Rosselló indica que no tomará prestado
Gobierno asegura que ha cumplido con las condiciones de la Junta de Supervisión Fiscal
El representante de Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, indicó anoche que el Gobierno ya trabaja en los diversos informes requeridos por el ente federal, por lo que la administración ha cumplido con las condiciones para que se le otorgue tiempo adicional para preparar el plan fiscal.
Asimismo, Sánchez Sifonte indicó que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no buscará un préstamo de corto plazo para allegar liquidez al fisco.
Sin embargo, el Gobierno objetó que Puerto Rico tenga que presentar un plan fiscal que tenga como objetivo cuadrar el presupuesto en un plazo de dos años. Sánchez Sifonte comunicó la postura de la administración Rosselló Nevares en una carta enviada a la JSF, en la que reiteró la disponibilidad de Puerto Rico a trabajar en colaboración con el ente federal para atajar la crisis.
La postura de Rosselló Nevares de operar el gobierno sin allegar financiamiento de corto plazo supone un cambio en los planes del mandatario y su equipo de colaboradores cercanos, quienes en las postrimerías del 2016 planteaban la necesidad de llegar a acuerdos con los bonistas para traer liquidez al Gobierno. Según la carta de Sánchez Sifonte a la JSF, Rosselló Nevares había verbalizado en una reunión previa que no se buscarán financiamientos de corto plazo que puedan limitar alternativas fiscales.
“Ha sido la decisión del gobernador encarar los retos operacionales y presupuestarios que se avecinan a través de reformas estructurales y recorte de gastos durante el período de la paralización (de litigios)”, reza la carta de Sánchez Sifonte.
La determinación de no usar un financiamiento de corto plazo supone la prolongación de la estrechez de efectivo que el gobierno experimenta desde 2015, una vez, el Gobierno agotó la liquidez que allegó con la emisión de bonos de $3,500 millones en Obligaciones Generales.
En lo que atañe a la preparación del plan fiscal, Sánchez Sifonte indicó a la JSF que el enfoque dirigido a cuadrar el presupuesto “de una vez y bien” podría no ser el mejor curso de acción para trabajar con un plan a 10 años que tendrá un impacto “dramático” en la vida de 3.5 millones de personas.
Sánchez Sifonte reiteró que la administración trabajará un plan fiscal a la luz de lo dispuesto en la ley federal PROMESA. Es decir, un plan a cinco años que sea consistente con la terminación de la encomienda de la JSF al cabo de 10 años, que alcance el balance estructural.
“No vemos razón para precluir la adopción de un segundo plan fiscal que sea consistente con el primer plan fiscal certificado y que se extienda por un terminó más largo o adicional”, indicó Sánchez Sifonte.
La JSF indicó el viernes que estaba a la espera del gobernador Rosselló Nevares para decidir si en efecto le concede 45 días adicionales para preparar un nuevo plan fiscal y extender la suspensión de litigios provista en PROMESA hasta el 1 de mayo.