Comienza diálogo con bonistas de Puerto Rico
La AAFAF celebrará dos días de reuniones que servirán de introducción a la administración Rosselló Nevares
“Veremos si hay algún tipo de ofrecimiento de liquidez para Puerto Rico” GERARDO J. PORTELA director de la AAFAF
Los principales bonistas de Puerto Rico –Oppenheimer Funds, Franklin Templeton y Goldman Sachs– así como las aseguradoras municipales que garantizan la deuda de la Isla y una veintena de fondos de cobertura de riesgo entrarán, a partir de hoy, en lo que sería un nuevo camino para renegociar la deuda del territorio estadounidense.
Esto, cuando ejecutivos de los principales acreedores de Puerto Rico, abogados y los distintos asesores financieros de estos se sienten a la mesa con el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo José Portela Franco, en lo que serán las primeras conversaciones entre la comunidad de bonistas de Puerto Rico y oficiales de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Queremos escuchar”, dijo Portela Franco a El Nuevo Día al señalar que la administración Rosselló Nevares estará decidida a renegociar la deuda de la Isla en “un ánimo de buena fe”.
“Por el momento, estaremos recopilando mucha información acerca de los diferentes términos y condiciones con los diferentes grupos de bonistas. Será más un encuentro introductorio, para dar a conocer el equipo de la AAFAF”, agregó Portela Franco.
“Veremos si hay algún tipo de ofrecimiento de liquidez para Puerto Rico”, prosiguió el líder de la AAFAF.
La AAFAF comienza hoy una serie de reuniones que se extenderán por dos días y mientras aguarda conocer si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le concede al gobernador Rosselló Nevares unos 45 días para trabajar en un nuevo plan fiscal.
Según el plan de trabajo de la JSF, la administración Rosselló Nevares debió presentar su borrador de plan fiscal el pasado 15 de enero. PUJA POR LA ASESORÍA FINANCIERA. Asimismo, la AAFAF tenderá un primer ramo de olivo a los acreedores de la Isla sin todavía contar con un asesor financiero en propiedad.
Si bien la administración Rosselló Nevares reclutó al bufete Dentons para que le sirva como asesor legal durante el proceso de reestructuración, todavía no ha decidido qué firma jugará el rol que antes tuvo la firma Millstein & Co.
Según fuentes de este diario, las firmas Centerview Partners, Perella Weinberg, así como las divisiones de reestructuración de Ernst & Young y PricewaterhouseCoopers están en la corta lista de firmas que evalúa la administración Rosselló Nevares.
Ayer, Portela Franco indicó que no podía emitir comentarios acerca del proceso de evaluación de candidatos, pero anticipó que la selección del asesor financiero podría consumarse esta semana.
Lo que sí Portela Franco indicó es que la AAFAF ya trabaja en los números del nuevo plan fiscal, los que sentarían las bases para un proceso de renegociación de la deuda.
Y ese nuevo análisis, según Portela Franco, apunta a un déficit más cercano a los $6,000 millones, cifra que El Nuevo Día reveló en noviembre pasado y que resulta ligeramente menor a la que estimó la JSF a finales del año pasado. Entonces, la JSF denegó el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico (PFCE) de la administración de Alejandro García Padilla.
“Queremos negociar con transparencia y de buena fe, que podamos pactar un servicio a la deuda y restablecer pagos y restaurar la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados”, indicó Portela Franco al agregar que en su plática con los acreedores procurará repasar las propuestas que estos hicieron a la administración García Padilla y que no se consumaron.
Portela Franco subrayó que a diferencia de la administración García Padilla, el proceso de renegociación de la deuda contará con la participación directa y frecuente de oficiales del gobierno y que dicha dinámica no quedará exclusivamente en manos de los asesores del Gobierno, una crítica que diversos grupos de acreedores hicieron al equipo fiscal de García Padilla.
Si bien la AAFAF busca comenzar las negociaciones con la intención de llegar a acuerdos voluntarios con los acreedores, la administración Rosselló Nevares se sienta a la mesa tras haber incurrido en una primera ronda de impagos este mes. Ello, como secuela de la Ley de Moratoria, estatuto que sigue vigente a la fecha y que permitió incumplir con el pago de la deuda constitucional y de otros emisores que debió hacerse el pasado 2 de enero.