A limitar la clemencia ejecutiva del gobernador

La clemencia ejecutiva es un privilegio que la Constitución confiere al gobernador para ser ejercida con la mayor discreción, sensatez y sentido de justicia, y cualquier desviación del cumplimiento de tan grave responsabilidad le transmite un mensaje equi

Esto último es lo que ha ocurrido en cuanto a los indultos otorgados por el ahora exgobernador Alejandro García Padilla, tres de ellos a exalcaldes convictos por delitos sexuales o económicos y otro a un médico convicto por asesinato. Es momento de reexaminar el ejercicio de tan amplia potestad constitucional que posee un gobernador. La corrupción tiene que ser combatida con tesón y perseverancia y nada menos es aceptable. Aquellos funcionarios públicos que habiendo jurado defender los intereses del pueblo que le otorgó su confianza fallan en su deber tienen que responder por sus actos hasta las últimas consecuencias. Acortar sus sentencias es algo que solamente debe ser considerado en circunstancias específicas extremas.

En cuanto a los convictos por delitos no relacionados con corrupción, es también menester del mandatario actuar con la mayor discreción y buen juicio. La vida es sagrada y ninguna persona que se la quite a otro tiene el derecho de salir por la puerta ancha de la impunidad de facto. La muerte de un jovencito a manos de un pediatra es repudiable. Y la acción de darle el beneficio de salir de la cárcel y poder cumplir sentencia en la comodidad de su hogar a un individuo que, como médico, juró tener absoluto respeto por la vida humana como norma de comportamiento ético es, al menos, una tremenda imprudencia.

Los delitos por los que fueron hallados culpables los exalcaldes Edgardo Arlequín, de Guayanilla, y Roberto Vera Monroig, de Adjuntas, se relacionan con el hostigamiento sexual o la comisión de actos lascivos contra empleadas subordinadas a ellos. A Edgar Santana, el exalcalde de Vega Baja, se le halló culpable de solicitar sobornos de contratistas.

La acción de un gobernador influye grandemente en la aceptación de la corrupción en todas sus modalidades. La afrenta y la humillación a la mujer no pueden tener cabida en nuestra sociedad. Intervenir para que los delitos que atentan contra el respeto y la dignidad del ser humano y contra el fisco queden sin castigo, o con uno mínimo, no solo transmite la idea de que los colegas del partido o los amigos tienen el camino libre para actuar mal con la tranquilidad de que no asumirán las consecuencias de sus actos. Se destruye en la práctica el trabajo de los organismos de fiscalización, entre ellos el Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal Independiente y se torna en simbólica su gestión.

En las instancias señaladas se ha informado que García Padilla no contó con el debido análisis de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Por tanto, no se sabe si los beneficiados habían solicitado el perdón ejecutivo, si en efecto cumplían con los requisitos de tiempo mínimo de reclusión y de otra índole ni si tenían el perfil sicológico adecuado. O si han reconocido sus graves errores, si pidieron perdón por ello a la sociedad y si están dispuestos a restituir en alguna medida el daño causado al pueblo y los perjudicados y sus familiares.

Resulta obvio que las víctimas en estos casos no fueron consultadas antes de que la Fortaleza decidiera indultar a sus victimarios. Asimismo, no consta que los indultados hayan mostrado el arrepentimiento por los delitos cometidos, que debe ser condición obligada de cualquier acción a su favor.

No parecen razonables las explicaciones de García Padilla de que se le impusieron condiciones a todos los indultados. Con su proceder, transmite la noción equivocada al País de que se puede delinquir sin recibir el debido castigo, a la vez que se desmerece la obligación constitucional, legal y moral de los componentes del sistema de hacer valer las leyes. Su mal juicio y total desprecio a la justicia plantean un abuso craso de la discreción que debe presidir las decisiones del mandatario que afecten a los ciudadanos.

Confiamos en que la actitud festinada y repudiable asumida por el exgobernador García Padilla en la otorgación de clemencia ejecutiva no se repita jamás por ninguno de sus sucesores en el cargo.