Gobierno iniciará diálogo con acreedores
Las negociaciones con los acreedores inician la semana próxima
“La ley establece que la negociación (con los acreedores) le corresponde al gobierno” ELÍAS SÁNCHEZ Representante del gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal
Q WASHINGTON.- La administración de Ricardo Rosselló va a comenzar la semana próxima en San Juan las negociaciones con los acreedores del gobierno de cara a un proceso de reestructuración de la deuda.
Las reuniones –previstas para el miércoles y jueves– tendrán lugar después de que la Junta de Supervisión Fiscal tuviera en Nueva York sus propias conversaciones con bonistas y un tribunal federal de apelaciones ordenara una audiencia sobre el freno en la litigación judicial para el cobro de las obligaciones financieras del gobierno que impuso la ley PROMESA.
Las sesiones convocadas por el Gobierno de Puerto Rico permitirán tener un diálogo directo independiente con los acreedores de cada uno de los 17 emisores de deuda, confirmó ayer Elías Sánchez, representante del gobernador en la Junta que controla las finanzas públicas de la Isla.
Con ellas, el gobernador Rosselló reclamará que le corresponde al Gobierno de Puerto Rico, no a la Junta federal, llevar a cabo las negociaciones con los acreedores, de cara a un acuerdo que permita redefinir los términos y reestructurar la deuda.
Sánchez sostuvo que el bufete legal Dentons –con experiencia en procesos de reestructuración en varias localides de EE.UU. y a nivel internacional– asistirá al gobierno, pero que serán los funcionarios de la Isla los que controlarán el proceso.
“La ley establece que la negociación le corresponde al Gobierno de Puerto Rico. Tiene que ser certificada y validada por la Junta”, indicó.
Dentons fue contratado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) del Gobierno de Puerto Rico, tras una solicitud de propuestas de empresas que pudieran tener las calificaciones necesarias. Sánchez destacó la experiencia de Dentons en la reestructuración de la deuda pública de Detroit por medio del capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras y específicamente “salvaguardando la integridad” de los porcentajes de las pensiones de los jubilados. “Eso los ubica en la mejor posición para darle asesoría al Gobierno de Puerto Rico, que también enfrenta un reto con el tema de las pensiones”, dijo, al indicar que el compromiso del gobernador es “buscar las vías de pagar lo que sea el resultado de la negociación, pero a su vez proteger a los sectores más vulnerables, como son los pensionados”. Por su parte, la Junta federal, que tiene pendiente la petición del gobernador Rosselló para extender en 45 días el tiempo para presentar un plan fiscal a largo plazo, tuvo reuniones el miércoles y el jueves en Nueva York con bonistas del gobierno.
Sánchez evitó dar detalles de con quiénes se reunieron. Pero, el grupo Bonistas del Patio confirmó que fueron parte de las conversaciones, que se dieron de forma independiente con varios grupos de acreedores.
“Fue una reunión informativa y muy positiva”, indicó el presidente de la Junta de Directores de Bonistas del Patio, Rafael Rojo.
Los residentes de Puerto Rico que tienen bonos del gobierno son más de 60,000 y representan cerca del 20% de la deuda del gobierno, según Rojo, quien estuvo acompañado por el director ejecutivo de su organización, Jorge Irizarry, y el asesor legal Carlos Rodríguez.
Cuando la Junta convocó originalmente a las reuniones con los acreedores en Nueva York, uno de los sorprendidos fue el propio Sánchez, quien dijo entonces que ha reclamado a los miembros de la autoridad fiscal que le mantengan informado de cada paso que toman.
En las reuniones del miércoles participaron Sánchez –con voz pero no voto en la nueva autoridad fiscal que funciona por encima del Gobierno de Puerto Rico y que impuso PROMESA–, el profesor David Skeel y el exjuez de bancarrota Arthur González. DEBATE JUDICIAL. Mientras miembros de la Junta conversaban con acreedores y a un mes de la primera fecha de vencimiento de la moratoria, un panel del Primer Circuito de Apelaciones devolvió al Tribunal Federal de San Juan el debate sobre la constitucionalidad del freno en la litigación judicial para el cobro de deuda del gobierno.
Por un lado, en una demanda de Peaje Investments, el panel de jueces integrado por el juez presidente Jeffrey Howard, Rogeriee Thompson y William Kayatta, confirma la decisión del juez Francisco Besosa, del Tribunal Federal de San Juan, de mantener la moratoria, que tiene su primera fecha de vencimiento el 15 de febrero.
Pero, en el caso de varios demandantes con bonos del Sistema de Retiro de los empleados públicos, encabezados por Altair Global, el panel de jueces concluyó que tienen derecho a una audiencia, por lo que el proceso regresa al tribunal de distrito.
El juez Besosa programó pero luego canceló esa vista judicial. Con el primer vencimiento de la moratoria a solo un mes, el panel sostuvo que la audiencia debe celebrarse con prontitud. “El grupo que presentó el caso tiene el peso de probar que están desprovistos de un remedio futuro”, indicó Sánchez desde Nueva York.
Mientras, David Martin, abogado experto en quiebras, dijo que en el caso de los acreedores del Sistema de Retiro, se les da “la oportunidad de demostrar que la actuación del gobierno vicia la garantía de pago”.
El Primer Circuito también desestimó la negativa del juez Besosa a permitir la intervención en estos casos de la Junta federal. Aunque devolvió esa controversia a Besosa, se expresó favorablemente a esa intervención.
Ante el Tribunal Federal de distrito está pendiente además otra demanda contra la moratoria de PROMESA incoada por fondos que tienen bonos de obligaciones generales.
“El estándar para levantar la moratoria es demostrar que la garantía de pago ha quedado minada” DAVID MARTIN Abogado experto en quiebras