Gobernador procura rendir poco efectivo que queda en Hacienda y comisionada residente pide a la JSF que evite colapso del sistema de salud
Rosselló dice que renegociará la deuda de manera voluntaria, pero abre la puerta al Título III de PROMESA
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares enviará esta semana a la Legislatura el proyecto de ley que sustituirá la Ley de Moratoria de Emergencia, con la expectativa de que el nuevo estatuto le ayude a rendir el poco efectivo que el Departamento de Hacienda tiene en caja.
Asimismo, el mandatario insistió en que renegociará la deuda de la Isla de manera voluntaria, pero tampoco descarta un proceso bajo la corte si no logra acuerdos con los acreedores.
Según Rosselló Nevares, el estatuto que reemplazará la Ley de Moratoria demostrará el interés de la administración por llegar a un entendido con los bonistas de Puerto Rico y establecerá directrices para utilizar los fondos públicos de manera que no se afecten los servicios esenciales.
La Ley de Moratoria de Emergencia expira el próximo 31 de enero.
A partir de esa fecha, el Gobierno tendría que desembolsar todos los pagos de interés y principal que no se han efectuado desde mediados del 2016 y hacer las aportaciones a los fondos de reserva de servicio a la deuda. Preliminarmente, y partiendo de documentos oficiales, y a excepción de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), en julio de 2016 y este mes, Puerto Rico debió pagar a los bonistas unos $2,360 millones, cifra que quedaría vencida la semana entrante, a menos que se extienda lo dispuesto en la Ley de Moratoria.
“Estaremos demostrando nuestro interés de establecer un mecanismo de pago (de la deuda), pero entendiendo que hay una limitación de capital”, indicó Rosselló Nevares a El Nuevo Día. La semana pasada, tras entrevistar al representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, El Nuevo Día reportó que los asesores financieros del Gobierno, así como el personal de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) analizan los distintos servicios y operaciones de las agencias de gobierno para determinar qué servicios se consideran esenciales y cuáles no. Para Rosselló Nevares, Puerto Rico necesita un protocolo de pago que permita reconocer el orden de prioridad de los distintos bonos emitidos por el Gobierno. LA NEGOCIACIÓN CON LOS BONISTAS. “Los acreedores también son actores en todo este proceso”, dijo Rosselló Nevares.
La semana pasada, al divulgar los objetivos de ahorro en gasto público que espera ver en el plan fiscal, la JSF informó que aún si Puerto Rico adopta un programa de recortes e impuestos en el orden de $4,500 millones, el dinero disponible para pagar a los bonistas rondaba unos $800 millones, o apenas el 21% del pago anual a los bonistas. De ser el caso, el gobierno tendría que sentarse con los bonistas para lograr un recorte de 79% en el servicio a la deuda anual de Puerto Rico. Para el año fiscal 2019, el servicio a la deuda de Puerto Rico se estima en unos $3,900 millones.
En el proceso de renegociacíon que impulsó la administración de Alejandro García Padilla, los grupos de bonistas organizados rechazaron tajantemente todas las ofertas que hizo el Gobierno y estas partieron de cuantías más altas que la esbozada por la JSF. La primera oferta del Gobierno planteaba que el servicio anual rondara en $1,700 millones. Esa oferta evolucionó hasta alcanzar $2,000 millones de servicio anual, cifra que también objetaron los bonistas.
A preguntas de El Nuevo Día en torno a buscar un recorte de los bonistas de la magnitud que reveló la JSF, Rosselló Nevares indicó que su administración aspira a llegar a acuerdos con los acreedores “sin tener que entrar en litigios”.
Al igual que la JSF, Rosselló Nevares se inclina por la negociación voluntaria que provee el Título VI de PROMESA.
A juicio de la pasada administración, el Título VI no es factible en el caso de Puerto Rico, habida cuenta la precaria posición del fisco. De hecho, tanto García Padilla como la dirección del Tesoro federal bajo la administración de Barack Obama entendían que Puerto Rico debía proceder con un proceso de renegociación de la deuda bajo la tutela de la corte, según dispuesto en el Título III de PROMESA. ABRE LA PUERTA AL TÍTULO III. Rosselló Nevares indicó que procurará emplear los mecanismos que sean necesarios para llegar a acuerdos con los acreedores, sea extendiendo los vencimientos de la deuda, haciendo ajustes a la tasa de interés, recortes al principal adeudado o una combinación de estos.
Pero acto seguido, indicó que en el proceso de negociación no se trata de fijar una cuantía sino de conversar con las partes.
“Puedes decir que harás un recorte de 90% a la deuda, pero si no hay acuerdo, quien terminará decidiendo el recorte será la corte, no será la Junta”, sostuvo el gobernador.
Rosselló Nevares dijo estar conciente del reto que supone renegociar la deuda de la Isla, habida cuenta que una parte de las obligaciones del Gobierno se adeuda a bonistas locales.
En ese sentido, recordó que antes se planteó la posibilidad de entablar algún acuerdo que permita pagar a los acreedores locales en una combinación de efectivo y algún tipo de crédito contributivo, pero insistió en que primero, hay que identificar “el gap” (la brecha deficitaria) y “darle claridad a los mercados”.
“Lo cierto es que no puede ser un recorte caprichoso. El recorte que se haga debe ser a base de la situación en que está el gobierno para operar y buscar vehículos creativos para hilvanar el problema", indicó Rosselló Nevares. "Lo que podamos hacer por el Título VI para renegociar los créditos se hará y si no se logran acuerdos, se iría por el Título III”, acotó Rosselló Nevares.
“Puedes decir que harás un recorte de 90% a la deuda, pero si no hay acuerdo, quien terminará decidiendo el recorte será la corte, no será la Junta” RICARDO ROSSELLÓ NEVARES Gobernador