Pide abogar por Puerto Rico
Rosselló insta a la Junta Fiscal a ser “portavoz” en la capital federal
Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es hora de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se convierta en portavoz de Puerto Rico en la capital federal o, de lo contrario, los distintos esfuerzos que se encaucen para lograr el balance fiscal y el desarrollo socioeconómico de la Isla serán en vano.
De acuerdo con Rosselló Nevares, el delicado estado de las finanzas públicas y, en especial, la posibilidad de un disloque en los servicios de salud en Puerto Rico, evidencian “una necesidad inequívoca” de lograr apoyo del gobierno federal para superar la crisis, un mensaje que toca a su administración, pero también a los integrantes de la JSF.
“La Junta tiene, a mi entender, ese rol que ejercer. Tiene la necesidad de ser portavoz de credibilidad de Puerto Rico, como hicieron otras juntas fiscales, como lo hizo la junta de Washington D.C.”, dijo Rosselló Nevares.
“Durante dos años y medio, los miembros de la junta de Washington (D.C.), utilizando todos los instrumentos fiscales que tuvieron a su disposición, no pudieron, fracasaron o lograron mejoras marginales, por lo que tuvieron que regresar al Capitolio para explicar dos faltas grandes que había”, agregó el mandatario.
Según Rosselló Nevares, la legislación congresional que dio paso a una junta fiscalizadora de la capital federal adolecía de instrumentos de desarrollo económico, por lo que el organismo revisor regresó al Congreso para solicitar apoyo.
El segundo elemento que faltó en la legislación que se creó para D.C. fue “trato igual como un estado”, dijo Rosselló Nevares.
EL CASO DE D.C. A mediados de la década de 1990, Washington D.C. entró en una crisis fiscal que resultó en degradaciones crediticias y en la incapacidad de la ciudad para pagar las aportaciones requeridas en pensiones, mientras provocó un disloque en los servicios públicos. El Congreso intervino creando un ente parecido a la JSF. El año pasado, el modelo creado para D.C. se utilizó como referencia para dar paso a PROMESA.
En 1997, según documentos de la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos (GAO), el Congreso aprobó la Ley de Revitalización de la Capital Nacional, estatuto que permitió la transferencia de ciertos programas costeados por el gobierno capitalino al gobierno federal. Entre otras cosas, el estatuto transfirió al gobierno federal los programas de justicia criminal y la deficiencia actuarial en las pensiones de maestros, policías, bomberos y jueces. Además, el gobierno federal aumentó su aportación al programa de Medicaid de la capital federal, de 50% a 70%.
“Cuando se produjo ese cambio, la capital federal pudo prosperar”, subrayó el gobernador.
EL FLANCO DÉBIL DE PROMESA. Según Rosselló Nevares, la situación que vivió la capital federal parece repetirse en Puerto Rico, lo que debe corregirse a la brevedad.
Rosselló Nevares reconoció que en PROMESA se creó el grupo congresional bipartidista para discutir estrategias de desarrollo económico.
“Tenemos un informe de ese grupo, que presumiblemente podría servir para desarrollo económico, pero no es vinculante y no sabemos qué se va a hacer”, indicó Rosselló Nevares.
“La Junta debe ser, al igual que nosotros, un portavoz de credibilidad y decirle a quienes los pusieron ahí (el Congreso) de que en Puerto Rico se están tomando acciones y estamos a un paso acelerado”, agregó.
Si bien Rosselló Nevares instó a los integrantes de la JSF a adoptar una postura de cabildeo en favor de la Isla y PROMESA instruye al pago de pensiones y la deuda pública, el mandato del ente federal es explícito: restaurar la disciplina fiscal y lograr el regreso de Puerto Rico a los mercados de ca- pital bajo condiciones razonables.
ACCIÓN RÁPIDA, PERO INSUFICIENTE. Para Rosselló Nevares, Puerto Rico ha entrado en nuevo curso, marcado por la transparencia y el sentido de urgencia, desde que tomó las riendas del territorio estadounidense a principios de mes.
Recordó que ha radicado legislación para dar herramientas al sector privado, viabilizar el desarrollo de proyectos de infraestructura y asegurar la continuidad de ciertos recaudos con la aprobación de la extensión de la Ley 154 (que creó el arbitrio del 4% a las empresas foráneas).
Pero acto seguido, aceptó que “tiene que haber acción del gobierno federal”.
“Por eso hago este llamado ahora, porque llegarán a la misma conclusión. Puedes tomar medidas fiscales que pueden llenar una tablita, pero sin desarrollo económico, tiene un efecto nocivo, posiblemente en la emigración, en la calidad de vida de los ciudadanos y el entorno social”, indicó.