Deuda de ASEM impide a empleados acogerse al prerretiro
ASEM es la agencia que más dinero le debe a los Sistemas de Retiro Pese a postura oficial, autoestudio de empleados evidencia ahorros
Cuando el lugar de trabajo es una sala de emergencias, no hay tiempo para preocuparse mucho por uno. La urgencia de la crisis requiere respuestas rápidas.
El riesgo de lesiones físicas al levantar un cuerpo, de contagios con enfermedades ajenas cuando se atiende una herida, de infecciones de garganta en las salas de terapia respiratoria, de exposición a contaminantes en la ropa que se lava; todos esos peligros pasan a un segundo plano, pero no por eso están menos latentes.
“Eso sin contar el estrés emocional, el sacrificio. Nosotros trabajamos directamente con el dolor del pueblo, somos los que nos llevamos en la piel el dolor del pueblo a nuestra casa cuando vamos a descansar, porque lo que se ve ahí es difícil. Hablan del síndrome postraumático. Yo creo que toda persona que haya trabajado en la Sala de Emergencias de Centro Médico padece de eso, porque tú ves cosas y vives cosas que jamás en tu vida vas a poder olvidar”, dice Enilda Mundo, quien ha trabajado en la Sala de Emergencias y ahora se desempeña como gerente administrativa.
Ante esa dura rutina que deja mella, los trabajadores de la Administración de Seguros Médicos de Puerto Rico (ASEM), entidad responsable del hospital Centro Médico, hallaron en la Ley del Programa de Prerretiro Voluntario un “hilo de luz”. No era una ruta óptima pero sí un alivio para los que, a punto de jubilarse tras decenas de años de servicio, vieron alejarse ante sus ojos la fecha de salida.
Sin embargo, desde dos flancos, se les ha obstaculizado el paso para acogerse a la Ley 211, aprobada el 8 de diciembre del 2015 por la pasada administración.
Por un lado, como un gigante de piedra casi inamovible, obstruye el camino la alta deuda acumulada durante años por ASEM con la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), que ya alcanza la exorbitante suma de $97.9 millones.
Por otro lado, la Oficina de Recursos Humanos de la agencia se pronunció en contra de brindarle a los empleados la oportunidad de acogerse al Programa, bajo el argumento de que la movida no generaría los ahorros requeridos. Su razonamiento se basó en que todo el personal saliente tendría que ser reemplazado a través de nuevo reclutamiento, y así la dirección de ASEM se lo hizo saber a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Ante el inmovilismo, los empleados decidieron recurrir a la autogestión. Se organizaron en un grupo llamado “Reestructuración para todos”, compuesto por siete empleados provenientes de los diversas áreas de trabajo de ASEM. De esa manera, cada uno se dio a la tarea de estudiar el servicio que brinda su área y proponer alternativas de ahorro.
De ahí, surgió un autoestudio en contraposición a la postura oficial con el objetivo de lograr tener acceso al beneficio. El grupo llegó a la conclusión de que, con repensar la agencia, asumir posibilidades de movimiento de personal y subcontratar servicios, los ahorros eran posibles.
PLAN DE PAGO CON RETIRO. Pero no tan rápido. No bastará demostrar el futuro de ahorros si no se resuelve la deuda millonaria que tiene ASEM con los Sistemas de Retiro -la más alta entre todas las agencias-.
“Es injusto que no nos permitan irnos por el hecho de que una agencia tenga una deuda, porque ningún empleado le debe nada a Retiro. Nos aumentaron la aportación a un 10% y la estamos pagando obligatoriamente. Nosotros ni siquiera sabemos si vamos a tener pensión para el 2019. Estamos presos de un sistema y en el caso de nosotros, los empleados de ASEM, estamos presos de un sistema que es triplemente injusto porque si vamos a ver, los empleados públicos más sacrificados son los de la ley y los de la salud”, aseveró Mundo.
De acuerdo a la subadministradora de ASR, Natalia Palmer, la deuda actual suma $97,930,088.99. El monto responde a aportaciones patronales que nunca fueron remitidas a ASR, a leyes especiales que incrementan la aportación en ciertas instancias, y a los intereses que ha ido arrastrando la propia deuda.
Según la Ley de Prerretiro, “la agencia o municipio que desee participar del Programa deberá estar en cumplimiento con todos los pagos que le corresponda hacer a la ASR. De tener alguna deuda pendiente, la agencia o municipio tendrá que suscribir un acuerdo de pago conforme a los términos y condiciones que disponga dicha entidad y deberá contemplar dentro de su Plan, destinar no menos del veinticinco por ciento (25%) de su ahorro al pago de esa deuda”.
Palmer expresó a El Nuevo Día que su Administración aprobó un plan de pago que ya pasó por el cedazo de la Junta de Síndicos de ASR. De acuerdo a la subadministradora, el plan solo necesitaría la firma de ASEM para entrar en vigor y retirar dicha preocupación de la evaluación sobre si acogerse o no al programa de prerretiro voluntario.
Sin embargo, el actual director de ASEM, Jorge Matta González, quien solo lleva dos semanas en el puesto, admitió que el plan luce “difícil de cumplir” -aunque todavía está en el proceso de evaluación de la oferta-, ya que en cinco años, la agencia debería saldar la multimillonaria deuda.
A su vez, una empleada de ASEM que prefirió no divulgar su identidad, aseguró que en los últimos años ha habido un tranque con ASR para llegar a un consenso en cuanto al plan de pago. La fuente acuñó que las negociaciones de ASR se dan en un tono de “mala fe”, ya que un ejercicio somero basta para que se dude seriamente de poder cumplir en tan poco tiempo, sumando los altos intereses.
del salario de cada servidor público que se acoja.
La Ley del Programa de Prerretiro Voluntario dicta que “certificada la elegibilidad de los empleados, OGP solo aprobará la solicitud de determinar que ello representará un ahorro para la entidad gubernamental”.
De saque, la Oficina de Recursos Humanos de ASEM se pronunció en contra de permitir prerretirarse a los empleados que cumplían con los requisitos: contar con un mínimo de 20 años de servicio y haber comenzado a cotizar a Retiro previo al 1 de abril de 1990 sin solicitar reembolso.
Sin embargo, para los empleados, la decisión carecía de un estudio que la sustentara. Sentada a la mesa, con una paca de documentos en cuyas páginas corrían números, cálculos y desgloses de puestos laborales, Enilda Mundo señaló fallas en el ejercicio de Recursos Humanos.
“Nosotros entendemos que de primera intención, la Oficina de Recursos Humanos somete el estudio a OGP como que tiene que reclutar a todo el personal, lo cual no es correcto, porque falta esa otra parte de la reestructuración, de esa posible reingeniería, de ese análisis más profundo en cuanto a qué puestos tengo que cubrir y de cuáles puedo prescindir”, argumentó Mundo.
La ahora gerente administrativa tiene 55 años de edad, y ya alcanzó 30 años de servicio. Cumple los requisitos para prerretirarse, y ha asumido la tarea de organizar a sus compañeros y exigir acceso a la Ley amparados en los datos.
El grupo “Reestructuración para todos”, creado en acuerdo con el entonces director ejecutivo de ASEM, Irving Jiménez Narváez, aglomera empleados de siete áreas: de servicios quirúrgicos, del laboratorio clínico, del hospital de trauma, de la Sala de Emergencias, de los Sistemas de Informática, de Facturación y Cobros, y de Ingeniería y Conservación.
Cada uno se dio a la tarea de reunir datos extraoficiales, ya que carecían de la colaboración de la Oficina de Recursos Humanos. Los datos utilizados fueron obtenidos de los mismos empleados y también canalizados por gerentes de servicios.
“Entendemos que si se hace una reestructuración de los servicios, se mueve personal dentro de la misma agencia concienzudamente y con la buena voluntad de garantizar el servicio de excelencia, sí se le puede dar la oportunidad a estos empleados de tantos años de servicio a que puedan prerretirarse”, sostuvo.
Los empleados calcularon un ahorro mensual estimado de $188,715, o unos $2.3 millones el primer año. A través de una reestructuración de las áreas de trabajo y una contratación mínima de empleados para ofrecer servicios clínicos, estiman que podría reducirse a la mitad el pago de horas extras, por lo que culminaría en un ahorro aproximado de $11 millones en total en los primeros dos años.
“Las áreas sensitivas son las áreas clínicas donde está el personal de enfermería. Estos puestos se pueden subcontratar por servicios profesionales y no le tienes que pagar beneficio marginal. Actualmente lo están haciendo, han contratado todo tipo de personal profesional directo al paciente. No se han hecho reclutamientos”, explicó Mundo.
Incluso, en las profesiones más difíciles, los empleados están dispuestos a trabajar de seis a doce meses adicionales, tal cual provee la ley a los jefes de agencia para soltar a los prerretirados en puestos clave. A su juicio, eso brinda tiempo suficiente para que otro miembro del personal, “que tiene la Academia pero que lo que necesita es la capacitación”, pueda asumir el puesto a través de un traslado interno de la propia agencia.
Además, luego del segundo año, la agencia deja de pagar el beneficio de plan médico a los prerretirados, por lo que se calcula un ahorro aproximado de $1.3 millones. Con el retiro paulatino de empleados que cumplan los 61 años y pueden entrar de lleno en la jubilación, se estima que al quinto año, ya se esté ahorrando la agencia $9.1 millones anuales.
De acuerdo al director Matta González, todavía falta por terminar el proceso de análisis actuarial, pero por el momento, ha pedido copia del autoestudio y está trabajando de la mano con Recursos Humanos para obtener los datos y llegar a consenso.
Como director del Hospital Universitario, Matta González le solicitó al Departamento de Salud que no permitiera a sus empleados acogerse a prerretiro. “Es que había departamentos que desaparecían por completo. Habría que reclutar para cada puesto porque allá ya casi todas las áreas operan con el mínimo de personal requerido. Era mucho más difícil que en ASEM”, aseguró.
Para la asistente administrativa de 51 años de edad, Milagros Benítez, el tema ha cobrado vital importancia. “Tengo 32 años de servicio y ya yo me había programado. Cuando firmé contrato con la agencia, era para 30 años, y al cambiar la ley, me ha afectado mucho. Tendría que trabajar cuarenta y pico de años. Uno tenía unos planes, tengo un hijo con distrofia muscular que necesita mucho de mi ayuda”, compartió.
Cuando aprobaron la Ley de Prerretiro, vio “una luz al final del túnel”, pero la inconsistencia en la administración y la falta de seguridad le ha dejado el ánimo por el piso. Ahora el estudio autogestionado por los empleados le ha brindado esperanza.
“Que verifiquen bien ese estudio porque les va a generar ganancias y ahorros a la agencia. Se puede, yo soy asistente administrativa y muchas veces, hay dos o tres en una oficina. Solo habría que readiestrar... que nos den la oportunidad a los que cualificamos y nos permitan salir“, pidió.
Es injusto que no nos dejen ir por una deuda de la agencia. Nosotros no debemos nada” ENILDA MUNDO Gerente administrativa en ASEM
Debemos continuar el proceso sin que afecte los servicios ni sea una irresponsabilidad fiscal” JORGE MATTA SERRANO Director ejecutivo de ASEM