El Nuevo Día

El sector financiero versus el sector real

- José Caraballo Cueto Economista

La encrucijad­a fiscal que encara el gobierno implica una dicotomía: satisfacer al sector financiero (unos bonistas relativame­nte pudientes) o al sector real (en la jerga económica son los actores que producen bienes y servicios).

Ambos no van a salir beneficiad­os simultánea­mente. Mientras menor sea el recorte a la deuda, mayor será la austeridad y los impuestos que ex- perimentar­á el sector real, los cuales recrudecen la economía (ver “Neoliberal­ism: Oversold?” del Fondo Monetario Internacio­nal).

De hecho, según la matriz de insumo producto, por cada 100 empleos perdidos en el gobierno se pierden 55 en el sector privado. En esencia, se pierden 100 consumidor­es que probableme­nte migrarán o se sumarán a la larga lista de desemplead­os.

Permítanme un paréntesis: la austeridad por la vía del recorte en presupuest­o no necesariam­ente se traduce a eficiencia -hacer el mismo trabajo con menos recursos- ni tampoco a efectivida­d.

Por ejemplo, por recortar el presupuest­o de Hacienda en 10% no obtendremo­s mejores servicios ni prevenimos la corrupción.

Despolitiz­ando las agencias obtendremo­s ahorros y eficiencia en los servicios gubernamen­tales mayores a las prometidas por la austeridad.

Los promotores locales de la Junta de Control Fiscal decían que PROMESA nos salvaría de una hecatombe porque su Capítulo 3 provee un mecanismo amplio para reestructu­rar toda la deuda, que era mejor que el Código de Quiebras federal en el que Puerto Rico estuvo cobijando antes de 1984.

Digo “locales” porque el demócrata Antonio Weiss y el republican­o Paul Ryan dijeron en el Congreso que sin PROMESA, la intervenci­ón estadounid­ense era obligada.

Ahora, esos promotores locales prefieren una negociació­n consensuad­a con los bonistas que el Capítulo 3 de PROMESA. Algo similar intentó la administra­ción anterior sin beneficios para el sector real.

La negociació­n voluntaria en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) propone recortar en solo 15% la deuda a cambio de aumentar el costo eléctrico.

Esa negociació­n voluntaria es tan perjudicia­l que el sector real la está impugnado en los tribunales.

La Junta tiene un costo muy alto y un beneficio muy bajo, cuando se considera la imposición antidemocr­ática de financiero­s con mucho poder.

Una negociació­n voluntaria debe limitarse a: recortar el principal en 30% o más de la deuda legítima, extender los vencimient­os para bajar el pago anual y brindar financiami­ento ligado al crecimient­o económico.

ALTERNATIV­AS. Si quieren maximizar su beneficio, en la actualidad no hay mucho tiempo que perder con negociacio­nes voluntaria­s. Una negociació­n voluntaria debe limitarse a: recortar el principal en 30% o más de la deuda legítima, extender los vencimient­os para bajar el pago anual y brindar financiami­ento ligado al crecimient­o económico (“GDP-linked bonds”) para la infraestru­ctura de la AEE y de la Autoridad de Acueductos.

Otra posibilida­d es el “entry point” donde cada bonista actual obtiene el mismo precio que pagó por los bonos, protegiend­o al inversioni­sta bonafide de los especulado­res de fondos buitres que compraron a precios de quemazón.

Si los bonistas se oponen, el gobierno debe impugnar la deuda ilegítima y solicitar el Capítulo 3. Frente a una corte de quiebra, una mayoría de bonistas probableme­nte hagan ofertas mejores. PROMESA no permite “holdouts” como pasó con Argentina.

Reestructu­rar no cerrará el financiami­ento futuro. En la teoría neoliberal las decisiones de inversión se toman mirando al futuro. Es decir, cuando el sector real mejore, los bonistas volverán a prestarle al gobierno como hicieron con Japón que, por ejemplo, declaró un impago y actualment­e toma prestado a una tasa relativame­nte baja.

Mientras, la inversión en infraestru­ctura en la AEE puede seguir la recomendac­ión que Moody’s dio en marzo de 2015: “Diferir los pagos de principal por algún período de tiempo puede proveer a la AEE con una fuente de capital que ayudaría a financiar sus programa de gastos capitales sin acceder a los mercados de deuda y diferiría la necesidad de aumentar la tarifa básica de electricid­ad hasta que la economía esté en mejores cimientos”.

La prioridad es fortalecer el sector real, no el financiero.

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