ROSSELLÓ APUESTA A PLAN
Al rechazar las medidas que sugiere la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador reitera que su propuesta para reducir gastos y las iniciativas para impulsar el desarrollo económico encarrilarán al País fuera del precipicio en que se encuentra
Ricardo Rosselló Nevares tiene una visión clara de lo que necesita Puerto Rico y en su agenda no figura despedir empleados públicos, recortar las pensiones, aumentar impuestos o limitar el acceso de los jóvenes a la educación superior.
Eso reiteró el nuevo gobernador de Puerto Rico, quien está convencido de que el conjunto de estrategias que ya implementa su administración resultará en un gobierno más pequeño, pero más eficiente; permitirá renegociar la deuda de la Isla de manera razonable y sentará las bases para restaurar el crecimiento y el desarrollo económico.
Un par de horas después de que Rosselló Nevares estampara su firma en la carta que envió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en la que catalogó como “inaceptable” el plan de recortes e impuestos que sugirió el ente federal, el mandatario conversó con El Nuevo Día para dejar claro que restaurar la disciplina presupuestaria y el desarrollo no es un mero asunto de números.
“Creo que uno tiene que hablar con la verdad. Hemos tenido una relación cordial y hemos podido establecer el diálogo con la Junta, pero siempre estableciendo varias cosas. Estableceremos en lo que vamos a coincidir y dónde estarán las diferencias. El rol principal de la Junta es llegar a los objetivos fiscales, lo que entiendo, pero el rol principal del Gobierno es implementar la política pública para lograr ahorros, pero, sobre todo, velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares, al explicar las razones para rechazar la receta fiscal de la JSF. EN CONTEO REGRESIVO. La semana pasada, la JSF dijo estar dispuesta a concederle a Rosselló Nevares un plazo de 45 días para que presente un nuevo plan fiscal para Puerto Rico. El ente federal, con poderes por encima del gobierno electo de la Isla, también dijo estar dispuesto a extender hasta el 1 de mayo próximo la paralización de litigios contra el Estado, por virtud de la ley federal PROMESA. Tales asuntos se discutirían en la próxima reunión de la JSF programada, preliminarmente, para fin de mes.
Ambas concesiones, empero, están sujetas a que Rosselló Nevares cuadre el presupuesto en un plazo de dos años fiscales, sin financiamientos de corto plazo y aplicando una combinación de recortes e impuestos por $4,500 millones.
Según la misiva de la JSF, Rosselló Nevares tendría que adherirse a las condiciones impuestas por el ente federal para obtener las extensiones de tiempo que pidió y para certificar el plan fiscal, que sería la base para renegociar la deuda de la Isla.
Rosselló Nevares tiene hasta mañana para indicar si acepta las condiciones de la JSF.
A preguntas de El Nuevo Día acerca de su disponibilidad para trabajar en conjunto con la JSF, Rosselló Nevares sostuvo que no tiene intención de ser antagónico con el organismo a cargo de cuadrar las cuentas públicas y que expresar diferencias de criterio no impide establecer un plan de trabajo entre las partes.
“La ruta al progreso de Puerto Rico no puede estar atada a recortes enormes que puedan afectar el acceso a la salud, a los pensionados que viven ya al nivel de pobreza o por debajo de ese nivel, y tampoco reducir el gasto gubernamental debe ir por la ruta de despidos en general”, dijo.
“Nuestra política pública es una de establecer cuál es el tamaño adecuado del gobierno y a través de varios mecanismos y con la propuesta del empleador único, poder provocar esa transformación que necesita Puerto Rico y transformar el gobierno a una estructura que sea más pequeña y menos costosa, pero más eficiente para dar los servicios al pueblo”, agregó.
“Hay que elaborar un plan fiscal entendiendo que, aunque es un ejercicio parcialmente numérico, tiene ramificaciones para el aspecto de desarrollo económico y el aspecto social”, sostuvo Rosselló Nevares.
PARALELISMOS. Durante la plática con El Nuevo Día, los planteamientos del nuevo mandatario en torno a lograr un balance entre disciplina fiscal, prestación de servicios esenciales y la protección de los sectores más desprovistos de la sociedad (como los pensionados o médico-indigentes), parecían evocar aquellos del exgobernador Alejandro García Padilla. El exgobernador estadolibrista invocó el poder de Estado para suspender el pago de la deuda pública, declarar un estado de emergencia en ciertas agencias y corporaciones públicas, congelar depósitos en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y establecer un orden de pagos para el desembolso de fondos públicos.
Rosselló Nevares incluso ya radicó legislación para extender los ahorros que propició la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal de 2014.
Sin embargo, el paralelismo con García Padilla pronto se esfuma cuando Rosselló Nevares dice que llegó a La Fortaleza para dar paso a medidas “creativas” y “audaces” que, si bien controversiales, son parte de los ajustes estructurales e impostergables que necesita Puerto Rico.
“Cuando anuncié mi candidatura pude hablar de mil asuntos que me apasionan como la salud y la educación, pero decidí hablar de uno, de lo que era el obstáculo mayor: el gasto excesivo del gobierno. Ninguna otra campaña llevaba ese tono, hasta el punto que llegué a decir que reduciría el gobierno de 131 agencias a 35 o 40. Reconocía que iba a causar resistencia, que era un cambio transformativo, audaz, pero es lo que entendía y es en lo que estamos trabajando”.
Si bien Rosselló Nevares objeta los métodos de la JSF, los objetivos ulteriores de su plan guardan cierta tangencia con aquellos del ente federal.
Por ejemplo, Rosselló Nevares ya convirtió en ley el proyecto que extenderá a 10 años el arbitrio a las corporaciones foráneas y aquel dirigido al fomento de las alianzas público privadas para desarrollar proyectos de infraestructura. Rosselló Nevares coincide en fortalecer los recaudos al fisco y en revisar la matrícula de la Universidad de Puerto Rico (UPR) según la capacidad económica de los alumnos.
PLAN ABARCADOR. Desde la perspectiva del gobernador, sus estrategias –armonizadas en el llamado Plan para Puerto Rico– lograrán ahorros en el Gobierno y reactivar la economía, sin la severidad que suponen las propuestas de la JSF. Según economistas, las propuestas de la JSF terminarían de hundir la economía, que sufre la secuela de 12 años de contracción.
En el tema de impuestos, por ejemplo, Rosselló Nevares apuesta a una reforma contributiva y a fiscalizar mejor a los evasores, pues le parece inconcebible que solo el 2.5% de la población reporte ingresos mayores de $60,000. Además, el mandatario cree que si Puerto Rico mejora la captación del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) hasta alcanzar 85% (el promedio a nivel continental), entrarían al fisco otros $600 millones al año.
En tanto, según Rosselló Nevares, la puesta en vigor de varias órdenes ejecutivas como aquellas dirigidas a reducir el número de puestos de confianza y los contratos de servicios profesionales resultarían en ahorros iniciales de unos $250 millones.
La propuesta del empleador único, que ya se discute en la Legislatura, podría resultar en ahorros de $70 millones en el primer año y otros $100 millones en el segundo año.
“La ley del empleador único permitirá movilizar el empleado público hacia donde pueda ser más útil y eso, que se hará cónsono con otras leyes que nos permitan comenzar el proceso de identificar los servicios que se pueden delegar al sector privado, a organizaciones sin fines de lucro, municipios y la academia, nos ayudará a lograr ahorros, reducir el tamaño del gobierno y mejorar los servicios”, dijo Rosselló Nevares.
La misma premisa prevalece en el tema de pensiones.
Rosselló Nevares sostuvo que su plan contempla que las pensiones públicas más altas estén sujetas a ciertos impuestos. Ese recaudo, junto con los beneficios que puedan dejar las alianzas públicas privadas que se aprueben, servirá para honrar el pago de pensiones actuales.
En paralelo, el gobernador busca proteger las aportaciones de los empleados públicos, cuyos ahorros se utilizan para pagar pensiones existentes. Ello, transfiriendo al sector privado los planes de contribución definida.
“Si se fuera a reducir un 10% en el pago de pensiones como propone la Junta, a través de todo el sistema, tendríamos un enorme grupo de personas con el mínimo posible para sobrevivir. Para mí, eso es simplemente inaceptable”, dijo Rosselló Nevares.
“Entiendo su rol (el de la Junta) y hay que llegar a unos parámetros, ese es el desafío. Pero la política pública debe responder no meramente al asunto fiscal sino también a las necesidades de nuestro pueblo. Ahí es que tenemos diferencia, en términos de la dirección a seguir que propone la Junta y mi gobierno”.