CONTROVERSIAL ORDEN EJECUTIVA
El decreto del gobernador, que podría viabilizar el endoso de proyectos en 25 días, abre la discusión entre los expertos sobre la tensión entre el desarrollo económico y las protecciones del bienestar social
La orden ejecutiva que declara en estado de emergencia la infraestructura de Puerto Rico, por un lado, tiene la capacidad de acelerar la inversión de capital en el País y, por el otro, puede poner en riesgo los recursos naturales y atentar contra la salud o estabilidad de comunidades que resulten impactadas.
En esencia, el decreto firmado el 2 de enero por Ricardo Rosselló Nevares le da al gobernador poderes extraordinarios, similares a los que suelen activarse tras un desastre natural, para impulsar rápidamente proyectos de infraestructura. Con el cambio, los procesos que de ordinario sirven de salvaguardas para la fiscalización ciudadana y la planificación detallada son acortados y, en teoría, iniciativas tan complejas como la creación de una planta generadora de energía podrían ser aprobadas en solo 25 días.
“La raíz del problema es que el Gobierno se ha encauzado en una solución a la crisis fiscal y económica que afecta el medio ambiente y la salud”, denunció el abogado Pedro Saadé, de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
“La premisa falsa es que hay que acelerar los permisos, pero en realidad los permisos no son la causa de la crisis económica. Sí, hay parte del proceso de permisos que hay que reformar, pero hablar de permisos sumarios en proyectos más complejos es peligroso”, añadió.
La intención expresa de la orden es mejorar la infraestructura del País, de modo que se estimule el desarrollo económico con el establecimiento de nuevos negocios y la inversión de capital, que se ha visto diezmada durante la crisis económica. Según datos de la Junta de Planificación, en el 2006, el primer año de la depresión, se invirtieron $11,833 millones en Puerto Rico. Para el 2015, esa cifra había bajado a $8,635 millones, una caída de 27%. Y esto es sin tomar en cuenta que hoy día el dinero rinde menos que antes, por el efecto de la inflación.
“Hay mucha necesidad de inversión… El desarrollo económico no es enemigo del ambiente. No hay necesidad de violentar las disposiciones ambientales y no creo que lo que se quiera sea eso. La orden ejecutiva lo que busca es mover la burocracia de permisos que atrasa tanto la inversión y desalienta el desarrollo. Nada de esto debe chocar porque mucho de lo que hace falta es renovación de la infraestructura existente”, opinó el expresidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Luis Torres Llompart.
Por ejemplo, desde mediados de la pasada década, la Autoridad de Energía Eléctrica ha intentado en varias ocasiones renovar su sistema de producción energética y se ha visto atorada en sus esfuerzos por la falta de fondos y los procesos de permisos, mayormente a nivel federal. Del mismo modo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ha paralizado su plan de mejoras permanentes ante la falta de dinero para invertir. También, sobre el tintero hay una serie de iniciativas privadas, como la incineradora propuesta para Arecibo, que han confrontado problemas con los endosos y la oposición ciudadana.
El profesor de administración pública de la UPR-Mayagüez, Cecilio Ortiz, entretanto, afirmó que la declaración de emergencia pinta un cuadro que “dista mucho” del estado real de la infraestructura en la Isla. Indicó que el escenario descrito es “tan tétrico que le hace daño a la Isla cuando inversionistas están pensando si hacen o no negocios aquí. Es un arma de doble filo, porque queriendo vender el estado de crisis, lo menos que piensan quienes las leen es que aquí hay un ambiente propio y seguro para cualquier inversión”.
COSTOSO HACER NEGOCIOS. La fragmentación y los retrasos usuales en el sistema de permisos han sido una queja constante del sector empresarial de Puerto Rico, hasta el punto que el tema ha sido
consecutivamente uno de los principales en las campañas políticas de los candidatos a la gobernación.
Los intentos de reforma al sistema de permisos se han visto limitados por la multiplicidad de partes involucradas en el proceso y el balance entre el interés de desarrollo económico, la protección ambiental y la participación ciudadana.
“Pienso que la prisa es mala compañera. Nosotros tenemos que respetar el ordenamiento que aquí se ha logrado, por ejemplo, con el Plan de Uso de Terrenos y con el medio ambiente. Tenemos que tener cuidado con lo que se va a hacer. No estoy de acuerdo con la burocracia excesiva pero tampoco con que brinquen toda la reglamentación por el desarrollo económico”, dijo el economista José
Caraballo Cueto, al hacer una distinción entre el desarrollo económico y el bienestar social.
OPOSICIÓN A LA ORDEN. Hace casi siete años, grupos comunitarios combatieron una orden ejecutiva similar promulgada por el entonces gobernador Luis Fortuño Burset y que se limitaba a los asuntos energéticos.
Ortiz recordó que la “experiencia negativa” de los procesos expeditos bajo Fortuño se vio en proyectos como el gasoducto (Vía Verde) y la incineradora de Arecibo, que sigue dando bandazos.
“Estos movimientos desde el Ejecutivo tienden a desmantelar procesos establecidos, precisamente, para salvaguardar el bienestar público. Al designar como emergencia el estado actual, dejan de ocurrir procesos como vistas públicas y otros esenciales de participación ciudadana”, alertó.
Añadió que, a la larga, la “relajación de estándares” rebota en darles paso a proyectos “de calidad inapropiada” y/o que cargan la duda de si fueron aprobados para favorecer a terceros.
“La gobernación (de Rosselló) tiene una presión que la de Fortuño no tenía: alinear su política de infraestructura a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que, de facto, está dictando cómo se van a llevar a cabo los procesos. Rosselló tenía dos caminos: ser colaborador o antagonista. Vemos que ha optado por lo primero. Al hacerlo, abre la puerta para que él también pueda, si las cosas no salen bien, echar la culpa a la Junta”, destacó.
En tanto, Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración, se expresó “indignada” con las órdenes ejecutivas, al tiempo que acusó a Rosselló de quererlas pasar “por debajo de la mesa” firmándolas a horas de haber asumido el cargo y durante días festivos.
“Es lamentable que las cosas se estén dando así. Son órdenes que vienen a destrozar al País en términos ambientales y de salud. Es revivir todo lo que pasó anteriormente”, aseveró.
Conty expuso que la declaración de emergencia “tendrá el efecto” de privatizar el servicio eléctrico, de agua y alcantarillado, y “hasta las playas”, por lo que urgió a las comunidades “a activarse”.