Ante una encrucijada presupuestaria la UPR
El recorte propuesto por la JSF causaría el cierre de recintos o alza de matrícula
Q Con la directriz de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que el gobierno reduzca el 28% del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR), esa institución de educación superior estará obligada a eliminar recintos, aumentar la matrícula y hacer profundos ajustes a su oferta académica si interesa ser parte del desarrollo socioeconómico de la Isla.
En entrevistas separadas, los economistas Jaime Benson y Orlando Sotomayor indicaron que con la decisión de la JSF, la institución en la que dictan cátedra estará forzada a hacer los cambios que, por razones políticas o por falta de voluntad, la comunidad universitaria ha rehusado adoptar por décadas.
La semana pasada, la JSF instruyó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares a que procure cuadrar el presupuesto de la Isla en un plazo de dos años y que, como parte de ese ejercicio, reduzca en unos $300 millones el presupuesto de la UPR.
El recorte propuesto por la JSF sería la segunda partida más afectada en el presupuesto del territorio estadounidense, después del servicio a la deuda. Para efectos de comparación, el recorte propuesto a la UPR por parte del ente federal responsable de cuadrar las cuentas públicas de Puerto Rico, equivale al presupuesto total de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, la segunda institución académica superior más grande de la Isla.
“La universidad tendrá que hacer un ajuste, no hay quien la salve”, dijo Benson, quien es parte de la facultad en el Recinto de Río Piedras. “Hace tiempo se debió hacer un ajuste”, indicó.
De acuerdo con Benson, tras aplicarse los nuevos pronunciamientos de contabilidad en lo que atañe al pago de pensiones, la institución tendrá que tomar medidas, tanto para honrar la deficiencia actuarial de sus sistema de retiro como para continuar la operación de un sistema que sirve a unos 60,000 estudiantes.
“Aún con los recortes propuestos, la UPR podría ser una universidad de carácter internacional si lo quisiera”, indicó, por su parte, Sotomayor, académico en el recinto mayagüezano. “Ahora, cómo está la universidad no le hace bien a Puerto Rico”.
“Se va a tener que hacer el ajuste porque la deficiencia de sobre $2,000 millones en el plan de retiro de la universidad no se atendió y ahora lo tiene que cubrir la universidad con su presupuesto”, sostuvo Benson. “Es impostergable”, agregó.
LOS NÚMEROS DE LA UPR. Con la vigencia del pronunciamiento de contabilidad 68, cada dependencia de gobierno tiene que anotar en su estado de situación lo que adeuda a sus empleados por concepto de pensiones. En el caso de la UPR, el ajuste le dejó un déficit de $1,640 millones.
Aunque las alzas programadas hace unos años en el coste de matrícula estuvieron congeladas por tres años, la administración pasada creó un fideicomiso para gestionar los fondos del plan de pensiones, adoptó mecanismos para reducir las cuentas por cobrar, promovió la congelación de plazas y aumentos salariales. Además, en diciembre pasado, El Nuevo Día reveló que se preparó un análisis para la consolidación y eliminación de programas académicos y recintos, pero las conclusiones de dicho ejercicio se desconocen.
Pese a las medidas de contención de costes y a la creación de una reserva tras la congelación del presupuesto otorgado por el Gobierno central, la UPR quedó en aprietos a partir del 2015. Ello, luego de que el Departamento de Hacienda comenzó a dilatar sus transferencias a la institución y cuando el Banco Gubernamental de Fomento quedó descapitalizado, lo que resultó en la congelación de unos $91 millones de depósitos de la UPR, que todavía no ha podido recuperar.
Es en ese contexto, que se ha sugerido reducir $300 millones al presupuesto de esa institución, deficiencia que según la JSF podrían compensarse aumentando la proporción entre estudiantes y profesores, ajustando el costo por crédito o adoptando estrategias para atraer estudiantes extranjeros, quienes pagarían una matrícula más costosa.
INEVITABLE UN ALZA EN MATRÍCULA. Según Benson, quien sostuvo que los recortes propuestos por la JSF al área de salud son por mucho más severos que los recomendados en la UPR, la comunidad universitaria tendrá que moverse a consolidar recintos y hacer ajustes de matrícula para que esta obligación se determine a base de la capacidad de ingresos del estudiante.
Sotomayor explicó que una universidad que no apuesta a la calidad académica no se le sirve bien a ninguna sociedad y tampoco contribuye al objetivo de acortar la brecha entre pobres y ricos a través de la educación, lo que a su vez, es esencial para la obtención o creación de empleos y la productividad.
Por el contrario, Sotomayor explicó que las universidades más efectivas en el mundo aumentan la movilidad “sustancialmente”.
“Lo que se ha hecho en la UPR hasta ahora es continuar sacrificando la calidad, todo por no cerrar recintos”, dijo Sotomayor.
RESPONDE EL GOBIERNO. A preguntas de El Nuevo Día en torno a la postura que tomará Rosselló Nevares en torno a la UPR, el representante de Puerto Rico ante la JSF, Elías Sánchez Sifonte, dejó claro el interés del gobernador en encontrar una solución que afecte en menor grado a la ins- titución.
“En términos de la UPR, no tenemos visibilidad hacia los números reales de la UPR y eso es un problema”, dijo Sánchez Sifonte.
Aunque con ligero retraso en relación al resto del gobierno, a la fecha, la UPR es prácticamente la única dependencia pública que ha cumplido con la divulgación de estados financieros auditados. Ello, partiendo de los requisitos establecidos por la ley federal de valores que custodia la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, en inglés). La UPR publicó los estados financieros correspondientes al año fiscal 2015 en agosto pasado. El informe auditado del Gobierno central más reciente corresponde al año fiscal 2014.
De otra parte, la UPR no está requerida por ley a participar del proceso de transición cuando se produce un cambio de gobierno.
“Si la UPR sigue en su actitud de falta de transparencia, en lo único que va a redundar es en un impacto más dramático en su contra porque tendrán que trabajar directamente con la Junta, si no permiten que el Gobierno pueda buscar alternativas”, sostuvo Sánchez Sifonte.
“Las grandes universidades del mundo fomentan el empresarismo y la innovación (...) Quisiera que la universidad que se decidiera en Puerto Rico fuera una universidad de ese tipo” ORLANDO SOTOMAYOR Economista y catedrático de la UPR