Cámara incluirá enmiendas al proyecto del empleador único
Algunos de los cambios buscan atender las preocupaciones del sector sindical
Ante las interrogantes planteadas en torno al concepto de “movilidad” que sirve de zapata al proyecto que establecería al Gobierno como empleador único, la Cámara de Representantes trabajaba ayer una serie de enmiendas para intentar darles mayores garantías a los trabajadores, como aclarar que, en primera instancia, ese mecanismo será voluntario.
La información salió a relucir ayer durante la vista pública que realizó la Comisión de Gobierno del Senado, que evalúa el proyecto de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, que también está ante la consideración de la Cámara de Representantes.
Será la Cámara el cuerpo legislativo que considerará la medida primero, y al cierre de esta edición, existía la posibilidad de que el Proyecto de la Cámara 454 fuera llevado a votación tarde anoche, luego de la consideración del proyecto sobre la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal”.
El representante Ángel Peña Ramírez, presidente de la Comisión cameral de Asuntos Laborales, confirmó a El Nuevo Día que se le incorporarían cambios a la legislación, pero la versión que analizó ayer el Senado no contenía esos ajustes.
Durante la vista senatorial ayer, Nydza Irizarry Algarín, directora de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH), indicó que el Ejecutivo no tiene mayores reparos sobre los cambios que se fraguan en la Cámara, y resaltó que muchos de ellos responden a las inquietudes y preocupaciones que han expresado representantes del movimiento sindical.
“Se aclara que la movilidad no podrá ser utilizada como medida disciplinaria, no podrá ser onerosa para el empleado, ni podrá hacerse arbitrariamente, y que, al realizarse la movilidad del empleado, el mismo no estará sujeto a un nuevo período probatorio, excepto cuando la transacción de personal represente un ascenso”, indicó Irizarry Algarín ante los miembros de la Comisión senatorial de Gobierno.
Irizarry Algarín apuntó que también se aclararía que, en términos de la movilidad, se “tendrán” que tomar en cuenta factores como la necesidad del servicio, la preparación y experiencia del empleado, sus años de servicio, su domicilio, el lugar geográfico de la prestación de servicios, los convenios colectivos, la disponibilidad del funcionario, entre otros criterios que se definirían luego mediante reglamento. El proyecto, según presentado por el Ejecutivo, dispone que el gobierno “podrá” tomar en consideración esos elementos.
Las enmiendas dispondrían que toda movida que se haga en incumplimiento de esa norma sería declarada nula.
La funcionaria precisó, además, que los cambios buscan que se reconozca “textualmente” en la pieza el derecho a la sindicación de los empleados públicos y el derecho a la negociación colectiva que les cobija conforme a la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público” (Ley 45-1998). ATENTOS A LAS APP. Igualmente, las enmiendas al proyecto de ley atenderían algunos aspectos sobre las condiciones a las que se exponen aquellos empleados que eventualmente pasen a laborar a una agencia bajo el modelo de alianza público-privada (APP). En específico, dijo la titular de la OCALARH, se dispondría que esos trabajadores mantendrían sus salarios y beneficios marginales, y no les aplicaría la recién aprobada reforma laboral, “salvo que el empleado llegue a otros acuerdos al momento de realizarse la movilidad”.
“Se tiene que garantizar que los empleados que pasan a las APP no les aplica la reforma laboral y que se garanticen sus beneficios marginales”, destacó, por su parte, el secretario designado del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Saavedra. No obstante, a preguntas del senador popular Aníbal José Torres, no pudo garantizar que, si caducaba el contrato de APP o si sufría un cambio, ese empleado tendría garantizado su puesto en el Gobierno.
En tanto, Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical, reiteró las objeciones del movimiento obrero en torno al sistema del empleador único, y vaticinó que propiciará el despido de empleados gubernamentales, aunque esta administración sostiene que la aprobación de la medida es indispensable para evitar que eso suceda.
“En lugar de aprobar esta legislación, proponemos crear un espacio para dialogar y negociar, entre todos los actores del sector público, las alternativas inteligentes para enfrentar la ley PROMESA y la realidad fiscal del País, que son las verdaderas razones para promover estas medidas en contra de los intereses de la clase trabajadora”, puntualizó Pedraza Leduc.
118 AGENCIAS Este es el número de entidades públicas que, según el Ejecutivo, existen hoy para ofrecer 340 servicios distintos a la ciudadanía.