Todo “igual” en Hacienda Las Lomas
Banco concede moratoria en pago hipotecario a vecinos que se han quedado sin sus viviendas
Q Los residentes de Hacienda Las Lomas en Ceiba, quienes han visto su comunidad derruida por el desplazamiento de tierra, podrán dejar de pagar durante un semestre las mensualidades de sus hipotecas. No obstante, no con ello desiste el miedo que presupone un posible derrumbe.
En una reunión celebrada a principios del pasado mes de diciembre, Banco Popular acordó concederle a los vecinos una moratoria de seis meses en el pago hipotecario de sus residencias, en lo que concluye un nuevo estudio de suelo comisionado a una compañía privada.
”La situación sigue igual”, dice Maritza González al otro lado del teléfono. Su voz suena cansada.
Ya ha pasado más de un año desde que la vecina de la urbanización ubicada en el interior montañoso del municipio costero, se viera obligada a abandonar la residencia que había comprado con ilusión en el 2009.
“Yo me he visto afectada emocionalmente porque esa casa yo la compré cuando enviudé, y la compré con la ilusión de que ahí era donde iba a vivir el resto de los años”, dice.
Pero a la 6:30 de la tarde del 30 de octubre del 2015, ocurrió “algo horrible, algo completamente espantoso”. Fue ahí que presenció por primera vez un deslizamiento de tierra, el cual, en un abrir y cerrar de ojos, le arrebató su patio trasero.
Aquella tarde, un fuerte ruido invadió la tranquilidad de su hogar. Pero el 6 de noviembre, todo fue silencioso. Ocurrió de forma imperceptible. “Nos acostamos a dormir con una calle que estaba un poco hundida y nos levantamos con una calle que había desaparecido”, recuerda.
Desde hacía dos años, ya los vecinos habían notado el terreno que cedía, las grietas en el pavimento, en un muro de contención. Pero no fue hasta esa madrugada de noviembre en que se desplomó la calle 2 de la urbanización, que catorce familias se vieron obligadas a desalojar sus hogares.
A más de un año del suceso, lejos de dispersarse el miedo y la incertidumbre, todavía ambas permanecen vigentes. Tan reciente como en noviembre pasado, El Nuevo Día reportó un nuevo deslizamiento de tierra en la comunidad. No obstante, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias ha encontrado innecesario expedir órdenes de desalojo, mediante las cuales el banco podría liberar a los vecinos de las obligaciones de la hipoteca. Su determinación se basó entonces en que todavía quedaban 30 pies de patio entre la casa de algunos vecinos y el área desprendida.
“El miedo existe. Muchas personas han abandonado la urbanización sin tener una carta de desalojo”, asegura González.
En semanas recientes, la agencia no ha entablado contacto ni ha realizado labores de seguimiento en la vecindad, a juzgar por la percepción residencial.
“Manejo de Emergencias no está haciendo nada. Ellos habían puesto un vagón para monitorear la urbanización durante las 24 horas, pero se lo llevaron a finales de diciembre”, denuncia la entrevistada.
Actualmente, González reside en casa de su hija en la misma urbanización. Junto a toda la comunidad, permanece en una espera que se ha prolongado, estudio tras estudio, sin un desenlace definido.
“El mayor daño a la comunidad ha sido emocional. Hemos visto cómo nuetro sueño de tener una casa se ha derrumbado. Y ahora solo nos queda esperar porque no hay una solución inmediata”, lamenta.
La vecina no prevé una demanda de clase, debido a que existen diferencias en los decibeles de los daños sufridos por cada hogar. Aun así, prosigue, ya se han radicado dos demandas individuales contra los desarrolladores. El 24 de febrero será la próxima vista en el Tribunal de Primera Instancia del municipio de Caguas.
No obstante, más de medio centenar de residentes ya se habían unido anteriormente para demandar a los desarrolladores. El peligro inminente protagonizó el reclamo ciudadano.
Anteriormente, se determinó que, en efecto, los constructores de las residencias usaron un relleno inadecuado para el proyecto, que no se canalizaron cauces de agua que transcuren donde mismo ubica el complejo de 107 casas, que hubo obra incluida en el proyecto que quedó a medias, y que se cometieron irregularidades en la otorgación de los permisos de construcción.
“El mayor daño a la comunidad ha sido emocional. Hemos visto cómo nuestro sueño de tener una casa se ha derrumbado. Y ahora solo nos queda esperar porque no hay una solución inmediata” MARITZA GONZÁLEZ Vecina de Hacienda Las Lomas