La salud no puede ser un negocio
La salud es un derecho humano y, por lo tanto, los gobiernos tienen una obligación moral de proporcionar servicios sanitarios de calidad a todos los ciudadanos. A simple vista, la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de atacar la fuga de médicos reduciéndoles a un 4% la tasa contributiva que pagan parece simpática, aunque en esencia se trata de una legislación de privilegio que no resuelve el problema.
Puerto Rico retrocedió en el área de salud cuando en 1993 el entonces gobernador Pedro Rosselló, padre del incumbente, terminó con el sistema Arbona, que sirvió de ejemplo durante años para países de América Latina y Europa, para imponer la reforma que hoy día se lleva sobre $3,000 millones anuales y está en bancarrota.
La salud en Puerto Rico se ha convertido en un negocio que controlan las aseguradoras y son sus prácticas la causa principal de la fuga de médicos, sobre todo de especialistas y subespecialistas que se marchan a Estados Unidos en busca de mejor remuneración.
La queja mayor de los médicos no es contra los impuestos, sino contra las aseguradoras, que dilatan los pagos o, sencillamente, no les pagan por sus servicios.
Un buen ejemplo de esta situación lo ofreció el prestigioso cirujano cardiovascular Iván González Cancel durante un programa radial esta semana.
Contó González Cancel, quien tiene 23 años de experiencia realizando cirugías de corazón abierto, que una aseguradora le denegó el pago por una operación que realizó, argumentando que no había obtenido la preautorización requerida. Cuando él le respondió proveyendo incluso el número de la preautorización, la aseguradora le contestó al galeno que esa preautorización era para el hospital, no para el cirujano.
González Cancel le planteó a la aseguradora que el hospital no opera, por lo que era lógico que la preautorización cubriera al cirujano, pero no tuvo éxito. Al final, dijo, la aseguradora no le pagó por sus servicios.
Este no es un caso aislado. Son muchos los beneficiarios de planes médicos que no reciben a tiempo los servicios que necesitan porque las aseguradoras se sientan en las peticiones de autorización de procedimientos o de medicamentos. Y muchos también son los médicos que sufren tardanzas, y hasta denegaciones, en los pagos por los servicios que ofrecen a sus pacientes.
De eso es de lo que se trata, no de la tasa contributiva. Como bien señala el exvicepresidente del Senado, Orlando Parga, la iniciativa de Rosselló Nevares tiene un buen propósito, pero está equivocada.
El veterano político sostiene que lo “justo y necesario” es producir legislación para que las aseguradoras les paguen lo que corresponde y a tiempo a los médicos, además de cesar la práctica “irrespetuosa y peligrosa” de confrontar sus diagnósticos por “la mezquindad de reducir costos”.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, opina en la misma línea al afirmar que la situación con las aseguradoras es insostenible.
Lo que debe entender el gobierno es que es incompatible con el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de salud de calidad y al menor costo posible el que las aseguradoras sean entidades con fines de lucro. Los negocios están para hacer dinero y la salud no puede caber en esa premisa.
Tenemos que insistir en que es necesario considerar opciones dirigidas a establecer un seguro universal de salud al que puedan acceder todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica.
El tema ha estado bajo estudio durante años y no deben dársele vueltas a la noria con distracciones que solo retrasan la solución definitiva del problema.