Alentadora voluntad de diálogo con los bonistas
Con su convocatoria a los representantes de los bonistas, el nuevo gobierno inicia formalmente su esfuerzo por lograr una reestructuración ordenada de la deuda que le permita cumplir con sus obligaciones al mismo tiempo que seguir proveyendo servicios a l
Es una señal positiva que las reuniones con los 17 emisores de deuda de Puerto Rico comiencen la semana próxima, en vista de la proximidad de la fecha límite fijada por la ley PROMESA para la moratoria a las acciones judiciales de cobro, que es el 15 de febrero y aún no ha sido extendida.
Esto se da en el marco de la confirmación por el Circuito de Apelaciones de Boston de la decisión del juez federal Francisco Besosa sobre la legitimidad de la moratoria. Sin embargo, habrá que esperar su decisión en el caso de demandantes con bonos del Sistema de Retiro, a quienes el panel de jueces les reconoció el derecho a una audiencia.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares entiende que corresponde al gobierno de la Isla, no a la Junta de Supervisión Fiscal, negociar directamente con los acreedores, aunque reconoce que toca a la Junta validar las conversaciones y los acuerdos, lo que se desprende del anuncio de la convocatoria hecho por el representante de la nueva administración ante el organismo, Elías Sánchez.
El organismo, asimismo, podrá intervenir en los casos ante el juez Besosa, según decidió el Circuito de Boston. Besosa le había denegado participación al organismo.
Además de un pedido para que se extienda por tres meses la moratoria de litigios, lo que está contemplado en la Ley PROMESA, la Junta tiene ante su consideración también una solicitud de la administración Rosselló para aplazar por 45 días la entrega del plan fiscal que el organismo quería tener aprobado para el 31 de enero.
Aunque cuatro miembros de la Junta se reunieron el viernes con Rosselló Nevares en la Fortaleza para coordinar los trabajos de las partes, se informó que no se discutió la solicitud de aplazamiento porque no estaba presente el pleno del organismo.
La Junta Fiscal también ha realizado reuniones propias en Nueva York con los bonistas, algunos de los cuales se ha informado que no estarían en desacuerdo con el nuevo itinerario propuesto por el gobierno.
En las reuniones en Nueva York también estuvieron representantes del grupo Bonistas del Patio, integrado por más de 60,000 inversionistas locales que componen alrededor del 20% del total de la deuda gubernamental. Pero el presidente de su junta de directores, Rafael Rojo, indicó que se trató de una reunión “informativa”, no de negociación.
Debemos esperar al inicio de las reuniones que comenzarán la semana próxima entre el gobierno y representantes de los acreedores antes de hacer vaticinios, pero entendemos que se trata de un movimiento en la dirección correcta.
El gobierno tiene que escuchar los reclamos de los bonistas y poner sobre la mesa sus propuestas para demostrar su disposición al diálogo y a la negociación de buena fe, esenciales para llegar a acuerdos favorables para ambas partes.
Puerto Rico enfrentará un déficit de $67,000 millones en los próximos diez años, según los estimados de la propia Junta, lo que dramatiza la urgencia de encaminar un proceso de reestructuración abarcadora de la deuda que no amenace la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.
La ley PROMESA establece dos mecanismos para ello, el Título III que, según analistas, tendría efectos similares a los que proveería el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, y el Título VI, que dispone para la negociación de acuerdos voluntarios con los bonistas. La Junta favorece la segunda opción.
Esperemos que en las próximas semanas se defina formalmente la ruta a seguirse.