Urge asegurar los fondos para el plan de salud
Con la sorpresiva aprobación en el Senado de los Estados Unidos de un proceso acelerado para derogar el Obamacare, Puerto Rico necesita respuestas urgentes para encarar los efectos que tendría la eliminación de ese programa federal en el maltrecho Plan de
Especialmente importante es anticipar, con miras a planificar con prontitud, cómo se financiaría la reforma de salud de Puerto Rico una vez se agoten los fondos otorgados bajo la legislación federal, que representan el 43% del costo anual del plan gubernamental. El PSG, cuya financiación cuesta cerca de $3,000 millones anuales, agotará este año el remanente de los $6,400 millones que le asignó el Obamacare y no parece que logrará la paridad en las asignaciones de los programas Medicaid y Medicare por la que se ha venido luchando por los pasados años.
El Grupo de Trabajo nombrado por el Congreso en 2016 para hacer recomendaciones sobre el desarrollo económico de Puerto Rico, en el cual figuraba la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez, planteó la necesidad de atender las asignaciones federales de Medicaid y Medicare para la Isla, pero no propuso claramente la otorgación de paridad.
Debemos, por tanto, exhortar a Velázquez y a los otros cuatro congresistas puertorriqueños –José Serrano, Luis Gutiérrez, Raúl Labrador y el recién electo Darren Soto— a que unan fuerzas en favor de Puerto Rico y junto al gobierno de la Isla para impulsar la inclusión de la Isla en cualquier legislación que sustituya al Obamacare, que aparentemente se diluirá en otras medidas de asignación de fondos con el fin último de eliminarlo por completo.
El presidente electo Donald Trump ha anticipado que tan pronto el Senado estadounidense confirme al exrepresentante y severo crítico del Obamacare, Tom Price, como secretario de Salud se someterá legislación para derogar Obamacare y reemplazarlo de inmediato con otra medida cuyos detalles no están claros.
Pero, la resolución aprobada en la madrugada del jueves por el Senado para permitir que varios comités comiencen ya a preparar la legislación que desmantelará el Obamacare y la tengan lista para el 27 de enero, parece confirmar que los republicanos podrían ir eliminando paulatinamente las asignaciones que financian algunas de las disposiciones actuales del Obamacare mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria.
La resolución se aprobó en votación de 51–48 y le permitirá a los republicanos desmantelar el Obamacare sin necesidad de los 60 votos que habría requerido la legislación de revocación que anticipa Trump.
En 2015, el designado secretario de Salud presentó legislación para otorgarle créditos contributivos a las personas que adquieran pólizas individuales de salud a base de edad, ponerle coto a la expansión del Medicaid y proveer incentivos y protecciones a lo que se conoce como “cuentas de ahorro de salud”.
Trump y los republicanos del Congreso también han hablado de mantener asegurados a los ciudadanos con condiciones preexistentes, aunque solo a aquellos que hayan mantenido pólizas sin interrupción de servicio. El Obamacare prohíbe expresamente a las aseguradoras el discrimen en contra de esas personas.
Puerto Rico necesita el apoyo de los congresistas boricuas, además del que puede ofrecer la comisionada residente Jenniffer González, para definir ante la mayoría republicana la urgencia de varias medidas, en especial, que se le de continuidad a los fondos asignados bajo el Obamacare para que los pobres de la Isla no sufran la interrupción de servicios médicos. De igual forma, que se identifiquen alternativas de financiación para el PSG e impulsar un aumento en las asignaciones de Medicaid y Medicare que recibe la Isla.
Un millón y medio de ciudadanos depende en Puerto Rico de la reforma de salud y el Medicaid, mientras que la población de personas retiradas está suscrita a planes Medicare Advantage que también dependen de asignaciones federales.
Confiamos en que se pueda transmitir al Congreso la urgencia de obtener respuestas claras, sobre todo en vista de que la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido que la Isla no puede presupuestar gastos que dependan de fondos federales que no hayan sido asignados en blanco y negro.
La situación es de incertidumbre. Las respuestas apremian.