En defensa del acceso del pueblo a la información
La transparencia es esencial para la democracia y la imposición de directrices que tiendan a ponerle trabas al flujo de información pública inherente a esa misma democracia es repudiable.
Creemos que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, es consciente de ello y por eso ha declarado que en ese cuerpo legislativo “no se limitará el acceso a la información pública”. Ahora bien, la acción debe acompañar la palabra, por lo que urgimos al presidente cameral a actuar en consecuencia.
Las instrucciones emitidas por el administrador cameral, Moisés D. Cortés Rosado, que requieren a todos los “directores de dependencias administrativas, empleados y funcionarios” canalizar toda petición de información periodística a través de la presidencia del cuerpo, contradicen el compromiso expresado por Méndez.
El derecho a la información pertenece al pueblo, por lo que es en nombre de los ciudadanos que nos corresponde reclamar que se respete, sin trabas perturbadoras, el acceso de la prensa a la información pública.
El principio aplica a todo el gobierno, pero en el caso de la Legislatura, que es uno de los tres poderes reconocidos por la Constitución, es aún más neurálgico porque son los legisladores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, los funcionarios electos con autoridad constitucional para aprobar las leyes que nos rigen.
Pretender restringir de alguna forma el acceso de los ciudadanos a la labor de los legisladores representa un golpe a la esencia misma de la democracia, pues la Legislatura es la rama más representativa del gobierno. En la Rama Ejecutiva solo se eligen por voto directo el gobernador y el comisionado residente en Washington, mientras que la Rama Judicial depende de los nombramientos del Ejecutivo y del consiguiente aval legislativo.
Nos parece que no debe justificarse la mordaza cameral diciendo que está vigente desde 2002, bajo la presidencia del hoy juez de apelaciones Carlos Vizcarrondo, pues del mismo modo que confirmó su vigencia, Méndez pudo derogarla de un plumazo.
Restricciones como las que impone esta directriz no pueden adoptarse para “darle continuidad” a los trabajos de la Cámara de Representantes y someterla entonces a evaluación, como dijo Méndez.
Más aún, no puede mantenerse en vigor si, como ha señalado el nuevo presidente cameral, su política será “totalmente transparente” y en ese cuerpo legislativo habrá “acceso directo al pueblo”.
La directriz cameral se conoció a la vez que una orden general de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, que limitaba la información policíaca, la que fue desautorizada de inmediato por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El gobernador no puede actuar de igual forma en el caso de la directriz cameral, un asunto que corresponde atender a la Rama Legislativa, pero confiamos en que el presidente cameral siga la misma ruta de apertura con la que se ha comprometido el gobernador.
Hemos mantenido reiteradamente nuestra posición editorial en favor de la transparencia en el gobierno como una cualidad indispensable para la gestión pública.
Creemos firmemente en los postulados constitucionales de libertad de expresión e información y defendemos sin reservas el derecho de los ciudadanos a saber todo lo que hace el gobierno en su nombre.
Nos complace que esta controversia se dirima temprano en el cuatrienio, de manera que todos los funcionarios de la nueva administración, tanto en la Rama Ejecutiva como en la Legislatura, entiendan que no pueden seguir imponiendo restricciones al derecho del pueblo a la información.
Lo dictan los principios democráticos que han jurado defender y así se lo recordaremos cuantas veces sea necesario, en protección del derecho ciudadano a estar correctamente informado.