Vega Borges recibe contrato en el Senado
El exalcalde de Toa Baja, que renunció a la CEE en noviembre, ofrecerá consultoría administrativa
El exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, obtuvo un contrato con el Senado para ofrecer servicios de consultoría administrativa, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
El acuerdo de $18,000, que el también exlegislador firmó el pasado miércoles, estará vigente por seis meses, del 25 de enero al 30 de junio de este año, según los datos disponibles en la página electrónica de la OCPR.
El Nuevo Día intentó hablar con Vega Borges, pero este se negó a responder las preguntas de este diario sobre cuáles serán los servicios específicos que ofrecerá y para qué oficina o legislador trabajará.
Por su parte, Wanda Nazario, portavoz del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no había respondido al cierre de esta edición a una solicitud de este diario para obtener más información sobre el contrato con Vega Borges.
Antes de llegar al Senado, Vega Borges ocupó por cinco meses el cargo de comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a donde llegó luego de renunciar a su puesto como alcalde tras perder en las primarias del PNP.
La salida de Vega Borges de la CEE ocurrió luego de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanara la alcaldía de Toa Baja.
En aquel momento, el jefe del FBI en la Isla, Douglas Leff, confirmó que la investigación estaba vinculada al uso de fondos federales durante la administración de Vega Borges.
Hasta la fecha, no ha trascendido más información acerca de la pesquisa federal, que coincidió con manifestaciones de empleados municipa- les que llevaban semanas sin cobrar su salario.
Durante los 11 años que Vega Borges dirigió el ayuntamiento toabajeño, recibió múltiples señalamientos de la OCPR por déficits presupuestarios, deficiencias relacionadas con los comprobantes de desembolsos y sus justificaciones, contratación de obras sin obtener los permisos, atraso en el pago de deudas a agencias gubernamentales y privadas, gastos fuera de las normas de utilidad, entre otros.