¿Será posible una sola agencia ambiental?
Durante la vista de confirmación de la secretaria designada del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) se debatió el conflicto de interés al nombrarla también Presidenta de la Junta de Calidad Ambiental (JCA). Este es un dilema que merece discusión y que no es necesariamente negativo si no se hace “con los pies”.
Como ambientalista, juntar ambas agencias es preocupante porque tal movida seguramente esconde una intención de reducir la protección ambiental y sobrepasar regulaciones en la aprobación de proyectos. Pero el conflicto de interés vendría porque ella sería Juez y parte en un mismo caso. Hay proyectos del DRNA, como el dragado del Caño Martín Peña, la canalización del Río Puerto Nuevo o La Plata que requieren el aval de la JCA.
Por otro lado, como alguien que trabajó en estas agencias, no me parece una mala idea si se reestructuran las agencias para evitar estos conflictos. Esta movida puede ser más cón- sona con nuestra realidad política y disminuir la cantidad de decisiones políticas, personales o corruptas en el ámbito ambiental si se extrae el poder cuasi-judicial de la JCA. Me explico:
Este poder se delega en la JCA, en su Junta de Gobierno, un cuerpo colegiado compuesto por tres miembros nombrados escalonadamente por el gobernador de turno para que, en teoría, un gobernador no controle a toda la Junta. En la práctica, los gobiernos ponen presión para cambiar a todos los miembros y, frecuentemente, los seleccionan más por afiliación política que por mérito. Esto contradice el fin para el que fue creada la JCA y desemboca en que las decisiones vengan “planchadas” y a veces hasta independientes de las recomendaciones del personal técnico. Aunque es entendible que hay dimensiones políticas que inciden en algunas decisiones, en mi experiencia, la independencia de criterio no se fomenta y hasta se penaliza.
Si uno estudia las decisiones de la JCA en las últimas décadas, muy rara vez existe una opinión de disidencia en las decisiones de su Junta de Gobierno. Rara vez convergen en estas juntas personas de diferentes agrupaciones políticas, pese a un periodo inicial de transición con cada cambio de administración.
Es por esta razón que sería más honesto quitar la Junta de Gobierno y poner la dirección ejecutiva y la parte técnica bajo el DRNA o en una estructura similar a la EPA federal. Las decisiones judiciales pueden quedarse en un tribunal administrativo o espe- cializado, fuera de estas agencias.
Más allá de ganar en eficiencia gubernamental, esto puede ayudar en otras formas. Por ejemplo, existen unas pocas rencillas entre áreas similares de ambas agencias, lo que obstaculiza la colaboración cuando una necesita el aval de la otra. Bajo una misma agencia esto disminuiría.
Otro aspecto positivo sería que el Cuerpo de Vigilantes del DRNA realizara inspecciones de impactos ambientales pues la JCA cuenta con muy pocos inspectores para el tamaño de la tarea y además los vigilantes pueden aplicar la ley de manera más contundente y utilizar armas de fuego.
Escribo estas ideas solo para esbozar algunas consideraciones de nombrarse una misma persona para puestos convergentes o si se piensa fusionar las agencias. Lo responsable sería que el gobierno convoque a la comunidad ambiental a dialogar y decidir cómo sería la mejor forma de hacerlo en vez de improvisar o hacerlo “con los pies”.