JUNTA FISCAL REDOBLA ESFUERZOS CON LOS BONISTAS
El ente federal ha tenido múltiples reuniones con diversos acreedores, a modo de allanar el camino hacia una renegociación de la deuda Busca lograr acuerdos fuera de corte, pese a que tienen la facultad de invocar un proceso similar a la quiebra bajo el T
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sostenido al menos una decena de reuniones con diversos grupos de bonistas y con las aseguradoras municipales que garantizan parte de la deuda pública de la Isla, informó el organismo federal.
Los encuentros entre los directivos de la JSF y los distintos grupos de acreedores, han sido de carácter informativo, explicó el directivo José R. González, quien estableció diferencias entre el caso de Puerto Rico y la deuda de economías soberanas.
Según González, los acreedores muestran interés por llegar a acuerdos fuera de la corte. Ese es el caso de los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y aquellos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), quienes protagonizan una disputa legal contra el Gobierno desde la vigencia de PROMESA.
No obstante, González y el presidente de la JSF, José B. Carrión, indicaron que es prematuro conocer si el Gobierno y sus acreedores podrán ponerse de acuerdo.
González y Carrión hicieron sus expresiones al concluir la reunión pública del organismo efectuada el sábado pasado.
“Han sido reuniones, básicamente, no para negociar sino para escuchar las posiciones y las preocupaciones de los diferentes grupos de acreedores”, dijo González.
LO QUE TOCA A LOS BONISTAS. Hace unas dos semanas, la JSF pidió al Gobierno un plan fiscal con ajustes de $4,500 millones y estimó que al implementar dicho plan, podría haber unos $800 millones para el pago a bonistas. La cifra representa el 21% del pago anual que debe hacerse a los acreedores para el año 2019.
Aunque es incierta la quita que se pedirá ahora a los bonistas, la administración de Alejandro García Padilla buscó un recorte de 46% que fue rechazado por los acreedores.
“El propósito de llegar a esos cálculos, era para poder hacerle llegar al gobierno la necesidad de llegar a ciertos números. Todos esos temas (el servicio a la deuda que tendrá Puerto Rico) se estarían específicamente conversando con los acreedores a través del proceso de Título VI, pero aquí no hay un plan específico de qué le corresponde a quién”, dijo Carrión.
POR LA BUENAS, PRIMERO. En realidad, a la JSF no le queda otro camino que negociar de buena gana con los bonistas.
PROMESA exige a la JSF negociaciones voluntarias antes de invocar el Título III. Y para que un juez conceda ese remedio, Puerto Rico tendrá que cumplir con varios requisitos como haber encausado negociaciones “de buena fe”, divulgar la información financiera del deudor y que este no haya cumplido con el plan de pagos fruto de la negociación voluntaria.
En ese sentido, las disposiciones en PROMESA suponen que Puerto Rico recorra un camino que en el mundo de la deuda soberana no ha sido exitoso. Esto, según Martín Guzmán, académico en la Universidad de Columbia y la Universidad de Buenos Aires y quien junto al nóbel Joseph
Stiglitz ha estudiado el tema.
Según Guzmán, más de la mitad de las reestructuraciones de deuda voluntarias, efectuadas desde 1970 al presente, tuvieron que modificarse al cabo de cinco años porque los acuerdos fueron insuficientes.
AJUSTE “INAUDITO”. “La ley específicamente nos mandata, nos pide que tratemos de llegar a acuerdos consensuales, pero obviamente, tenemos la facultad, bajo el Título III, de imponer acuerdos no consensuales”, dijo González.
Acto seguido, González pidió “cuidado” al hacer analogías entre Puerto Rico y los casos de deuda soberana, pues estas se trafican en el mercado institucional internacional.
Puerto Rico levanta capital en el mercado doméstico estadounidense, o sea, mayormente inversionistas individuales, a través de fondos mutuos o directos, dijo González.
Si bien en tiempo reciente, la deuda de Puerto Rico fue comprada por fondos de cobertura de riesgo y especulativos, el también presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York explicó que el proceso que encause Puerto Rico debe considerar que acabada la renegociación, el Gobierno tendrá que tocar a la puerta de esos inversionistas para financiar su infraestructura en el futuro.
“El grueso de nuestra deuda todavía tiene las características muy típicas del mercado municipal y ese es un mercado, en el cual este tipo de ajuste realmente es bastante inaudito, no ha ocurrido en esta magnitud y en ningún lugar de los Estados Unidos”, dijo González al señalar que “si queremos continuar financiando nuestra infraestructura y nuestro crecimiento económico, es fundamental recuperar credibilidad y acceso al crédito en ese mercado”.
“La ley nos pide que tratemos de llegar a acuerdos consensuales, pero obviamente, tenemos la facultad, bajo el Título III, de imponer acuerdos no consensuales” José Ramón González Miembro de la Junta de Supervisión Fiscal