Administrar la caja era un acto de malabarismo
Explica que se dilató el pago a suplidores, agencias y contribuyentes para mantener a flote el Gobierno
En una mirada retrospectiva, sobre todo del pasado año 2016, el ahora exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza describe lo que fue su trabajo como “un ejercicio de malabarismo”.
“No fue fácil”, dijo con evidente alivio durante una entrevista con El Nuevo Día cuando apenas comienza el año.
El 1 de mayo del pasado año, reconoció, cambió su función y la operación en el Departamento de Hacienda, la caja registradora del Gobierno.
“La función de manejo de efectivo pasó de ocupar de un 1% del tiempo del secretario, a un 25% del tiempo”, afirmó.
Hacienda debió contar solo con el dinero que ingresaba a sus arcas. Atrás quedaron los salvavidas recurrentes en las finanzas del País: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para la emisión de líneas de crédito y el mercado financiero para coger prestado. Esto provocó que cerraran válvulas en Hacienda y se echara mano al efectivo que se tenía, lo que significó retrasar el pago de reintegros, el de los suplidores del Gobierno y el de algunas agencias o corporaciones públicas que dependían del Fondo General, dijo.
Igualmente, quedaron en el pasado otras herramientas que se usaron para lidiar con la insuficiencia de gastos como los fondos de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante y otras ayudas no recurrentes como los fondos ARRA (Ley federal de Estímulo Económico).
Así las cosas, Zaragoza puso freno a los pagos. “A la hora de soltar los cheques, siempre lo principal era salud y educación”, reveló.
El 1 de mayo de 2016, el Gobierno central tuvo el primer impago en su historia. Al día siguiente, el exgobernador Alejandro García Padilla anunció al País que el BGF no pagó $422 millones de una deuda de $2,008 millones. Zaragoza respondió en la afirmativa cuando se le preguntó si fue este el momento más difícil. “Yo te diría que sí (silencio)”, aseveró, pareciendo recordar el tenso aire que se respiraba en aquel momento en La Fortaleza cuando el equipo fiscal del exgobernador se reunía para discutir los entuertos de las finanzas del País.
“Ese momento de aceptación de que no era viable el seguir corriendo el Gobierno y simultáneamente pagar la deuda... la gente piensa que eso fue a la ligera. No lo fue. Estábamos conscientes de la gran cantidad de bonistas. Nosotros llevamos décadas viviendo una gran mentira, una burbuja de financiamiento. Viviendo una mentira ‘fia’. Cógete los cuatro año de (Luis) Fortuño. Los presupuestos se cuadraron con (ingresos de) COFINA. Llevamos décadas pagando gastos corrientes con financiamiento y, de momento, todas esas avenidas de financiamiento se cerraron. Es como el que funciona con préstamos de la financiera y pidiendo adelantos al papá y la machina sigue corriendo a ‘fiao’ limpio”, puntualizó.
QUÉ SE HACÍA. “Era un manejo de cash flow un poco a la microgerencia, de todos los días evaluar qué se pagaba y qué no se pagaba. Era una función que antes los secretarios (de Hacienda) no hacían. Averiguabas más o menos cuánto había en la caja y ya. Todo se pagaba. Era cuestión de cuánto se pagaba. Las únicas válvulas que teníamos ahí era reintegro, suplidores, a veces la Universidad de Puerto Rico (UPR), pagos a los municipios en los que nos atrasábamos”, sostuvo.
“Hubo momentos, especialmente el año fiscal pasado, que estuvimos atraque sados 3 y 4 meses en pagos (a suplidores). A veces estuvimos atrasados con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y (la Administración de) Tribunales. También con casi todo el mundo estuvimos atrasados en algún momento. Eso nos obligó a mantener una comunicación bien estrecha con estas agencias porque estábamos bien conscientes de que si nosotros no teníamos una herramienta, ellos tampoco. No era para ahogarlos”, confesó el exsecretario. Dijo que era para poder subsistir.
“Siempre, estos aguantes con ellos, se hicieron coordinados. Me decían ‘ahora sí que no puedo, tienes que soltarme (dinero)’. Pues se le soltaba. No creo que se afectaron servicios”, dijo al tiempo que recordó que tomó medidas para allegar más fondos con los embargos a deudores y subió de 53% a 68% la captación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
A la UPR, gracias a una fórmula establecida por ley, Hacienda debía pasarle entre $75 y $80 millones mensuales. Se hacía en la medida que el flujo de efectivo lo permitiera, dijo Zaragoza. Con los Sistemas de Retiro se hizo algo parecido. Explicó que a principios del cuatrienio (2013) se legisló para aumentar la cantidad de dinero que debía aportar el Gobierno. Eso no se concretó.
Se suponía que a partir del año fiscal 2014 el sistema recibiera entre $120 y $595 millones anuales. Sin embargo, solo han recibido $138 millones, cifra está muy por debajo de lo estipulado en la legislación, trascendió en las vistas de transición.
“Al final, se le dio parcialmente (el desembolso). Se le quedaron a deber $400 a $500 millones”, admitió. “No le cogí dinero prestado a Retiro, sino que no se cumplió con el compromiso de capitalización adicional”, abundó.
Reconoció, sin embargo, que no inyectarle más dinero a Retiro agravó su ya precaria situación, pero que “había servicios esenciales que correr”.
“Fueron años que nos quedamos cortos en los recaudos. Todos los años nos quedamos cortos en los recaudos por la difícil situación económica, la emigración, la evasión contributiva. Era algo difícil de entender. A menos que estés allá adentro es que puedes aquilatar todos los esfuerzos por mantener el Gobierno corriendo y mantener los servicios”, aseveró.
De otra parte, Zaragoza reconoció que los estados financieros auditados del 2015 no estarán listos hasta el tercer trimestre de 2017, lo cual también “complica la renegociación” de la deuda, cuando este es uno de sus requisitos para ese proceso e impacta directamente al gobierno entrante.
Ahora bien, explicó que esa demora fue producto del mismo desbarajuste en las finanzas del Gobierno. “La velocidad con que se sacan los estados financieros depende del ente que se está auditando y en el caso de las finanzas del Gobierno requirió ampliación de procesos por parte del auditor, ser más riguroso en cuanto a las divulgaciones en las notas. Por primera vez en 75 años, hubo que computar la reserva de préstamos incobrables al BGF. Creo que la gente no entiende el grado de endeudamiento con que corría el Gobierno. No fue incompetencia ni falta de voluntad (el atraso)”, apuntó.
¿Por qué no se atrasaban en años anteriores o gobiernos anteriores?, cuestionó El Nuevo Día.
“No se había destapado la verdad. No había explotado la crisis. No había habido un impago, etcétera”, respondió.
Aclaró que los pagos atrasados en cuentas gubernamentales no eran enteramente responsabilidad de Hacienda. “Allá afuera también hay una confusión grande. Pagos atrasados de energía eléctrica y de agua o a algunos suplidores… Eso les corresponde a las agencias y a corporaciones públicas pagarlo de su presupuesto”, aclaró.
PRESIÓN POR DOQUIER. Reveló que el freno de Hacienda en pagar deudas
“Hubo momentos, especialmente el año fiscal pasado, que estuvimos atrasados 3 y 4 meses en pagos (a suplidores). A veces estuvimos atrasados con el CRIM” JUAN ZARAGOZA exsecretario de Hacienda
fue usado por algunas agencias para justificar su burocracia e ineficiencia. “Tardaban tres y cuatro meses en enviar una factura y a la semana quería que lo aprobaras y ahí se creaba la crisis. Nos ponían presión para hacer el desembolso sabiendo de la crisis”, afirmó.
En cheques impresos en bóveda, que correspondían al pago a suplidores, Zaragoza llegó a tener hasta $350 millones que representaban el pago por dos meses y medio. “Casi siempre los suplidores y los reintegros eran los más que sufrían”, reiteró.
Al marcharse de Hacienda, dejó $150 millones en cheques impresos en bóveda. “Cuando antes en el cuatrienio se dejaban $300 y pico de millones”, apuntó.
Destacó que, en base a los recaudos que tenía Hacienda, los meses más difíciles eran julio, agosto y septiembre.
“Ahí necesitas los trans (los adelantos que sustituyen los recaudos en contribuciones sobre ingresos) que nosotros los hicimos entre el mismo gobierno, intragobierno. Unos $400 millones de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, del Fondo del Seguro de Estado. Hay que entrar en un proceso de reestructruación de la deuda. Esta situación es insostenible. No puedes operar, hacer. No puedes hacer infraestructura, inversión de capital”, reflexionó.
Aseguró que, al marcharse, dejó un mejor cuadro. “No dejo la cuenta vacía. Se manejó responsablemente. Consciente de que las herramientas de financiamiento del secretario están bien limitadas, fuimos cautelosos y responsables dejando un balance suficientemente considerable para que, junto al dinero que entre en enero, haya dinero para pagar la nómina. Estamos cons- cientes que no hay, contrario al pasado, financiamiento, que son bonos, trans, y líneas de crédito del BGF”, reiteró.
También dejó e en flujo de efectivo, al 30 de diciembre, $288 millones. “Metí el freno al final sabiendo que los números de diciembre no estaban muy buenos. Lo hice varias veces en el año”, dijo sobre la práctica que fue recurrente en el pasado cuatrienio.
“Esto es una centrífuga. Si le sumas $600 que entran (en recaudos) en enero, fondos federales y otras cosas… ya ahí tienes casi $900 millones. Hay dos nóminas de $190 millones cada una, el 12 y el 26 de enero. Ahí está el dinero”, explicó.
Ahora bien, destacó que si no se toman medidas para reestructurar la deuda y extender la moratoria que impuso la ley federal PROMESA, que vence el 15 de febrero, habrá problemas para pagar nómina. De inmediato, dijo que pueden surgir demandas que tengan el efecto de congelar o embargar las cuentas del Gobierno. “Ese es el peligro”, apuntó.
“Eso fue lo que expliqué en las vistas de transición. Hay tres gastos importantes para evaluar la caja: el balance del pago de reintegro, que ya no se debe nada, cheques impresos, más un balance robusto de $288 millones. Lo que demuestra es que es un cuadro de cash
flow razonable dentro de los problemas de liquidez que tememos. No es que estemos boyantes. Se manejó responsablemente el cash flow”, recalcó. “Si se maneja bien el cash flow, debes terminar con $150 millones a final de enero. En febrero deben entrar $500 a $700”.
En los fondos del clawback (fondos que puedan reclamarse por la vía de retención) hay $200 millones en una cuenta del Banco Popular y una cantidad idéntica en el BGF. “Los del BGF están congelados y el del Banco Popular, lo dejamos ahí y se retuvo para pagar la deuda. Está ahí disponible”, sostuvo.
Recomendó dejar ese dinero en el banco “hasta que se tenga un cuadro claro de renegociación de la deuda”.
Recalcó que es imperativo que Hacienda tenga tecnología para combatir la evasión contributiva, reclute agentes de rentas internas para tener recaudos adicionales por $500 millones. “Eso no hay que pensarlo mucho. Lo que hace falta es la voluntad para hacer los cambios. Hay que hacer eso, capacitar el personal, diseñar el plan y ejecutarlo”, destacó.
Actualmente, solo el 3% del presupuesto de Hacienda es destinado a tecnología. Con esto se hizo posible la radicación electrónica compulsoria de las planillas, la implementación de un Sistema Unificado de Rentas Internas para agilizar el manejo de impuestos desde un solo sitio, y el Sistema Integrado Financiero y Administración Central.
A juicio de Zaragoza, todo eso debe continuar, al igual que los embargos sorpresa de Hacienda para dar a respetar la agencia y que se le pague, puesto que la evasión no solo se da con el IVU, sino con las bebidas alcohólicas, los cigarrillos y hasta el petróleo.