Austeridad en las órdenes ejecutivas y los proyectos presentados por Rosselló
Gobierno presenta las primeras ocho órdenes ejecutivas y diez medidas que llegarán a la Legislatura en solo días
Creación de un proceso expedito para la realización de obras y proyectos de infraestructura
Se declara una emergencia fiscal, se reducen los puestos de confianza en un 20% y se congelan las vacantes y los puestos nuevos
Implementación del método de presupuesto de base cero en todas las agencias
Encaminar el desarrollo económico, reducir gastos y controlar la erogación de fondos públicos así como buscar la igualdad laboral y salarial para la mujer son prioridad para la administración del gobernador Ricardo Rosselló, a juzgar por el contenido de las ocho órdenes ejecutivas que firmó y los diez proyectos de ley ya redactados que considerará la semana próxima la Asamblea Legislativa.
Pero podría enfrentar, entre otras cosas, el reto de lo que ha sido la burocracia gubernamental, sistemas arcaicos, voces de oposición y la ausencia de recurso humano por la emigración masiva.
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, desglosó ayer cada una de las iniciativas. Fue categórico en indicar que el gasto público debía ser uno mesurado, menor y justificado.
“Las instrucciones del gobernador es que el que no lo logre hacer (reducir gastos), no tiene cabida en el gobierno de Puerto Rico”, sentenció.
Reconoció, a preguntas de la prensa, que algunas de las medidas a implementarse, no son nuevas y se han intentado en el pasado. Pero aseguró que darán resultados. “Ustedes tendrán la oportunidad –de aquí a seis meses– preguntarme cuánto logramos y yo te puedo asegurar que el gobernador se va a asegurar de cumplir con cada una de ellas”, manifestó el funcionario.
De paso, adelantó, sin dar detalles, que el gobernador “estará tomando medidas adicionales para lidiar con el déficit presupuestario de cerca de $7,000 millones y con la moratoria federal contra litigios, que vence el 15 de febrero. Para ese mes ya se ha estimado que el gobierno se queda sin dinero para pagar la nómina gubernamental si no se toman medidas adicionales. Rosselló había anticipado en entrevista con El Nuevo Día que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal que extienda el estatuto federal.
Mientras tanto, una de las órdenes ejecutivas decreta medidas de control fiscal y reconstrucción económica de inmediato. Establece una “emergencia fiscal”, lo que ya se hizo con la Ley de Sustentabilidad Fiscal, que levantó el malestar de los sindicatos y generó críticas por la falta de empleados en servicios cotidianos como las colecturías, una posible repercusión para el actual gobierno. “En esta orden ejecutiva se congelan las vacantes y los puestos nuevos. Se reducen los puestos de confianza en un 20%. Se ordena a las agencias a cumplir con esta métrica y reducir en un 10% los gastos operacionales, un 10% de contratos de profesionales, una reducción del consumo de energía y agua en un 5% y una reducción en costos de arrendamiento”, precisó Rosario Cortés.
Esa orden ejecutiva no excluye a las corporaciones públicas e indica que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) será el responsable de aprobar cualquier transacción de personal, algo que estableció la pasada administración y que tuvo el efecto de dilatar los nombramientos en las agencias. Por ejemplo, en Educación hubo dilaciones en la contratación de asistentes de servicios educativos para los estudiantes de educación especial.
Los puestos de maestros, policías, profesionales de la salud y trabajadores sociales están excluidos de la orden.
Igualmente, Rosselló emitió otra orden ejecutiva para implementar el método de presupuesto de base cero en todas las agencias e instrumentalidades del gobierno. El primer presupuesto a confeccionarse de esa forma será el que entra en vigor el 1 de julio de este año, precisó el secretario de Asuntos Públicos. Aspira a que se logren ahorros de un 10%, dice la orden ejecutiva que se enfrenta a los sistemas arcaicos en cada agencia, que no tienen conexión entre una y otra. Por ejemplo, en Hacienda, según trascendió en las vistas de transición, el sistema de contabilidad data de la década de 1990.
“Muchas veces ocurre que una partida que tiene una agencia pública deja de ser necesaria en el camino y el jefe de agencia lo que hace es que la mueve para gastarlo en otras partidas. Eso en Puerto Rico no va a pasar más”, sentenció el secretario.
Destacó que el alcance total de ahorro de las medidas dirigidas a ello será divulgado por la OGP en los próximos días.
A tono con estas medidas de austeridad, se crea –también mediante orden del gobernador– el Centro de Oportunidades Federales que busca allegar alrededor de $1,000 millones anuales en fondos federales que hoy día no recibe la Isla. “Puerto Rico participa o solicita fondos de 200 programas federales cuando hay 841. Los estimados preliminares es que a la gran mayoría de esos 841 Puerto Rico podría aplicar”, precisó Rosario Cortés.
También se activan las disposiciones de la Ley 76-2000 según enmendada, a través de una orden ejecutiva. Esta ley provee un “proceso expedito para la realización de obras y proyectos”, lo que requiere hallar un balance entre el desarrollo económico y otras áreas de interés como el ambiente y el bien público. “Hemos vivido en los últimos 10 años una contracción económica del 15% y donde más se ha visto afectado es en la construcción y proyectos de infraestructura. Esta orden ejecutiva declara en estado de emergencia lo que es la infraestructura de Puerto Rico creando un procedimiento más eficiente y rápido para los proyectos de infraestructura que van dirigidos a agua, energía, transportación y cualquier otro vinculado a desarrollo económico mediante infraestructura”, explicó el secretario de Asuntos Públicos.
Atada a esta orden hay otra que es para crear el Grupo Interagencial de Proyectos Críticos para la Infraestructura del Siglo 21. “Se crea un subcomité de cumplimiento ambiental con la Junta de Calidad Ambiental , con la Junta de Planificación, con el Departamento de Recursos Naturales y con la Oficina General de Permisos. La idea sencilla es sacar los permisos rápidos”, dijo, aunque no dio detalles en qué tipo de proyectos.
Otra orden del gobernador establece como política pública uniforme del gobierno de Puerto Rico la garantía de igual paga por igual trabajo y habrá que considerar si tendrá un efecto en las ya precarias finanzas del gobierno. Rosselló ya ha dicho que la medida no redundará en bajar salarios. La orden ejecutiva está directamente vinculada con la creación de un proyecto sometido
para crear la Ley de Igualdad Salarial.
Otra directriz de Rosselló busca promover el bilingüismo en el sistema público de enseñanza. Ordena al Departamento de Educación (DE) aumentar en un 20% las escuelas bilingües para el año 2017-18. “A lo que el gobernador hace un plan legislativo para tratar de llegar a más niños en toda la isla”, dijo el secretario.
Debe haber “al menos una en cada municipio en solo un año”, destacó.
“En estos proyectos bilingües se utilizarán nuevos enfoques de enseñanza del inglés tales como cursos televisados, cursos en línea tipo MOOC (Massive Online Course), alianzas con universidades e integración curricular”, reza la orden que tendrá que lidiar con la falta de maestros certificados en educación bilingüe, obstáculo que enfrentó Luis Fortuño cuando intentó establecer un proyecto similar.
En cuanto a los proyectos de ley –no se incluyó, pero se hará luego– está el que busca crear el concepto de “empleador único” y que permite mover un empleado de una agencia a otra.
Como anticipó a este diario, el gobernador enmendará la Ley de Alianzas Público Privadas para inyectarles dinero a los Sistemas de Retiro y permitir que no solo puedan hacer negocios con el gobierno empresas de la Isla sino también internacionales. También la ley permitirá que las alianzas no solo sean requeridas por el gobierno sino que las empresas puedan sugerirlas.
Se creará la Ley de Incentivos a Profesionales que busca que profesionales que emigraron regresen a la Isla y se retiren aquí.
Para dar paso a la marca de Puerto Rico, sujeta a los vaivenes políticos, dijo Rosario Cortés, se creará la corporación sin fines de lucro Enterprise Puerto Rico, que actuará en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico para atraer inversión a la Isla. Mientras que la Ley para la Promoción de Puerto Rico crea una entidad sin fines de lucro con once miembros que manejará el presupuesto de mercadeo de Turismo para evitar que cada cuatro años cambie la marca y la ruta de Puerto Rico para promocionarse. Serán fiscalizados por Turismo y la Oficina del Contralor, dijo Rosario Cortés.
La Oficina del Inspector General, que se eliminó en el 2013, se creará nuevamente con los auditores que hoy día tiene cada agencia, lo que no representa gastos, dijo Rosario Cortés. Pero el salario del director puede representar un nuevo gasto, al menos mientras no se reestructure el gobierno de inmediato.
También habrá dos leyes de incentivos: una para profesionales y otra dirigida a la clase médica. La primera –mediante un fideicomiso– busca el regreso de profesionales a la Isla. “Flexibiliza lo que son las leyes de fideicomiso para permitir hacer fideicomisos de pensiones a estos profesionales. Además de que aumenta de $53,000 a $75,000 la aportación que puede hacer un profesional a estos planes de retiro, eso tiene una ventaja contributiva que hace atractivo que ese profesional venga y planifica su retiro en Puerto Rico”, destacó Rosario Cortés.
La segunda pretende lidiar con la ausencia o merma de médicos de diversas especialidades. Por los próximos 15 años, se les ofrece a médicos residentes en Puerto Rico y fuera una tasa preferencial de 4% sobre sus ingresos, lo que puede tener el efecto de bajar los recaudos en contribuciones sobre ingresos.
También se crea Ley para la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario que sustituye a la Oficina de Comunidades Especiales y le asignan y le pasan fondos federales de Community Development Black Grant Program y de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.
Además, la Ley del Voluntariado se convierte en la Ley para Programas para Adultos Mayores que obliga al DE y al Departamento de Recreación y Deportes a crear programas y actividades para esta población.
Mientras que la Ley para ayudar a Víctimas de Violencia Doméstica obliga al ministerio público a proveerles acompañamiento.
“Cuando tenemos una crisis fiscal como la que tenemos en este momento, tener la valentía para decir que vas a recortar de los puestos de confianza es un buen inicio” RAMÓN ROSARIO CORTÉS secretario de Asuntos Públicos