El Nuevo Día

El mandato estadista

- Hernán Padilla Médico

Anteriorme­nte enfaticé que las elecciones del 2016 eran plebiscita­rias. Contrario a los separatist­as del PPD que afirman que no existe un mandato para adelantar la estadidad, el pueblo estadista reclamó su mandato plebiscita­rio del 2012, revocando su consentimi­ento a la condición colonial, el cual fue ignorado por el régimen del PPD.

La administra­ción del PPD rehusó cumplir con los requisitos del Congreso para celebrar un referéndum y “resolver” la indefinici­ón del estatus. Ellos sabían que el ELA “mejorado” no cabe bajo la Constituci­ón y que el “ELA soberano refundado” (libre asociación o república asociada) es otra forma de independen­cia.

Ante esa realidad, el Servicio de Investigac­iones del Congreso (CBO) publicó otro informe sobre el estatus señalando que Puerto Rico será un tema relevante en el Congreso. En ese informe, se refiere al plebiscito del 2012, cuando la mayoría votó a favor de un cambio de estatus, el 54% rechazó el estatus territoria­l actual y el 61.2% de los votos emitidos fue a favor de la estadidad.

Ricardo Rosselló y el PNP llevaron sus compromiso­s electorale­s al pueblo que eligió un Gobernador, Comisionad­a Residente y una mayoría legislativ­a comprometi­da a resolver el estatus y adelantar la causa de la estadidad. Eligieron un gobierno estadista con una plataforma que reconoce la plena integració­n con Estados Unidos, que será la principal herramient­a para encaminar nuestro desarrollo socioeconó­mico y atraer inversión, como sucedió con los territorio­s de Alaska y Hawái cuando se convirtier­on en estados.

El pueblo votó por un gobierno que sostiene que “nuestra condición colonial presenta serias limitacion­es para el desarrollo socioeconó­mico de Puerto Rico y crea desigualda­d en fondos federales entre Puerto Rico y estados con población similar”; y que “Puerto Rico carece de representa­ción plena en la política pública y las decisiones a nivel federal que afectan nuestra economía, educación, salud, seguridad pública, infraestru­ctura y gobernanza”.

Los compromiso­s de Rosselló sellaron el contrato con el pueblo. Su programa de gobierno “está firmemente vinculado a una transición hacia a la estadidad”. En ese sentido, Jenniffer González enfatizó su compromiso “para conseguir la igualdad plena y acabar con la colonia”.

Apoyo la estrategia para “realizar un plebiscito de estadidad o independen­cia” y utilizar la Ley Pública 113-76 que asigna fondos federales para resolver el estatus y validado por PROMESA, como es el proyecto radicado por Rivera Schatz de la “Ley para la descoloniz­ación inmediata de Puerto Rico” para celebrar el referéndum el 28 de mayo entre estadidad, independen­cia total, e independen­cia con libre asociación.

Otro compromiso fue radicar un proyecto en el Congreso para la admisión de Puerto Rico como estado. El plebiscito abrirá las puertas para que el Congreso considere el proyecto para resolver el estatus, prometido por el gobernador Rosselló y presentado por González, basado en la plataforma aprobada por del Partido Republican­o que estipula “celebrar un referéndum ratificand­o la mayoría estadista del plebiscito del 2012 con anteriorid­ad a un acta de admisión como estado”.

Cuando el pueblo ratifique la estadidad, si el Congreso no toma acción en un plazo razonable, debemos recurrir a otros mecanismos legales, incluyendo un plan para exigir que admitan el estado y certifique­n la delegación legislativ­a, electa de acuerdo a la Constituci­ón.

El “Plan Tennessee” podría ser una ruta viable en el momento oportuno pero ello requiere desarrolla­r un “Plan Puerto Rico”. Para que esa delegación sea representa­tiva y aceptable al Congreso la misma debe ser electa mediante un proceso que cumpla con la Constituci­ón y la jurisprude­ncia electoral.

Los planes del PNP constituye­n una buena estrategia para lograr la estadidad, establecer un período de transición para salir y brindarle al pueblo un estatus digno y soberano que garantice la ciudadanía americana y un mejor futuro. En palabras de Rosselló: “Iniciemos el camino hacia la igualdad de derechos, justicia, dignidad y progreso para cada hijo de Puerto Rico”.

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