, lo que inclina a muchas personas a transportar armas y entrar con ellas por el aeropuerto, o prestarse a recibirlas a través del correo o la mensajería privada.
El poco control que existe sobre el trasiego de armas enteras o en piezas, permite que un sinnúmero de pistolas y rifles sofisticados esté en poder de sicarios y otros miembros del bajo mundo, a la vez que promueve el lavado de dinero y la economía subterránea.
Durante la mencionada intervención policiaca, derivada del trabajo de varios agentes encubiertos, se ocuparon 90 armas de fuego, entre ellas 59 rifles. Es bueno recordar que hace menos de un año, en enero de 2016, el Negociado de Drogas y Control de Vicio de la Policía había llevado a cabo otra acción importante en la que se lograron incautar 140 armas de fuego.
Entre los arrestados en ese operativo había una maestra de un colegio privado en Arecibo, que le vendió un rifle a un agente encubierto. También se logró la captura de quien es considerado el mayor fabricante de silenciadores de armas de fuego en la Isla, un hombre residente en Camuy, quien por muchos años fue conserje de una escuela.
Los operativos policiacos pueden ser efectivos sacando de circulación armas y municiones, pero es necesario reforzar medidas que vayan a la raíz del trasiego. Ello conlleva urgir la colaboración de líneas aéreas, transportistas y todas aquellas instancias que, sabiendo que hay equipaje o paquetes con armas, no reportan la situación, o bien por indolencia o bien porque la ley no cuenta con garras suficientes para que lo hagan.
El problema de la criminalidad en Puerto Rico no puede ser reducido al tecnicismo legal, sino que debe tener una dimensión moral que hace mucho tiempo se está obviando.
La Policía debe continuar con sus operativos, pero su trabajo debe corresponderse con controles más severos. Esencial también es atender las circunstancias de marginación que llevan a participar de esta peligrosa actividad, sobre todo a los jóvenes. De lo contrario, el saldo será una gran pérdida de esfuerzo y vida.