Cámara aprueba Ley de Emergencia
La medida debe ser considerada y aprobada hoy en el Senado
La Cámara de Representantes aprobó anoche a viva voz la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal” tras introducirle unas enmiendas para limitar los poderes que le conferiría al Ejecutivo y para aclarar que la Asamblea Legislativa no cederá ninguna de sus facultades para establecer política pública y supervisar las acciones que tome el Gobierno con relación a la emergencia fiscal.
El aval a la medida aún no era oficial, pues pasadas las 11:30 p.m., la pieza no había sido sometida a votación final.
El Proyecto de la Cámara 675 pasaría hoy mismo ante la consideración del Senado con la intención de que pueda cobrar fuerza de ley cuanto antes.
El presidente cameral, Carlos “Johny” Méndez, indicó temprano ayer que todas las enmiendas que le incluyó ese cuerpo legislativo fueron discutidas previamente con el Senado y La Fortaleza con tal de agilizar su trámite.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en tanto, anticipó que firmaría la pieza tan pronto llegara a su atención. JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL. La Asamblea Legislativa apresuró el trámite del proyecto justo en momentos en que los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se reúnen por segunda ocasión en la Isla. El encuentro se celebrará hoy a partir de las 8:30 a.m., en el Hotel El Conquistador, en Fajardo.
“Esta es una ley de cumplimiento, es una ley de pago, de garantizarle a la Junta de Control Fiscal que este gobierno vino a pagar sus obligaciones. Por eso, lo estamos poniendo en blanco y negro para que el gobernador se lo pueda presentar a la Junta de Control Fiscal de que aquí hay una nueva administración con intención de pagar y que va establecer los parámetros adecuados para efectuar los pagos”, indicó Méndez.
“Esta ley, contrario a la otra (Ley 21-2016 de moratoria) mantiene y deja claro en el texto que el último revisor de cualquier asunto relacionado con esta ley de cumplimiento es la Asamblea Legislativa. Nosotros no cedemos nuestras facultades ante el Poder Ejecutivo, y por eso lo estamos dejando claramente esbozado en el cuerpo de la ley”, enfatizó el líder cameral.
Durante la discusión ayer en la Cámara de Representantes, las minorías del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) criticaron fuertemente la medida por entender que confiere al primer ejecutivo vastas facultades en detrimento de los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa, y que da igual prioridad al pago de la deuda pública que al ofrecimiento de servicios esenciales.
No obstante, el representante novoprogresista Antonio Soto, presidente de la Comisión cameral de Hacienda, aseguró que las enmiendas que incluyó a la pieza subsanan las dudas respecto a la supuesta cesión de poderes por parte de la Rama Legislativa al Ejecutivo. ENMIENDAS AL TEXTO. Para atender esas inquietudes, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) introdujo nuevo lenguaje en varias disposiciones del proyecto para aclarar que los poderes adicionales que se le reconocen al gobernador para atender la emergencia fiscal no menoscabarán las facultades legislativas.
Las preocupaciones principales giraban en torno al inciso que permi- tiría al mandatario vender, alquilar,
“Existe el riesgo de que la intención de la Legislatura de conservar sus poderes se pierda” JESÚS SANTA Representante del PPD
“Este proyecto establece la base para poder ganar credibilidad” ANTONIO SOTO Representante del PNP
“Es un proyecto malo para el País, es malo para la gente” DENIS MÁRQUEZ Representante del PIP
traspasar o transferir los activos y obligaciones de una entidad dentro de la Rama Ejecutiva sin la intervención de la Legislatura, y la que igualmente le permitiría bajo las mismas circunstancias a las instrumentalidades gubernamentales tomar dinero en préstamo, y aprobar o desaprobar la emisión de obligaciones de deuda.
ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE. En aras de preservar las prerrogativas legislativas sobre esos asuntos, la Comisión de Hacienda estableció como enmienda que “estas acciones solo se podrán realizar sujeto al ordenamiento jurídico vigente”. No obstante, para el representante
Jesús Santa, portavoz del PPD en la comisión cameral, ese lenguaje resulta insuficiente, y se presta para múltiples interpretaciones.
Aún más, según planteó, porque el propio proyecto de ley contiene una cláusula de supremacía que establece que esa legislación prevalecería sobre cualquier otro estatuto vigente que contravenga sus disposiciones.
“El proyecto es salvable, no permitan que un problema, un tipo de situación, en un caso, un juez decida lo que ustedes hoy quieren que se haga. Nos tomamos el riesgo de delegar, sin querer, sin intención, los poderes que nos da la Constitución y que el País espera que protejamos desde la Legislatura”, dijo el representante popular.
Otro de los argumentos principales de la minoría del PPD en contra del proyecto de administración es que, según señalaron, restringe la definición de “servicios esenciales”. La pieza establece que serán aquellos dirigidos a proteger “la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico”.
En el artículo que se refiere a los servicios esenciales y las prioridades de pago, la medida dispone que durante el período de emergencia, el gobernador deberá pagar el servicio de la deuda en la medida que esos ofrecimientos esenciales hayan sido provistos o que “la JSF u otra junta creada bajo las leyes federales, así lo haya ordenado”.
Santa también censuró la inclusión de la JSF en las disposiciones del proyecto, pues entiende que le otorga al ente fiscal federal poderes adicionales a los que ya le reconoce la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
“La JSF está para supervisar, no para legislar”, subrayó.
El período de emergencia financiera que decretaría la ley se extiende hasta el próximo 1 de mayo, pero el gobernador podría extenderlo solo una vez por tres meses mediante Orden Ejecutiva.
La Ley 21-2016, que aprobó el gobierno de Alejandro García Padilla para establecer una moratoria en el pago de la deuda, fijaba el período de emergencia hasta el próximo 31 de enero.
La Cámara también incluyó enmiendas para impedir que el gobernador pueda redirigir al Fondo General recursos de fondos especiales, como el que se nutre del impuesto sobre las habitaciones de hotel o del impuesto sobre los derivados del petróleo.
También estableció que el primer ejecutivo podrá transferir los fondos asignados de un programa a otro dentro de una entidad gubernamental para utilizarlas según se necesiten, pero no podrá trastocar “la partida asignada al pago de nómina, costos relacionados y utilidades”.
Esa salvedad, según Soto, impediría que altere de alguna forma los salarios, las aportaciones al Sistema de Retiro y el pago por los servicios de energía eléctrica y agua potable.
“ENTREGA TOTAL”. El representante del PIP, Denis Márquez, criticó duramente la pieza porque, a su juicio, representa la “sumisión” y “entrega total” del Gobierno a la JSF y sus acreedores.
“No hay forma de negociar la deuda a menos que también se haga una evaluación de dicha deuda. Hay que reconocer que hay deuda ilegal, hay que reconocer actuaciones ilegales en muchos de esos procesos de otorgamiento de deuda y préstamos en Puerto Rico. Este proyecto reconoce la validez de toda esa deuda”, afirmó Márquez al recalcar que el PIP promueve el impacto total de las obligaciones del Gobierno.
ROSSELLÓ FIRMARÁ. Durante un acto oficial en una escuela en Vega Baja, Rosselló Nevares adelantó que firmaría el proyecto de ley tan pronto llegue a sus manos, y al ser cuestionado sobre los amplios poderes que le concedería la legislación, recalcó que la Legislatura procuraba atender esas preocupaciones mediante enmiendas.
También, insistió en marcar la diferencia entre el proyecto de su administración y la antigua Ley de Moratoria.
“En primer lugar, el proyecto es el proyecto de cumplimiento. Hemos hecho la diferencia entre el proyecto de la moratoria, que va hacia el impago y el proyecto que nosotros es- tamos preparando, que permite cuando los fondos estén disponibles hacer esos pagos, es un cambio de filosofía y paradigma significado. Así que esperamos que hoy (ayer) la Cámara tome una decisión en cuanto al proyecto, y el sábado (hoy) en algún momento el Senado pasará juicio sobre el mismo”, afirmó.
“Estoy convencido de que eso va a pasar. Se toma acción ahora en la Cámara de Representantes. Es una cuestión de calendario. Se están haciendo las cosas de la manera más ágil posible y yo estoy seguro que eso será tomado en consideración, tanto por la Junta como por todos aquellos que quieran aportar a Puerto Rico viendo que estamos tomando acción”, agregó Rosselló Nevares.
El mandatario rechazó que la nueva ley persiga conferirle facultades extraordinarias, que le permitirían gobernar mediante órdenes ejecutivas o vender activos del Estado sin pasar por el cedazo de la Legislatura.
“Hay una serie de enmiendas que se están estableciendo para clarificar eso, pero la verdad que el espíritu de la Ley no contiene nada de ello. Para apagar esas dudas, se está atendiendo ese asunto”, respondió a insistencias de la prensa.
La periodista Cynthia López Cabán colaboró con esta nota.